Denuncian guerra de baja intensidad contra organizaciones sociales en zonas indígenas

Denuncian guerra de baja intensidad contra organizaciones sociales en zonas indígenas


Daniel Velázquez

El Estado mantiene una guerra de baja intensidad en las zonas indígenas para debilitar a los movimientos sociales que luchan por la reivindicación de sus derechos expresaron ayer representantes de organismos defensores de derechos humanos en la presentación del libro Tortura, Pensamiento y Acción del Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad.
Entre los ejemplos que se presentaron como víctimas de esa guerra de baja intensidad son la región de Ayutla en la Costa Chica y La Montaña, el Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa La Parota.
Entre las acciones que mencionaron que lleva a cabo el Estado para minar la defensa de los pueblos están la persecución, el encarcelamiento y las operaciones militares en las zonas.
El coordinador de la oficina del Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad, Raymundo Díaz Taboada, señaló que en esta guerra de baja intensidad que lleva a cabo el Estado “el enemigo es la gente”.
“Para los policías, militares, paramilitares todos los que estamos aquí, y no estamos uniformados y no somos barberos del gobierno, todos somos enemigos para ellos, aunque no hagamos nada”, dijo.
En el caso de Ayutla dijo que se mantiene “una guerra de desgaste integral” y por eso los pueblos indígenas de ese municipio están sometidos a una “estrategia militar de exterminio”, mientras que en los pueblos indígenas de La Montaña la estrategia es el nulo desarrollo, “no hay desarrollo social, no hay respeto a la salud, no hay ejercicio de los derechos fundamentales económicos, sociales, culturales y ambientales”.
Añadió además de que el Estado hace una guerra psicológica en la que “atiborran” de información a los ciudadanos y expresan discursos triunfalistas y distraen la atención de los “elementos principales”.
Las manifestaciones por falta de agua, vivienda, inundaciones, inseguridad son ejemplos de que el gobierno no cumple con su labor de propiciar condiciones de vida digna para los ciudadanos, pero en respuesta las manifestaciones sufren represión.
“Se persigue a los líderes, a las organizaciones y se criminaliza a las organizaciones”, señaló.
En su intervención el coordinador jurídico del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Vidulfo Rosales Sierra, señaló que las denuncias por tortura no son investigadas de manera diligente y que hay demora en las averiguaciones o las autoridades no son competentes para esclarecer esos casos.
Indicó que cuando se denuncia a un militar los casos se remiten a esas instituciones y con eso se “rompe” la garantía de un juez imparcial porque la autoridad que juzgará el caso no será imparcial. “El mismo agente activo del delito no se va a investigar a si mismo”, dijo.
Exigió que el Estado mexicano cumpla con las disposiciones de los tratados internacionales para que se investiguen los casos de tortura.
En el caso de la guerra de baja intensidad, señaló que el Estado la hace de manera “subrepticia y gradual para ir minando la organización de una comunidad”.
Indicó que el entrar a la comunidad con operaciones militares, destruir siembras, detener a un campesino, ir al arroyo donde lavan la ropa las mujeres, todas esas son acciones de una guerra de baja intensidad.
“Todos esos actos pequeñitos que van a afectando a la comunidad forman parte de la guerra de baja intensidad”, señaló.
En la ronda de preguntas y respuestas también se abordó el tema de la violencia producto de la guerra contra el narcotráfico, ahí Vidulfo Rosales dijo que no se consideran como crímenes de lesa humanidad pero que el estado debe aclarar y no dejar de lado.
“No nos podemos quedar escépticos ante una serie de asesinatos que se están llevando a cabo día con día, no podemos acostumbrarnos a mirar descabezados cada semana por todas partes de nuestro estado”, dijo.
Añadió que el monopolio de la violencia legítima que ejerce el Estado ha sido rebasada por la violencia del crimen organizado.
Díaz Taboada añadió además que los homicidios registrados a partir de que incrementó la violencia en el país deben de investigarse porque, esa ola de violencia se aprovechó para cometer esos delitos.
Agregó que las denuncias anónimas en las que se basan el Ejército y la Marina para justificar sus operaciones militares son una medida que hace que todos los ciudadanos sean sospechosos y que se desconfíe de la gente que está a nuestro alrededor.
Por su parte el secretario técnico de la red de Organismos Civiles de Derechos Humanos del estado de Guerrero Manuel Olivares señaló que fue el gobierno de México quien auspició la siembra de droga para tener un motivo para militarizar las regiones del país. 

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