Sesionará el Comité Contra la Tortura el 31 de octubre y el 1º de noviembre
Analizará instancia de la ONU la práctica de tortura en Guerrero
En informe previo, Tlachinollan señala que ese delito no está tipificado en el Código Penal local
El Comité Contra la Tortura (Cat) de la Organización de las Naciones Unidas analizará, durante la revisión periódica de los informes quinto y sexto del Estado mexicano, la persistencia de la tortura en Guerrero y la falta de tipificación de ese delito en el Código Penal de la entidad, así como el caso Ayotzinapa, como emblemático, a manos de personal de la Procuraduría General de Justicia, sin castigo.
La revisión de los informes se llevará a cabo el 31 de octubre y el 1 de noviembre en la sede de la ONU en Ginebra, Suiza, y previo a ello, el Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan elaboró y entregó el informe sobre la práctica de la tortura en Guerrero, que incluye la falta de tipificación del delito y, en consecuencia, la prácticamente inexistente investigación de éste a pesar de las últimas conclusiones y recomendaciones del Cat, que lo señaló como un tema de preocupación, en la cuarta revisión.
En el informe Tlachinollan especifica que en Guerrero sólo existe la tipificación en la ley creada por la Comisión de la Defensa de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero (Coddehum); sin embargo, como se establece no se ajusta a los estándares internacionales signados por México.
“Los agentes del Ministerio Público del fuero Ccomún que inician averiguaciones previas por actos presuntamente constitutivos de tortura desconocen en la práctica que dicho delito se encuentre tipificado en el estado, al no encontrarlo en el Código Penal. Por ello, aún hoy, dichas denuncias se encuadran respecto a figuras delictivas como el abuso de autoridad o las lesiones. En cuanto a los tratos crueles, éstos ni siquiera son mencionados en la ley”, expresa el informe.
Tlachinollan informó al Cat que en Guerrero, con una vasta historia en tortura y tratos crueles, no se ha consignado ninguna averiguación previa, ni se ha dictado una sola sentencia condenatoria, a pesar de que esa organización, mediante el Monitor Civil de las Fuerzas de Seguridad de La Montaña de Guerrero, ha documentado más de 60 actos de tortura y tratos crueles en los últimos tres años en esa región, principalmente contra personas indígenas.
En el informe, Tlachinollan expuso el caso de tortura del estudiante de la normal Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa a quien efectivos de la Policía Ministerial intentaron culpar del disparo de un arma Ak-47 tras el desalojo de la protesta estudiantil que derivó en tres muertes.
“Evidencia que la tortura se sigue empleando para obtener confesiones ilegítimas en casos de alto impacto; muestra la participación del Ministerio Público y la policía responsable de investigar los delitos en esta práctica; ilustra sobre el modo en que en estados como Guerrero las investigaciones no se inician por el delito de tortura”, se expresó.
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