Pesquisas a la AGE por anomalías de Rendón no son negociables: De la Rosa
YAMILET VILLA ARREOLA
CHILPANCINGO, 30 DE JUNIO. El secretario de la Comisión de Vigilancia y Evaluación de la Auditoría General del Estado del Congreso del estado, Sebastián de la Rosa Peláez advirtió que la investigación de las presuntas irregularidades cometidas por el auditor Ignacio Rendón Romero no está sujeta a negociación política y presumió que el ex gobernador René Juárez Cisneros podría estar detrás del encargado del órgano de fiscalización.
Por su parte, el presidente de la Comisión de Gobierno y coordindor de la bancada del sol azteca, Armando Chavarría Barrera, destacó que “no hay condiciones políticas para resolver los actos que presuntamente ha cometido el auditor”. Añadió que “no se trata de un linchamiento contra nadie, pero sí es importante que se aclare” la actuación de Ignacio Rendón Romero al frente del órgano de fiscalización.
Después de que se informó que las cuentas de auditor general serán analizadas ante el pleno, diputados del PRD consideraron “sano” que el auditor sea separado del cargo temporalmente en tanto se le realiza la auditoría especial.
De la Rosa Peláez afirmó que de ninguna manera habrá “negociaciones políticas” para resarcir las irregularidades financieras administrativas que ha cometido Rendón Romero al frente del órgano fiscalizador, “porque sí las hay, ya lo dije y lo sostengo”.
Al respecto planteó tres puntos: que los resultados de esa auditoría que realice el despecho externo indique que los actos del auditor y su gente son salvables; que existen los mecanismos eficientes y una reforma a la ley que permita que las cosas se corrijan, de lo contrario se habrá de aplicar la ley.
El legislador perredista recordó que en 2002 fue cuando Rendón Romero fue designado como titular de la AGE “fuera del pleno del Congreso local, se eligió en otro lugar, cuyo vínculo directo era con el entonces gobernador René Juárez Cisneros. No quiero pensar que ese cordón umbilical no se haya roto, que siga vigente y que se esté respondiendo a otros intereses ajenos a la fiscalización de los recursos públicos”.
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