Allanan y roban las instalaciones de Contralínea
Este fin de semana fueron nuevamente allanadas
las instalaciones de la revista Contralínea,
ubicadas en la avenida Balderas, 33, delegación Cuauhtémoc del Distrito Federal.
Esta vez, los delincuentes violentaron las puertas de acceso de todas las
oficinas de las áreas editorial y administrativa, sustrajeron documentación
contable y expedientes periodísticos, equipo de cómputo, celulares, chequeras y
diversos objetos de valor, así como actas constitutivas de la empresa que edita
Contralínea. El inventario de lo
sustraído aún no se concluye.
Los hechos se denunciaron la mañana del 12 de
abril ante la
Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF),
en la Agencia Investigadora
El robo a las instalaciones de Contralínea se suma a la serie de acosos
que los periodistas de este medio de comunicación han padecido desde 2007,
derivadas de su ejercicio profesional, acoso y agravios que incluyen el
allanamiento a sus instalaciones en tres ocasiones (entre 2007 y 2009), y el
arresto de su director, Miguel Badillo Cruz, el 16 de enero de 2009, y la orden
de arresto contra la reportera Ana Lilia Pérez.
Actualmente, los periodistas de este medio de
comunicación tienen medidas cautelares dictadas por la Comisión Nacional
de los Derechos Humanos (CNDH) y medidas precautorias dictadas por la Comisión de Derechos
Humanos del Distrito Federal.
Desde 2007 este medio informativo ha recibido
amenazas de muerte e intimidaciones por parte de corporativos privados
contratistas de Petróleos Mexicanos como Zeta Gas, Oceanografía y Blue Marine.
Estas compañías mantienen seis demandas civiles y una penal contra Miguel
Badillo, Ana Lilia Pérez, Nancy Flores y Jorge Meléndez.
El más reciente allanamiento y robo en agravio de
la revista Contralínea se registra a
siete meses de que la CNDH
emitiera la recomendación 57/2009 –el 14 de septiembre de 2009–, en la cual
determinó que los poderes federales Ejecutivo y Judicial violaron los derechos
humanos de los reporteros de la publicación.
En la inédita recomendación –“sobre el caso de
los señores Miguel Badillo, Ana Lilia Pérez e integrantes de la revista Contralínea”– se acreditaron como formas
de censura la judicialización de la libertad de expresión y el veto
publicitario. Dicha recomendación fue dirigida al magistrado Celso Rodríguez
González, presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, y
a Juan José Suárez Coppel, director general de Petróleos Mexicanos.
De acuerdo con la CNDH , fueron violados “los
derechos humanos a la igualdad y a la libertad de expresión, previstos en los
artículos primero, párrafo tercero; sexto, párrafo primero; séptimo, párrafo
primero, y 134, párrafos primero, séptimo y noveno, de la Constitución ; 2.1,
26, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 2.2, del Pacto
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; 24 de la Convención Americana
sobre Derechos Humanos, y 1, 2.1, 2.2 y 7, de la Declaración Universal
de Derechos Humanos”.
Además de la denuncia ante la PGJDF , Contralínea ha dado vista de hechos al relator especial para la Libertad de Expresión de la Organización de la Naciones Unidas y
a la relatora especial para la
Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos. También solicitará a la Corte Interamericana
de Derechos Humanos medidas cautelares.
Los periodistas de Contralínea exigen al gobierno federal de Felipe Calderón Hinojosa
y a la administración local de Marcelo Ebrard Casaubón el esclarecimiento de estos hechos violentos así
como la sanción a los responsables de los mismos.
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