Comunicado por el día internacional de los derechos humanos

Hercilia Castro y Javier Monroy.

Cuando en 1948 se realizó la Declaración Universal de Derechos Humanos, fundamentados en la protección de la vida y la dignidad de los seres humanos, los Estados que la firmaron y respaldaron, se comprometieron a asegurar el respeto universal y efectivo de los mismos, aceptando que el cumplimiento de dicho compromiso representa la parte más importante de la Declaración. Hoy en día, 61 años después, en el caso mexicano, podemos afirmar que el compromiso más que incumplido ha sido roto.

La pobreza y marginación ancestral en que viven millones de mexicanas y mexicanos desde hace siglos, es el resultado de la depredación que han realizado en México políticos, empresarios, religiosos y quienes supuestamente se encargan de velar por la paz, la seguridad y la justicia nacional. Guerrero, al lado de Chiapas y Oaxaca, concentra el mayor número de población indígena del país, no es un hecho casual que sea justo en las regiones montañosas donde estos grupos han logrado encontrar refugio y sobrevivir, pues a la par de políticas de despojo de tierras, explotación y esclavismo, ha existido durante siglos una persecución violenta con el objetivo único de desaparecer a ese sector de la población que sigue resistiendo los cada vez más feroces y sofisticados mecanismos de aniquilamiento. El panorama es aún más vergonzoso cuando los gobiernos que se suceden utilizan el discurso de igualdad, democracia y legalidad para acceder al poder mediante promesas de desarrollo que luego son incumplidas cínicamente cancelando además cualquier posibilidad de diálogo entre los engañados y quien les engañó.

Más triste se vuelve el escenario si hablamos de la violencia en que millones de mujeres están obligadas a vivir, violencia desde las instituciones, legislaciones, planes y políticas públicas, pero también expresada y reproducida en los hogares que debieran representar el refugio máximo de un ser humano, la cultura machista y patriarcal mantiene a las mujeres prácticamente en un secuestro de sus libertades donde su cuerpo a veces les significa una prisión en que se les castiga.

Los recientes informes de organismos locales, nacionales e internacionales en materia de derechos humanos en Guerrero y México, son una muestra clara de la ineficacia del modelo de desarrollo que se ha impuesto ignorando las prioridades nacionales y dejando de lado las necesidades fundamentales de millones de personas en beneficio de pequeños grupos y el capital extranjero. Aunado a lo anterior, la enorme mentira de la Guerra contra el narcotráfico, ha permitido a las fuerzas castrenses hacer a todas luces lo que antes realizaban en la clandestinidad, abusos de poder y crímenes atroces se han revestido de impunidad por décadas y actualmente utilizando al sistema de procuración e impartición de justicia como una marioneta manipulada desde el poder en contra de la sociedad. Es indignante saber que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de los 7 casos contra México iniciados en los últimos dos años, juzgue cinco provenientes de Guerrero y todos ellos relacionados con militares, casos que al no encontrar justicia en nuestro país han debido ser expuestos al escrutinio internacional, perpetuando así un círculo vicioso de venganza con el que el Estado mexicano intimida, hostiga y reprime a quienes claman por justicia.

La criminalización de la protesta social, es un método de solución cada vez más utilizado por el gobierno de México y el de Guerrero ante su incapacidad de hacer frente a las fallas estructurales que obligan a las personas a protestar cuando sus derechos humanos son violados. El desprestigio social apoyado en medios de comunicación comerciales y manipulables, forma también parte de este esquema de criminalización mediante el cual han sido encarcelados durante décadas cientos de compañeras y compañeros que se dedican a la construcción de un México justo, libre e incluyente. Hoy, al cumplirse 11 años de la Declaración que protege el derecho a defender los derechos humanos, afirmamos con preocupación que no existen en México garantías para ejercerlo sin que la vida de las defensoras y defensores esté en riesgo permanente.
Por todo lo anterior, las organizaciones promotoras y defensoras de los derechos humanos en el estado de Guerrero DEMANDAMOS:

1. Libertad a los presos políticos de Guerrero y México
2. Castigo a los militares que han violado los derechos humanos.
3. Desaparición del fuero militar.
4. Regreso de los militares a sus cuarteles.
5. Presentación con vida de todas y todos los desaparecidos.
6. Promulgación de una ley que proteja a las y los defensores de derechos humanos.
7. Solución a las demandas económicas y sociales del pueblo de Guerrero.
8. Respeto a los medios de comunicación alternativos como Radio Ñomndaa, “la palabra del agua”
9. Solución justa al problema de Tlapa y Tierra Colorada y al conflicto de de Alacatlatzala.
10. Reconocimiento al comisariado de los bienes comunales de Cacahuatepec.
11. Mayor atención al campo.
12. Seguridad en las comunidades de la sierra.
13. Alto al ecocidio provocado por las grandes empresas turísticas y transnacionales: Cómo ejemplo está la situación del complejo turístico Punta del Mar en Zihuatanejo, donde las demandas de la ciudadanía son solo el retiro de las aguas residuales que llegan directo a la bahía, retiro del espigón de Puerto Mío, conservación de la Laguna de las Salinas cómo área natural protegida, alto a los asentamientos humanos en la periferia; alto a las concesiones otorgadas con corrupción a muelles de empresas particulares que solo buscan privatizar, Pichilingue Member´s deck, jar state en Playa Icacos,en Acapulco siendo que aparte del ecocidio es una violación a los derechos ambientales , a lo cual éstos desarrollos solo causan conflictos sociales que lejos de ayudar a la economía de las comunidades costeras de vocación pesquero ribereñas las dejan en total estado de indefesión al ser amenazadas con estos complejos turísticos la mayor parte, de origen extranjero que no ayudan.
14. Cumplimiento a los acuerdos pactados con el magisterio en cuanto a la aplicación de una propuesta alternativa de educación diferente a la ACE.
15. Respeto al derecho colectivo sobre la tierra y territorio.

Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), Concejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Parota (CECOP), Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad (CCTI), Movimiento Popular Vicente Guerrero, Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación (CETEG), Asociación de Familiares de Detenidos, Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a Derechos Humanos (AFADEM), Taller de Desarrollo Comunitario (TADECO), Centro de Derechos Humanos de la Montaña "Tlachinollan", Centro Regional de Defensa de Derechos Humanos "José Ma. Morelos y Pavón" a.c. Instituto Guerrerense de Derechos Humanos, Radio Comunitaria "La Palabra del Agua", Consejo Ciudadano del Municipio de Chilapa, Organización de Pueblo Indígena Me´phaa (OPIM), Organización Para el Futuro del Pueblo Mixteco (OPFPM), Asociación Civil "Esperanza", Organización de Pueblos Originarios Para el Desarrollo Social, Red de Organizaciones Ambientalistas de Zihuatanejo (ROGAZ), Red Guerrerense de Organismos Civiles de Derechos Humanos AC.