ERPI: la masacre de El Charco y el asesinato de Chavarría, impunes “crímenes de Estado”

ERPI: la masacre de El Charco y el asesinato de Chavarría, impunes “crímenes de Estado”


Zacarías Cervantes

Chilpancingo

El Comité Estatal en Guerrero del Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI), convocó ayer al pueblo de Guerrero a asumir la autodefensa “en todas sus formas”, a 12 años de la masacre de El Charco, municipio de Ayutla, así como por la criminalización de la lucha social, las ejecuciones políticas, la militarización y la persecución a la prensa crítica.
El grupo armado envió ayer un comunicado para recordar los sucesos de aquella comunidad indígena de Ayutla, mediante el cual exige que sean castigados los responsables de esa matanza.
Y es que este 7 de junio se cumplen 12 años de la masacre de El Charco donde por la noche del 6 y la madrugada del 7 fueron asesinados por el Ejército Federal siete civiles desarmados “y cuatro combatientes nuestros, incluido el compañero Capitán José”, señala el texto del Comité Estatal Guerrero del ERPI.
“La saña y alevosía con la que fueron asesinados campesinos desarmados y rendidos en la cancha de la escuela de la localidad se repite a diario en todo el país”, denuncia el grupo armado, y agrega que la masacre “fue un crimen de Estado y como tal tiende a quedar en la impunidad”.
El ERPI acusa, asimismo, que a ese “genocdio” se suman en Ayutla más de 20 asesinatos de líderes comunitarios y luchadores sociales, “perpetrados por comandos militares y bandas paramilitares entrenadas, financiadas y armadas por el Ejército Mexicano y los tres niveles de gobierno”.
Entre éstos señala los casos de tortura y asesinato de Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas ocurridos en febrero de 2009.
El grupo armado denuncia también la criminalización de la lucha social, el hostigamiento a la prensa crítica, y cita como un caso al periódico El Sur. También señala el asesinato de  militantes perredistas, en particular el del diputado Armando Chavarría, el control del PRD estatal en manos del Cisen, la descalificación y acoso a las organizaciones defensoras de derechos humanos, como el caso Tlachinollan, el terror social generado por la delincuencia organizada y los cuerpos de seguridad”.
Así como el uso de los medios de comunicación electrónicos contra la lucha social, que conducen al cierre de espacios para la lucha legal.
La dirigencia del ERPI considera que lo anterior “es parte de una política de contrainsurgencia orquestada, planificada y dirigida desde las más altas esferas del poder en México”.
Indica que ello es con el objetivo de impedir cualquier cambio social en el país, ya sea por vías pacíficas o violentas.
“Esta política fascista cree ver en todos los críticos del sistema, en el indígena que se organiza, en el estudiante que se moviliza, en el campesino que protesta y hasta al militante perredista crítico, a un enemigo. Y como tal los trata”, denuncia el grupo armado.
Agrega que la masacre de El Charco, los asesinatos de decenas de líderes sociales y políticos de Ayutla, así como el asesinato de Armando Chavarría Barrera y otros líderes políticos son crímenes de estado. “Y como tal el régimen nunca hará justicia. La justicia, la democracia  y la libertad sólo serán posibles con la construcción del poder popular  y el cambio de régimen en México”, subraya. 

http://www.suracapulco.com.mx/nota1e.php?id_nota=81733