Editorial de la Jornada Gro sobre el estado policiaco

EDITORIAL

ESTADO POLICIACO EN SUS TRES NIVELES

Las acciones policiacas en aras de preservar una malentendida paz social y el estado de derecho han rayado siempre en la brutalidad y la sinrazón porque se criminaliza la lucha social y tilda de amenaza a los grupos de presión y a la sociedad civil que hacen pleno uso de sus derechos constitucionales al manifestarse por una u otra razón.

O peor aún, muchas veces los cuerpos policiacos son usados para defender intereses que nada tienen que ver con la normatividad constitucional y los preceptos que les dieron razón de ser, entre estos, la de prevenir la conflagración de delitos cuidando los intereses y los derechos ciudadanos que previamente establecieron un contrato social con el Estado para que éste les garantice seguridad y desarrollo en armonía.

Ese contrato es roto casi siempre por los grupos en el poder político y económico que buscan salvaguardar sus intereses y preservar el status quo. En este contexto bien se pueden enmarcar los desalojos ordenados por los tres órdenes de gobierno contra colonos, obreros, campesinos, indígenas, estudiantes o cualquier otro sector cuando, haciendo uso de sus derechos, protestan en vías de comunicación u oficinas públicas, muchas de las veces como último recurso ante la negligencia de la burocracia política para darle salida pronta y satisfactoria a las demandas de carácter social.

Ante este uso de los derechos individuales –libre manifestación, libre tránsito, libre expresión– el Estado ha dado una respuesta policiaca a exigencias que nada tienen que ver con la seguridad pública. Incluso en litigios particulares los gobiernos se han prestado para que los agentes sirvan a intereses económicos o, al menos, poco claros en donde se llevan la peor parte los más desfavorecidos, acaso por su condición social, económica, cultural o étnica.

Exactamente eso ocurre en dos polos opuestos de Guerrero, Zihuatanejo y Malinaltepec. En el primer municipio, agentes desalojaron a colonos que en un reclamo de vivienda ocuparon un predio que el Fibazi declaró “reserva protegida” y luego la paraestatal no dudó en usar a la policía para sacarlos y destruir sus precarias viviendas. En la segunda localidad, Alacatlatzala agentes estatales allanaron la casa del comisario del lugar y sustrajeron –según la denuncia de pobladores– un millón de pesos que la SRA le entregó a la población como salida a un conflicto agrario que tardó décadas en solucionarse. Y ayer, como si no fuera suficiente, agentes en Azueta cuidaron que se llevara a cabo sin contratiempos otro desalojo en Playa Blanca, donde un particular reclama la propiedad de unos lotes en una posición privilegiada a la orilla del mar acreditada con títulos de propiedad por los lugareños.

Estos casos, por mencionar los que ocurrieron en esta semana, son ejemplos vivos de cómo se ha torcido el papel de la policía, lejos de los conceptos básicos constitucionales para los que fue creada.

http://www.lajornadaguerrero.com.mx/2009/11/27/index.php?section=sociedad&article=002a1soc