Difusión Cencos México D.F., 29 de noviembre de 2011
El 28 de noviembre de 2011, ambas mujeres Me’phaa presentaron su solicitud, dirigida al Ministro Presidente Juan Silva Meza.
Las señoras Rosendo Cantú y Fernández Ortega piden al Máximo Tribunal que siga el mismo procedimiento adoptado para el caso Radilla.
El análisis de ambos casos permitirá a la SCJN reiterar los estándares que deben guiar las investigaciones concernientes a la violencia de género.
El 28 de noviembre de 2011, fue entregada en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) una solicitud firmada por las señoras Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú, dirigida al Ministro Presidente Juan Silva Meza, mediante la cual ambas piden al Máximo Tribunal que ordene la creación de un expediente “Varios” para efecto de que el Pleno de ese órgano analice qué obligaciones surgen para el Poder Judicial de la Federación de las sentencias que dictó la Corte Interamericana de Derechos Humanos a favor de las dos mujeres indígenas guerrerenses.
Cabe recordar que el 1 de octubre de 2010, la Corte Interamericana notificó al Estado mexicano dos sentencias condenatorias por las violaciones a derechos humanos cometidas en perjuicio de Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú, encontrando plenamente probado que ambas fueron violadas sexualmente y torturadas por soldados mexicanos en hechos diversos ocurridos durante 2002. A más de un año de que fueran dictados los fallos, ambos permanecen incumplidos en la mayoría de los resolutivos sin que los trabajos coordinados por la Secretaría de Gobernación hayan producido resultados concretos.
Al dirigirse a la SCJN, Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú han pedido al Máximo Tribunal mexicano que lleve a cabo el mismo procedimiento que realizó frente al fallo “Rosendo Radilla”, mediante el cual la analizó, a través de una consulta interna realizada bajo la figura de un expediente “Varios”, las obligaciones impuestas al Poder Judicial de la Federación por la sentencia que en ese caso dictó la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En esa ocasión, como es del conocimiento público, una mayoría de Ministros y Ministras refrendaron que las sentencias de la Corte Interamericana son obligatorias para todo el Estado en su conjunto y, entre otras cosas, señalaron que de acuerdo con el nuevo artículo 1 constitucional las y los jueces mexicanos deben aplicar directamente las normas emanadas de la Convención Americana de Derechos Humanos.
En su solicitud, Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú destacan que la apertura de un expediente “Varios” relativo a sus casos, no sólo servirá a efectos de que sea reiterado ese importante criterio sino que también permitirá que la Suprema Corte de Justicia de la Nación estudie los parámetros que las sentencias del Tribunal Interamericano imponen respecto de la investigación y el juzgamiento de delitos vinculados con la violencia de género, particularmente en casos de agresiones sexuales. Tal análisis, destaca el escrito, resulta de primera importancia tanto para el avance de la plena garantía de los derechos de las mujeres en México, como para impulsar la propia búsqueda de justicia de Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú, pues las investigaciones iniciadas por sus denuncias permanecen hoy en día en la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra la Mujer y la Trata de Personas (FEVIMTRA) a cargo de Angélica Herrera Rivero, continúan sin presentar avances.
Las señoras Fernández Ortega y Rosendo Cantú han estado acompañadas de manera permanente por CEJIL, la Organización del Pueblo Indígena Mepha´a y el Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan”. Adicionalmente, dada la trascendencia de la solicitud, ésta se encuentra acompañada por connotadas organizaciones nacionales e internacionales, Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos (REDTDT), el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (CENTRO PRODH), el Grupo de Información y Reproducción Elegida (GIRE), Asociadas por lo Justo (JASS), la Organización de Litigio Estratégico de Derechos Humanos “Litiga OLE” y el Centro Regional de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón.
Presentada la solicitud, es de esperarse que un Ministro o Ministra haga suya la solicitud o bien que el propio Ministro Presidente ordene directamente la apertura del expediente “Varios”, para efecto de que en breve el Máximo Tribunal mexicano analice las obligaciones que debe cumplir frente a las sentencias que la Corte Interamericana dictó en los casos Fernández Ortega y Rosendo Cantú contra el Estado mexicano.
Tlapa de Comonfort, Guerrero.- 28 de noviembre de 2011
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