domingo, 29 de noviembre de 2009

Cínicos, argumentos del Ejército sobre irrupciones en casas, acusan Tadeco y Afadem

Monroy: los militares son quienes trasgreden los derechos humanos para proteger a caciques
Cínicos, argumentos del Ejército sobre irrupciones en casas, acusan Tadeco y Afadem

Advierten medidas sociales de defensa propia por incapacidad oficial frente a la inseguridad

L. REYES Y C. GILES ( )


La Asociación de Familiares de Desaparecidos y Víctimas de Violación de los Derechos Humanos en México (Afadem) y el Taller de Desarrollo Comunitario (Tadeco) criticaron el “cinismo” con el que los mandos militares justifican su intervención, allanamiento de viviendas y detenciones arbitrarias en comunidades de la zona serrana de Costa Grande, Costa Chica y Tierra Caliente.

El coordinador de Tadeco, Javier Monroy Hernández, calificó de terribles las declaraciones del comandante de la Novena Región Militar en Acapulco, Enrique Jorge Alonso Garrido, quien afirmó que las organizaciones sociales no quieren su presencia “porque algún interés deben de tener”.

“Dijo prácticamente que le valía todas las denuncias que hemos hecho. Esa respuesta que dio (el mando) es irresponsable, cuando nosotros hemos señalado y sustentado todas las irregularidades, todas las fallas y actos arbitrarios que han cometido. Es un acto de cinismo”, manifestó.

Monroy Hernández aseveró que son las fuerzas castrenses las que trasgreden la legalidad y los derechos humanos para “encubrir y proteger” a caciques y delincuentes relacionados con el crimen organizado que se mueven con toda libertad en esas zonas de Guerrero.

“Para nadie es un secreto que el Ejército mismo está permeado por la delincuencia y esto se nota cuando las acciones, tanto de los grupos policiacos como de los militares son a discreción. Es curioso que en la sierra se sigue y criminaliza a los que denuncian a Rogaciano Alba (Álvarez)”, señaló.

Por su parte, la vicepresidenta de la Afadem, Tita Radilla Martínez, coincidió con esas declaraciones y agregó que en los últimos tres años la presencia militar ha complicado la vida en los pueblos de la entidad, porque están autorizados para detener y desaparecer personas sin que haya algún tipo de castigo o sanción.

“Estamos en una situación mucho más crítica que en el pasado, creo yo, porque ahora es a cualquier persona. Ellos (el Ejécito) siempre han ido en contra de las organizaciones sociales, mientras que nosotros sólo defendemos, no escondemos nada”, reiteró en relación a las declaraciones que emitió la semana pasada Alonso Garrido.

Tadeco pide audiencia

Ante esas cifras, cada vez más alarmantes de personas desaparecidas, secuestradas y ejecutadas, Tadeco insiste en una audiencia con el gobernador Zeferino Torreblanca Galindo, para tratar el tema de la militarización en las zonas indígenas, donde esperarían “una respuesta clara” del Ejecutivo de Guerrero.

“Tenemos cuatro años y medio solicitándolo, por eso este aplazamiento al gobernador. No vamos hacer trámites y perder el tiempo en hacer escritos que nunca nos contesta el gobernador, lo que queremos es que el gobernador entienda la necesidad de esta reunión, con carácter de resolutiva”, instó.

Ese encuentro, que esperan que pueda concretar cuanto antes, sería abierto, donde aceptarán todas las críticas y observaciones que quiera dar Torreblanca Galindo a estas organizaciones: “es para parar esta ola de violencia y hacer justicia en cada caso”.

Alerta sobre levantamiento

Por otra parte, Monroy Hernández alertó que el clima de violencia que se vive en Guerrero con las desapariciones forzadas, secuestros y asesinatos así como la falta de justicia orillarán a la sociedad a generar mecanismos propios de seguridad y defensa, y lo únicos culpables dijo, serán el gobierno del estado y la Federación.

De igual forma entre los acuerdos que llegaron durante el tercer Foro por la vida, la libertad, la justicia y los derechos ciudadanos está exigir al gobernador una audiencia para que les informe los avances de las investigaciones de los más de mil asesinatos y desapariciones forzadas, su intervención para que le extiendan las medidas cautelares al ecologista Javier Rosas, el restablecimiento del orden jurídico de Máximo Mójica Delgado y los demás coacusados.

En entrevista, Monroy Hernández destacó que el foro que se celebró este viernes, fue en un ambiente de inseguridad que permea en todo el estado, así como en un clima de violaciones a los derechos humanos, una militarización amenazante y un gobierno autoritario y desafiante a la lucha social.

Criticó que en Guerrero no existan mecanismos “reales” de protección contra las desapariciones forzadas ni un organismo “capaz y confiable” que sirva como medio para encontrar justicia, además de una impunidad, corrupción y discrecionalidad de instituciones oficiales encargas de impartir justicia.

Indicó que ante un estado de derechos tan debilitado, como lo hay en Guerrero, “existe el riesgo de que la sociedad tenga que recurrir a generar mecanismos propios de seguridad y defensa de sus derechos, rebasando a la autoridad y de eso será culpable el Estado mexicano y el gobierno del estado como parte de él”.

En el encuentro se acordó exigir a Torreblanca Galindo una audiencia pública con carácter resolutivo para que informe qué hace su gobierno para encontrar a los desaparecidos y secuestrados, hacer justicia a los asesinados y castigar a los culpables.

Así como solicitar que el estado intervenga para que sean extendidas las medidas cautelares a Javier Torres Cruz, que instruya para que giren órdenes de aprehensión contra de los asesinos de los jóvenes Bertín y Alejandro García Cortes y Rogelio García Valdovinos, de la comunidad de Puerto de las Ollas, de Coyuca de Catalán.

Asimismo exigieron al Poder Judicial que restablezca el orden jurídico en los casos de Máximo Mójica Delgado, María de los Ángeles Hernández Flores y Santiago Nazario Lezma, y se proceda con su liberación y finalmente reclamaron al Congreso local “su indiferencia y falta de sensibilidad” para hacer que se restablezca en Guerrero el Estado de derecho y que sea garante del cumplimiento y aplicación de los ordenamientos constitucionales, así  el que ejerza su autotomía y actúe en consecuencia ante las violaciones a la Carta Magna que realizan los poderes Ejecutivo y Judicial en la entidad.

http://www.lajornadaguerrero.com.mx/2009/11/29/index.php?section=sociedad&article=007n1soc



No hay comentarios.:

Mujeres del Ejido El Durazno piden ayuda al Presidente López Obrador para detener ataques de la FM

Hercilia Castro Balderas   Zihuatanejo, 9 de mayo de 2024. Mujeres del Ejido El Durazno pidieron ayuda al presidente López Obrador debido a ...