Aquí tenemos la esperada respuesta entre las manifestaciones sociales de hartazgo derivadas del estado de terror
La Ley de Seguridad Nacional se expresa como castigo al atrevimiento de haberle recordado a Felipe Calderón el diminuto criterio que, como presidente de facto, ejerce contra los enemigos que se ha inventado. Aprovechando la estructurada cacería de brujas (bajo la cual basta anteponer la palabra “narco” para justificar la persecución) La Ley de Seguridad Nacional se fragua bajo las manos protectoras del PAN y el PRI dentro de cinco comisiones, de las cuales sólo la de Defensa Nacional tendría facultades para aprobarla pues, como declaró Alfonso Navarrete Prida (PRI), de lo contrario “no sale”. En otras palabras, estamos presenciando otro albazo legislativo.
Claro que el PRI tiene su cuota de interés en su aprobación pues el amago del que es “víctima” radica en la publicación de “expedientes negros” de los gobernadores de ese partido que mantienen colaboración directa con el crimen organizado (según asienta el reportaje de la revista Proceso no. 1799). Como si no lo supiéramos.
En paralelo, la Ley de Seguridad Nacional pretende, en resumen, la legalización de las recurrentes violaciones a los derechos humanos a manos del ejército, marina y policía. Abusos tales como allanamiento, secuestro, tortura, espionaje y demás prácticas que ya se comenten dentro de la ilegalidad so pretexto de la “guerra” contra el narco.
Pero en realidad esta ley trata de de someter a los opositores del estado, sobre todo de aquellos que no están armados, pues concentra su estrategia en la represión de manifestaciones sociales, las cuales han sido catalogadas dentro del concepto de “amenaza a la seguridad nacional”. Si se logra su aprobación, todo conflicto civil no armado podrá ser aplastado mediante el uso del ejército con sólo una orden de un gobernador, del “presidente”, que vea afectados los intereses suyos o de sus patrones capitalistas.
Por ejemplo: de ocurrir una huelga que orille a los trabajadores a tomar las instalaciones de equis empresa para presionar al patrón para cumplir las demandas laborales, pero el propietario de dicha empresa resulta ser amigo, o peor, patrocinador, del equis gobernador, este podría solicitar la intervención del ejército para disolver un problema que es del ámbito puramente civil. El sueño dorado de los caciques que gobiernan al interior del la república.
Ahora, ¿Dónde queda el narco en todo esto? En ningún lugar, el narco no tiene cabida en esta ley ni es la intención de Felipe Calderón afectar los intereses de los cárteles de la droga. La Ley de Seguridad Nacional no contempla a la Corrupción dentro del catálogo de amenazas a la seguridad aún cuando esta es el sistema nervioso del crimen organizado. Tampoco propone cambio alguno a las leyes hacendarias para detener el lavado de dinero. Es decir, al narco le tiene sin cuidado. Esta ley es la expresión máxima del riesgo que el gobierno de facto siente sobre sí ante la creciente disidencia que, en efecto, amenaza con su permanencia.
En esta Guerra Preventiva, Felipe Calderón propone obligar a los ciudadanos a cooperar en investigaciones judiciales y militares y de no hacerlo se corren el riesgo de ser acusados con el nuevo delito de “Facilitación Criminal”, sea el ciudadano culpable o no. Esta ley se aplicará de forma discrecional, sustentada en subjetivismos y en la carencia de hechos verificables. Una ley diseñada para no levantar actas pero sí a cuanta persona que no sea del agrado del poder.
Lejos quedó el discurso previo en el que Calderón demandaba la “profesionalización” de los cuerpos de seguridad estatales. Queda claro que, por lo frugal de su salmodia al respecto, dicha demanda no era ni prioridad ni de honesta intención.
En efecto, nosotros pedimos Ya Basta de Sangre y la respuesta fue expedita, aunque no fue lo que esperábamos. Calderón, en su locura, hace patente su “Ya Basta” particular, expresada en forma brutal, demagoga y con un previsible aumento de víctimas mortales en aras de su trauma ocasionado por su nula legitimidad.
Comentarios: immorfo@gmail.com
Twitter @Morf0
La Ley de Seguridad Nacional se expresa como castigo al atrevimiento de haberle recordado a Felipe Calderón el diminuto criterio que, como presidente de facto, ejerce contra los enemigos que se ha inventado. Aprovechando la estructurada cacería de brujas (bajo la cual basta anteponer la palabra “narco” para justificar la persecución) La Ley de Seguridad Nacional se fragua bajo las manos protectoras del PAN y el PRI dentro de cinco comisiones, de las cuales sólo la de Defensa Nacional tendría facultades para aprobarla pues, como declaró Alfonso Navarrete Prida (PRI), de lo contrario “no sale”. En otras palabras, estamos presenciando otro albazo legislativo.
Claro que el PRI tiene su cuota de interés en su aprobación pues el amago del que es “víctima” radica en la publicación de “expedientes negros” de los gobernadores de ese partido que mantienen colaboración directa con el crimen organizado (según asienta el reportaje de la revista Proceso no. 1799). Como si no lo supiéramos.
En paralelo, la Ley de Seguridad Nacional pretende, en resumen, la legalización de las recurrentes violaciones a los derechos humanos a manos del ejército, marina y policía. Abusos tales como allanamiento, secuestro, tortura, espionaje y demás prácticas que ya se comenten dentro de la ilegalidad so pretexto de la “guerra” contra el narco.
Pero en realidad esta ley trata de de someter a los opositores del estado, sobre todo de aquellos que no están armados, pues concentra su estrategia en la represión de manifestaciones sociales, las cuales han sido catalogadas dentro del concepto de “amenaza a la seguridad nacional”. Si se logra su aprobación, todo conflicto civil no armado podrá ser aplastado mediante el uso del ejército con sólo una orden de un gobernador, del “presidente”, que vea afectados los intereses suyos o de sus patrones capitalistas.
Por ejemplo: de ocurrir una huelga que orille a los trabajadores a tomar las instalaciones de equis empresa para presionar al patrón para cumplir las demandas laborales, pero el propietario de dicha empresa resulta ser amigo, o peor, patrocinador, del equis gobernador, este podría solicitar la intervención del ejército para disolver un problema que es del ámbito puramente civil. El sueño dorado de los caciques que gobiernan al interior del la república.
Ahora, ¿Dónde queda el narco en todo esto? En ningún lugar, el narco no tiene cabida en esta ley ni es la intención de Felipe Calderón afectar los intereses de los cárteles de la droga. La Ley de Seguridad Nacional no contempla a la Corrupción dentro del catálogo de amenazas a la seguridad aún cuando esta es el sistema nervioso del crimen organizado. Tampoco propone cambio alguno a las leyes hacendarias para detener el lavado de dinero. Es decir, al narco le tiene sin cuidado. Esta ley es la expresión máxima del riesgo que el gobierno de facto siente sobre sí ante la creciente disidencia que, en efecto, amenaza con su permanencia.
En esta Guerra Preventiva, Felipe Calderón propone obligar a los ciudadanos a cooperar en investigaciones judiciales y militares y de no hacerlo se corren el riesgo de ser acusados con el nuevo delito de “Facilitación Criminal”, sea el ciudadano culpable o no. Esta ley se aplicará de forma discrecional, sustentada en subjetivismos y en la carencia de hechos verificables. Una ley diseñada para no levantar actas pero sí a cuanta persona que no sea del agrado del poder.
Lejos quedó el discurso previo en el que Calderón demandaba la “profesionalización” de los cuerpos de seguridad estatales. Queda claro que, por lo frugal de su salmodia al respecto, dicha demanda no era ni prioridad ni de honesta intención.
En efecto, nosotros pedimos Ya Basta de Sangre y la respuesta fue expedita, aunque no fue lo que esperábamos. Calderón, en su locura, hace patente su “Ya Basta” particular, expresada en forma brutal, demagoga y con un previsible aumento de víctimas mortales en aras de su trauma ocasionado por su nula legitimidad.
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