EDITORIAL
UNA CONDENA INÉDITA
El Estado mexicano fue declarado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos como culpable por la desaparición forzada de Rosendo Radilla Pacheco, corridista y simpatizante del movimiento guerrillero de Lucio Cabañas, detenido en un retén militar en Atoyac el 25 de agosto de 1974 sin que se le volviera a ver jamás.
En un hecho sin precedentes el tribunal internacional condenó además al Estado a realizar un acto público donde reconozca su responsabilidad en este caso, a llevar a cabo una búsqueda hasta encontrarlo a él o a sus restos mortales, a indemnizar a los familiares y a publicar una semblanza de la víctima.
Lo relevante de este caso sin embargo, es que abre la puerta para revisar las alrededor de 600 desapariciones de guerrerenses ocurridas durante la operación contrainsurgente conocida como la guerra sucia, de los cuales, la Comisión Nacional de Derechos Humanos documentó arriba de 200 a principios de la actual década.
Entre 1970 y 1980, en la región de Atoyac se registró el movimiento guerrillero de Lucio Cabañas y una incursión militar de gran envergadura que implicó el sitio a poblados y del cual se registran testimonios, como en Los Piloncillos, donde los habitantes fueron ejecutados en la plaza pública y otros que fueron arrojados desde helicópteros hacia el mar.
La búsqueda de Rosendo Radilla llevada a cabo de manera persistente por sus hijos Tita, Andrea y Rosendo, demostró con la sentencia dada a conocer ayer –si bien fue formulada desde el 23 de noviembre– que la lucha por los desaparecidos tuvo sentido y sienta el precedente inclusive para aquellos familiares que han optado por la indemización como mecanismo para el cierre de este episodio aciago.
Al reconocer su responsabilidad en este caso, el Estado implícitamente estará reconociendo la existencia de la guerra sucia, pues si bien el de Rosendo es el único caso que se ha podido documentar y llevar hasta los tribunales internacionales, existen pendientes todos los que por alguna razón, habiéndose documentado, se han quedado a mitad del camino en el proceso judicial, pero no por ello están extintos.
Por eso hay razones para ver con optimismo la sentencia y la aceptación que de ella ha hecho ya el gobierno mexicano: es un paso para frenar la impunidad.
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