Calderón, Cárdenas y Elvira, denunciados penalmente por infringir leyes sobre OGM

Calderón, Cárdenas y Elvira, denunciados penalmente por infringir leyes sobre
OGM
------------------------------------------------------------

Difusión Cencos México D.F., 14 de abril de 2009

Boletín 09049
Greenpeace México



Greenpeace interpuso una denuncia penal ante la Procuraduría General de la
República (PGR), en contra de los servidores públicos que, infringiendo la Ley
de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados (LBOGM), modificaron su
reglamento para permitir las siembras experimentales de maíz transgénico en
México, a pesar de que el país carece de un sistema de salvaguardas de
bioseguridad eficiente y de que es el centro de origen y diversidad del maíz.

La violación de la LBOGM es constitutivo del delito de coalición de
servidores públicos, previsto en el artículo 216 del Código Penal Federal
(CPF), que dice: “los que teniendo tal carácter se coaliguen para tomar
medidas contrarias a una ley o reglamento, impedir su ejecución, (…) se le
impondrán de dos a siete años de prisión y multa de treinta a trescientos
días de salario mínimo vigente en el Distrito Federal en el momento de la
comisión del delito, y destitución e inhabilitación de dos a siete años para
desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos”. 

Los funcionarios denunciados son: el jefe del ejecutivo, Felipe Calderón
Hinojosa, el titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo
Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), Alberto Cárdenas Jiménez, el titular
de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Juan Elvira
Quesada, y el secretario de Salud, José Ángel Córdova Villalobos, quienes de
manera coordinada derogaron el artículo octavo transitorio del reglamento de la
LBOGM para incumplir lo dispuesto en el artículo 2, fracción XI, relativo al
Régimen especial de protección del maíz; y en el artículo 86, relativo a los
centros de origen y diversidad genética.

“Estamos presentando estas denuncias penales porque lo que están haciendo
las autoridades con el maíz no sólo es una amenaza para nuestra biodiversidad,
sino que también es una abierta violación a las leyes aprobadas en nuestro
país. Si quienes tienen que hacer cumplir las leyes y preservar nuestra
biodiversidad y proteger a nuestro campo no lo hacen, es necesario que enfrenten
su responsabilidad por estas omisiones y rindan cuentas pública y penalmente.
¡Basta de impunidad!”, afirmó Patricia Arendar, directora ejecutiva de
Greenpeace México.

“Con esta denuncia solicitamos a la PGR que tome las medidas precautorias
establecidas en la LBOGM y en el CPF para impedir la continuación de los
delitos denunciados, así como que se ejerza acción penal en contra de quien o
quienes resulten responsables de dichos delitos”, afirmó Aleira Lara,
coordinadora de la campaña de agricultura sustentable y transgénicos de
Greenpeace México.

El pasado 6 de marzo fue publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF)
el “Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones
del Reglamento de la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente
Modificados” (LBOGM), el cual reforma el artículo 65, adiciona los artículos
66 al 73, reforma el quinto transitorio y deroga el octavo transitorio. 

“Con estas nuevas disposiciones, el ejecutivo federal le da la vuelta a la
ley para evadir su responsabilidad de crear el régimen de protección especial
al maíz o expedir los acuerdos que determinen los centros de origen y de
diversidad genética, así como las medidas necesarias para su protección”,
agregó Aleira Lara.

La decisión del gobierno mexicano de autorizar siembras experimentales de
maíz transgénico en México es contraria incluso a las recomendaciones hechas
por el organismo responsable de la biodiversidad en nuestro país, la Comisión
Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio). 

Por medio de una comunicación escrita, fechada el 9 de mayo de 2006 y remitida
al director en jefe del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad
Agroalimentaria (Senasica), la Conabio urgió a tomar medidas especiales
respecto al maíz, así como al apego al principio precautorio, dado que “no
todos los riesgos relacionados con los organismos genéticamente modificados en
lo general ni en lo particular son conocidos”. 

En el mismo sentido, en comunicaciones dirigidas a la Comisión
Intersecretarial de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados
(Cibiogem), a la Sagarpa y a la Semarnat, el 7 de agosto de 2006, el coordinador
nacional de la Conabio, dr. José Sarukhán Kermez, insistió en que es
fundamental condicionar la autorización de las siembras de maíz transgénico a
la determinación de los centros de origen y diversidad genética, así como al
establecimiento de un régimen de protección especial al maíz, recomendaciones
que fueron desechadas con la modificación al reglamento de la LBOGM.

Una cita textual y contundente de dicha carta enviada a las secretarías
establece que: La CN-Conabio (Coordinación Nacional de la Conabio) se opone
totalmente a una liberación comercial de maíz genéticamente modificado, ya
que en este caso y con razones de mucho peso, el principio precautorio es
ineludible por los riesgos tan graves en que se colocaría a las variedades de
maíz en nuestro país.

El gobierno mexicano tiene un claro interés en que se otorguen permisos para
la liberación de maíz transgénico en México, en el mismo sentido que las
empresas productoras quieren comercializarlo en el mercado nacional; dejando de
lado los estudios científicos que demuestran los daños al medio ambiente y a
la biodiversidad que provocaría su siembra, así como los graves riesgos que
éste representa para la salud humana. 

“Mientras no se publiquen en el Diario Oficial de la Federación los acuerdos
y las normas oficiales mexicanas relativas a la bioseguridad del maíz, no será
jurídicamente posible el otorgamiento de permisos de liberación de maíz
transgénico al ambiente. Sin un sistema de bioseguridad debidamente
instrumentado se carece de parámetros jurídicos, científicos y técnicos
idóneos para garantizar la bioseguridad del maíz. De ser autorizada la siembra
experimental de maíz transgénico, los funcionarios acumularían un precedente
más de violación a la ley y, por lo tanto, tendrán que asumir responsabilidad
legal ante todos los mexicanos”, finalizó Lara. 

Más información con: Raúl Estrada, coordinador de prensa, en los tels.
04455-4084-5326 y 5687 9595 ext. 120, email: raul.estrada@greenpeace.org [1] ,
web: www.greenpeace.org.mx [2]

Información difundida por el Área de Comunicación y Visibilidad de Cencos


[1] raul.estrada@greenpeace.org
[2] http://www.greenpeace.org.mx