Se reúnen 23 organizaciones para unificar sus demandas por las libertades democráticas y políticas

Se reúnen 23 organizaciones para unificar sus demandas por las libertades democráticas y políticas



Zacarías Cervantes

Chilpancingo

Delegados de 23 organizaciones sociales de Guerrero se reunieron este viernes y sábado y bajo la consigna “nos vemos en el 2010” acordaron fortalecer la movilización social y emprender acciones en contra de la presa La Parota; en rechazo a la Alianza por la Calidad de la Educación (ACE); en contra de la militarización en el estado y para exigir la solución de la problemática social rezagada en el gobierno de Zeferino Torreblanca Galindo.
El encuentro que se llevó a cabo en el auditorio de la Unidad Académica de Ciencias de la Educación de la UAG, concluyó con la integración de la Coordinadora de Organizaciones y Movimientos Sociales de Guerrero, que enarbolará un plan de acción de aquí hasta diciembre de 2009, con el objeto de “unificar nuestras demandas en una sola lucha por las libertades democráticas y políticas”, afirmó en sus resoluciones la Coordinadora.
Entre algunas de las agrupaciones participantes estuvieron la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación (CETEG); el Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota (Cecop); la sección 17 de mineros de Taxco; la Unión Campesina Democrática (UCD); la Coordinadora Regional de Autoridades Campesinas (CRAC); la Comunidad Indígena Emperador Cuauhtémoc; la Red Manglar Internacional; la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria (ACNR); el Taller de Desarrollo Comunitario (Tadeco); el Movimiento Popular Vicente Guerrero de Tixtla; el Frente Único Estatal de Representantes de Sindicatos Autónomos (FUERSA); el Colectivo Rebelión; la familia Garibo de Huamilule y el Consejo Indígena Popular.
Dentro de sus resoluciones se encuentra, asimismo, emplazar al Gobernador Zeferino Torreblanca Galindo “a un diálogo público y resolutivo, con soluciones efectivas y sin engaños”.
Como parte de su plan de acción, las agrupaciones acordaron que hoy se incorporarán al Congreso Pedagógico Estatal de Educación, Cultura y Deporte, que organiza la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación (CETEG).
Mañana, se sumarán a la movilización por los 40 días del asesinato de los indígenas na’ saavi de la Organización por el Futuro de los Pueblos Mixtecos, Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas, que partirá del punto conocido como El Caballito, al norte de la ciudad de Chilpancingo, a las 10 de la mañana.
También se pronunciaron en contra de las presiones de la Procuraduría de Justicia Estatal en contra del campesino ecologista Javier Torres Cruz. 
El director de Desarrollo Comunitario, Javier Monroy, informó que los delegados de las 23 organizaciones también se pronunciaron en contra de la construcción de la presa La Parota, contra la militarización y por la solución de la problemática de las organizaciones que ha estado rezagada durante la administración de Zeferino Torreblanca.
También pidieron la libertad inmediata a Gloria Arenas y Jacobo Silva y la presentación con vida de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, miembros del Ejército Popular Revolucionario (EPR).
Otras de las agrupaciones que se integraron a la Coordinadora son el Comité de Familiares de Desaparecidos, Secuestrados y Asesinados en Guerrero; el Movimiento en Defensa del Petróleo; el Movimiento en Defensa de la Economía Popular; el Movimiento Social de Izquierda (MSI); el Dueto Campesino; el Movimiento Popular de Iguala y la Organización Mixteca de Pueblo Hidalgo, municipio de San Luis Acatlán, “Jubaanaabaa”.
En la movilización mañana por el esclarecimiento del secuestro, tortura y ejecución de los dirigentes mixtecos, Raúl Lucas y Manuel Ponce, el Comité de Familiares y Amigos de Secuestrados, Desaparecidos y Asesinados en Guerrero, exigirá asimismo al comandante de la Zona Militar de Tlapa de Comonfort, que entregue con vida a Salvador Nava Torres, quien fue detenido por militares el pasado 7 de febrero y de quien se tienen indicios que se encuentra retenido en una mazmorra de la zona militar.
Las agrupaciones sociales también exigirán que cesen las presiones de la Procuraduría de Justicia Estatal al campesino ecologista Javier Torres Cruz, para que se presente a los Ministerios Públicos de Petatlán o a Azueta a ampliar sus declaraciones, “pues hemos confirmado que se trata de una trampa para detenerlo, cuando lo que se reclama es que la PGR extienda las medidas cautelares reclamadas a su favor y que se de cauce a la demanda que presentó en contra de Rogaciano Alva Álvarez como autor intelectual del asesinato de la defensora de derechos humanos, Digna Ochoa”, manifiesta la Coordinadora en el documento de las resoluciones que fue dado a conocer ayer.
Los acuerdos también fueron en el sentido de exigir respeto a las decisiones de los comuneros de Cacahuatepec y el reconocimiento de sus autoridades agrarias electas el 15 de marzo del 2009, encabezadas por su presidente del Consejo de Administración Nemesio Valeriano Moreno; “avalamos el manifiesto mediante el que se exige la cancelación definitiva de la presa de la Parota, Paso de la Reina, Oaxaca; Zapotillo, Jalisco; Arcediano, Jalisco y el cumplimiento de los acuerdos no cumplidos con los afectados de la presa de El Cajón en Nayarit”.
También exigen a las autoridades estatales y municipales de Petatlán y Azueta, dar garantías y seguridad física y moral a la familia Garibo del Cerro de Huamilule municipio de Petatlán, amenazadas por la empresa Interad S.A. de C.V., representada por Pedro Olea Bracamontes, Roberto Mario Guala y Aurelio Uribe Sánchez, que pretenden despojarla de su propiedad agraria.
Exigen también solución a la demanda de estudiantes, maestros y padres de familia de las preparatorias 1 y 9 de la UAG, con respecto a que el edificio que las alberga sea reconstruido en el mismo lugar que ocupa el Edificio Docente.
Asimismo convinieron en exigir el pago “inmediato e incondicional” de los salarios retenidos ilegalmente a los maestros de la Coordinara Estatal por la Reivindicación de los Principios de la CETEG.
En la reunión hubo también un pronunciamiento por la libertad inmediata a Gloria Arenas y Jacobo Silva, en base al respeto del amparo concedido a su favor y en contra del intento de aplicarles una nueva orden de aprehensión por delitos infundados y la presentación con vida de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, miembros del Ejército Popular Revolucionario.
Coincidieron en expresar una “amplia solidaridad” a Rogelio Ortega Martínez, “frente a la irresponsable, ligera y dolosa acusación que le hace José Antonio Ortega Sánchez, hechos que atropellan sus derechos elementales y generan daño moral a su persona, a su familia y a la Universidad Autónoma de Guerrero”. 

 

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