Presentan apelación funcionarios y ex funcionario de la PGJE con formal prisión

Fijan criterios para compensar a afectados por el caso Ayotzinapa

En el Congreso, declaran testigos de Willy Reyes, acusado por López Rosas de matar al diputado 500

MARGENA DE LA O

Chilpancingo, 13 de marzo. El gobierno del estado indemnizará a los familiares de los normalistas de Ayotzinapa Gabriel Echeverría de Jesús y Jorge Alexis Herrera Pino, asesinados el 12 de diciembre en la autopista del Sol por policías, y a los 16 estudiantes que fueron encarcelados ese mismo día, informó la Comisión Civil de Interlocución.
Por otra parte, los funcionarios y ex funcionarios de la Procuraduría de Justicia a quienes se dictó auto de formal prisión por delitos contra la administración de justicia en el caso de los normalistas asesinados de Ayotzinapa, interpusieron un recurso de apelación en el Primer Tribunal Unitario del XXI Circuito.
Entre los promoventes se encuentran el ex subprocurador César de los Santos Mendoza, y el ex director de Averiguaciones Previas, José Vélez Zapata. Los delitos por los cuales fueron acusados por la Procuraduría General de la República no son considerados graves, por lo que podrían enfrentar el juicio en libertad.
Respecto de la indemnización, el catedrático de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG) Arturo Miranda Ramírez, único integrante del estado en la comisión, detalló que la reunión de hoy en Casa Guerrero, en que concretaron el acuerdo, fue encabezada por el presidente de Servicios y Asesoría por la Paz (Serapaz), Miguel Álvarez, del lado de Ayotzinapa y las familias de los normalistas asesinados, y Jesús Ernesto Aguirre (sobrino del gobernador Ángel Aguirre Rivero), del gobierno.
“El compromiso (de Ernesto Aguirre) fue que se va reparar el daño con criterios internacionales, relativo a los dos casos de los estudiantes muertos”, dijo sin precisar el monto de la indemnización. Se acordó publicar en el diario oficial del estado el acuerdo para ambos casos, mencionó Miranda.
En la reunión también “se hizo un recuento de los avances logrados a partir de la propuesta de la base estudiantil de la normal de Ayotzinapa, como la reanudación de clases, la designación del nuevo director, la entrega de recursos al comedor, la remodelación y reparación de las instalaciones de la escuela y las curaciones a los estudiantes que resultaron heridos durante el desalojo de la autopista”.
Miranda Ramírez agregó que seguirán las pláticas entre la comisión y el gobierno hasta agotar las demandas de los normalistas.
Del
diputado 500
“Justicia divina: con la vara que mides serás medido...”, dijo el alcalde de Tlapa, Willy Reyes Ramos, al referirse al ex procurador Alberto López Rosas y al caso Ayotzinapa, por el que ayer dictaron auto de formal prisión a cinco ex y actuales funcionarios de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE).
El alcalde de Tlapa estuvo en el Congreso local con sus abogados, encabezados por Xavier Olea, para acompañar a funcionarios del ayuntamiento y reporteros a comparecer ante la Comisión Instructora que determinará si procede o no el juicio desafuero que pidió la Procuraduría.
En total, fueron 11 los que colaboraron con Reyes Ramos al desahogo de pruebas: Claudia Reyes Reyes, Jorge Luis Estrada Rojas (titular de Obras Públicas en Tlapa), Germaín Rodríguez Jiménez (tesorero del ayuntamiento), Yoni Iván Cortez Rojas, Gaudencio Rodríguez Valencia (secretario particular del alcalde), Joel Ponce Torres, Rogelio Vázquez Moreno, Modesta Magdalena Pólito Alarcón, Eduardo Llanos Aguilar, Jackeline Pérez Sánchez (reportera) e Israel Millán Sánchez.
El desahogo de pruebas en favor de Reyes Ramos seguirá hasta mañana (miércoles), con las audiencias de habitantes de la comunidad de Tenango Tepexi, donde supuestamente estuvo de gira el alcalde el 3 de septiembre hasta después de las 5 de la tarde, día y hora que supuestamente dio la orden de asesinar al diputado federal Moisés Villanueva de la Luz.
Claudia Guzmán Sánchez, Petra Cruz Hernández, Gilberto Guzmán Cristóbal, José Macario Sierra, Guadalupe Guzmán Rivera, Tomás Bonifacio de la Luz, Joaquín Sánchez, y Mariana Rosales de la Luz, son los habitantes que comparecerán mañana.
El alcalde, en entrevista contestó que, más que desvalorar la veracidad y confiabilidad de las comparecencias de hoy, otorga contundencia que los colaboradores de su gobierno aportaran su versión sin titubeos, ni diferencias, entre uno y otro.
Aseguró que las audiencias de hoy de gente que lo conoce reafirman el montaje de la PGJE. Agregó que también tiene videos y fotografías del día que lo señalan: “creo que habrá una resolución a mi favor (de la Comisión Instructora)”.
Adelantó que exigirá al gobierno estatal reparación de daño moral y gastos por este asunto, entre los que incluirá los honorarios a los abogados, a quienes, aseguró, sólo pagó 300 mil pesos, porque el bufete de Xavier Olea es asesor jurídico del ayuntamiento, y cobran aparte por esos servicios.
De la situación de López Rosas por el caso Ayotzinapa, comentó: “lo único que puede decir es que existe justicia divina: con la vara que mides serás medido, no hagas lo que no quieres que te hagan”.
En su etapa de procurador, López Rosas solicitó juicio político contra Reyes Ramos.

http://www.lajornadaguerrero.com.mx/2012/03/14/index.php?section=sociedad&article=004n1soc