Piden una señal de voluntad política para frenar violación a DH

Por Paulina Rivas Ayala

México, DF, 12 feb.10 (CIMAC).- Organismos defensores de los Derechos Humanos analizan programas colombianos exitosos de protección para definir un mecanismo que salvaguarde en México la labor de los periodistas y las defensoras y defensores de derechos humanos.

En el Centro Cultural Universitario de Tlatelolco en el foro denominado “Hacia un mecanismo de protección de periodistas y personas defensoras de derechos humanos”, se destacó el clima de impunidad que prevalece en México ante los casos denunciados

Agnieszka Raczynska, defensora integrante de la Red Nacional de organismos Civiles de Derechos Humanos, Todos los Derechos para Todas y Todos, sostuvo que el contexto mexicano es desalentador, pues a pesar de sus obligaciones internacionales, el Estado mexicano sigue sin investigar los casos de agresiones, y sin sancionar a los responsables.

Añadió que las y los defensores son criminalizados por ejercer el derecho a la protesta y son “blanco de ataques, agresiones, amenazas, hostigamiento y asesinatos”.

Estos actos no son sólo un asunto de seguridad sino de violencia institucional y la falta de una política pública de promoción y protección a esta labor como lo han documentado organizaciones como Amnistía Internacional (AI), Human Rigths Wath (HRW), y la misma ONU.

Una prueba de la violencia contra el derecho a la protesta social es el reciente asesinato de la activista Josefina Reyes Salazar, quien conjuntamente con Cipriana Jurado, denunciaron casos de violencia militar a partir de la entrada del Ejército en el norte del país. La activista Jurado Herrera, hoy se encuentra en peligro de muerte, y pese a las reiteradas solicitudes de medidas cautelares a la Segob, ésta no ha dado respuesta. (Cimacnoticias, 13-01-10).

Otro ejemplo, son las amenazas que viven organizaciones como “Justicia para Nuestras Hijas” y “Nuestras Hijas de Regreso a Casa” por documentar el feminicidio en Ciudad Juárez, o el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan en Guerrero por denuncias internacionales de violaciones sexuales de militares contra mujeres indígenas.

En su oportunidad, Darío Ramírez Salazar, director de la Oficina para México y Centroamérica de Article 19, organización independiente de derechos humanos, demandó “una señal clara de voluntad política para llevar a cabo las operaciones necesarias” en materia de libertad de expresión y derechos humanos en el país.

Externó su deseo para que este diálogo siente las bases de una respuesta de Estado “concreta y conforme a la realidad de esta grave problemática” a la que se enfrentan los activistas.

FUNCIONARIOS PARA LA FOTO

Aunque al foro asistió el jefe de la Unidad para la Promoción y defensa de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, José Guevara, a pregunta expresa sobre la falta de respuesta de esa dependencia para la protección de la activista Cipriana Jurado Herrera, el funcionario se excusó y dijo que cualquier entrevista tendría que ser solicitada con su jefe de Comunicación Social.

El foro fue organizado por la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos en México de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y la Secretaría de Gobernación (Segob).

Los trabajos concluyen hoy por la tarde con la participación de Alberto Brunori, representante de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos en México.

10/PRA/LR/LGL