Boletín de prensa
EL MINISTERIO PUBLICO DE AZUETA DILATA DOLOSAMENTE LAS MEDIDAS CAUTELARES PARA JAVIER TORRES CRUZ Y LA PRISION PREVENTIVA PARA LOS ASESINOS DE LOS JOVENES DEL PUERTO DE LAS OLLAS
En relación a los casos de violación de derechos humanos de Javier Torres, ecologista de las sierra de Petatlán y el triple homicidio efectuado contra tres jóvenes en la comunidad de Puerto de Las Ollas, denunciados en su oportunidad, el día de hoy miércoles 25 de noviembre del 2009 nos presentamos ante la agencia del Ministerio Público del fuero común del Distrito Judicial de Azueta para ver los avances en el proceso jurídico de ambos casos, encontrando como respuesta el nulo avance y la falta de voluntad en el ejercicio de la aplicación de los procesos legales.
En el caso de Javier Torres a más de 3 meses de que el entonces ministerio público de Azueta Ulises López Olivera recibiera la declaración del mencionado campesino ecologista que fue desaparecido en el mes de diciembre del 2008, en la cual solicitaba el otorgamiento de medidas cautelares para su familia y para el y a pesar de que la propia constitución federal garantiza las medidas cautelares a victimas y testigos, el ministerio público, un mes después de la citada diligencia emitió un acuerdo en el cual resuelve de forma afirmativa solo algunos puntos de la solicitud correspondiente entre los cuales destacan: el reconocimiento de su calidad como coadyuvante en la averiguación previa AZUE/PETA/111/2008 y el reconocimiento para tales efectos de la personalidad del Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad y el Taller de Desarrollo Comunitario como sus representantes para ejercer la coadyuvancia; sin embargo, en dicho acuerdo el ministerio público de manera dolosa omitió la solicitud de medidas cautelares. Por tal motivo, los miembros del TADECO Ismael Refugio Chamú y Fco. Javier Monroy Hernández en calidad de coadyuvantes enviamos una promoción en la cual le hacen la observación al ministerio público de su omisión de las medidas cautelares que fueron el objeto principal de la diligencia realizada el día 7 de agosto en la comunidad de La Morena, municipio de Petatlán; escrito que los miembros del Tadeco ratificamos el día 8 de noviembre y fue en ese momento que nos entrevistamos con el ahora titular del ministerio público Joaquín Díaz Terrero quien se comprometió a acordar lo conducente en un plazo máximo de 15 días. A pesar de ello el día de hoy que nos presentamos a cuestionar sobre los avances de la averiguación previa, como respuesta nos hallamos con un cerco burocrático que nos impone un nuevo plazo de espera de 15 días que implica mayor dilación de justicia y una maniobra dolosa, que confirma los intereses políticos y la intención de no aplicar dichas medidas cautelares y dejando en riesgo la integridad física de Javier Torres Cruz y la comunidad de La Morena, municipio de Petatlán.
En torno al triple homicidio de los jóvenes Bertín y Alejandro García Cortes y Rogelio García Valdovinos, masacrados en días pasados y a los procedimientos legales, como fue la diligencia de denuncia por el delito tipificado como homicidio calificado presentada por Juana Cortes Tapia y Guillermo García Avila, “autorizada” (sic) por Francisco Bello Pineda, a casi un mes del crimen no se han hecho las investigaciones subsecuentes como: Integración del expediente, presentación de dictámenes periciales (criminalística), y sobre todo no se ha ordenado el aseguramiento de las personas señaladas como presuntos responsables: Simón Rodríguez Valencia, Israel, Antioquo y Fredy Cortes Valencia, Aurelio y Ramón Valencia García, Leobardo, Ezequiel, Ismael y Rafael de apellidos Peñafiel Valencia.
Exigimos el cumplimiento cabal de la función pública del ministerio público Joaquin Díaz Terrero y justicia para Javier Torres Cruz y Bertín y Alejandro García Cortes y Rogelio García Valdovinos.
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