Dilata la PGR petición para que proteja al ecologista Torres Cruz
Se cierne sobre el activista amenaza para desaparecerlo de nuevo, advierte Javier Monroy
MARLEN CASTRO
CHILPANCINGO, 24 DE MARZO. La Coordinadora de Organizaciones y Movimientos Sociales (COMS) denunció que la Procuraduría General de la República (PGR) no ha respondido a la solicitud de proporcionar medidas cautelares para Javier Torres Cruz y sus familiares, por lo que el campesino ecologista continúa escondido en algún lugar de la sierra de Petatlán por temor a que lo desaparezcan de nuevo.
Javier Monroy Hernández, integrante de la Coordinadora, acusó que existe la intención de volver a secuestrar a Torres Cruz y por ello insisten ante la PGR para que proporcione las medidas cautelares que le solicitaron.
Indicó que el jueves 19 de marzo se presentó personal de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) en La Morena –la comunidad de el ecologista, ubicada en la sierra de Petatlán–, para entregar un citatorio a Torres, en el que supuestamente se le citaba para que se presentara a ampliar su acusación en torno al asesinato de la defensora de derechos humanos Digna Ochoa y Plácido.
Las hermanas de Torres no quisieron firmar de recibido el citatorio, por lo que el personal de la PGJE se negó a dejar el documento, pero las mujeres se pudieron percatar que estaba firmado por el fiscal especial para delitos graves y otro funcionario de la PGR.
El citatorio para Javier Torres era para que se presentara al día siguiente, según fueron informadas.
La noche de ese mismo jueves la cuñada de Torres Cruz recibió en su casa la visita de unos primos, pero al poco tiempo de su llegada se presentaron a su casa unos 30 militares, que viajaban en dos hummers y dos tanquetas. Los soldados se metieron a la vivienda y exigieron a todos que se identificaran.
Para la Coordinadora de Organizaciones es claro que la operación tenía las intenciones de detener a Torres Cruz, a quien pensaban encontrar ahí antes de ir a Petatlán o a Zihuatanejo a ampliar su acusación sobre el asesinato de Digna Ochoa.
Monroy Hernández indicó que lo anterior preocupa a las organizaciones porque es claro que el citatorio era una trampa, pero lo más grave es que de tal acción haya estado enterado el Ejército, ya que la milicia no tiene por qué saber de las diligencias de las autoridades judiciales civiles.
Señaló que aunado a la acción concertada entre los militares y la PGJE también está el hecho de que la PGR se ha negado a proporcionar protección a Torres Cruz para que esté en condiciones de trasladarse a los lugares que sea necesario acudir.
http://www.lajornadaguerrero.com.mx/2009/03/25/index.php?section=sociedad&article=005n1soc
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