Cierra centro de derechos humanos en Guerrero por amenazas

GLORIA LETICIA DíAZ en Proceso.

MÉXICO, DF, 25 de marzo (apro).- El Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, decidió cerrar temporalmente su oficina en el municipio guerrerense de Ayutla, luego de semanas de intimidación, amenazas y persecución de algunos de sus miembros el pasado 20 de marzo.

En conferencia de prensa, el director de Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, dijo que llegó a la "drástica determinación al no haber condiciones para los defensores de derechos humanos en una de las regiones más pobres del país, y en donde el gobierno ha optado por la militarización".

Proceso publicó, en su edición 1690, el caso de los activistas indígenas Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas, detenidos ilegalmente, desaparecidos, torturados y asesinados en febrero pasado, así como información sobre más de 200 expedientes penales abiertos contra miembros de organizaciones sociales de Guerrero.

En un comunicado con motivo del cierre de la oficina de Tlachinollan en Ayutla, unas 111 organizaciones se solidarizaron con la agrupación guerrerense y manifestaron su preocupación por la situación de vulnerabilidad en que se encuentran los defensores de derechos humanos.

"Las organizaciones defensoras de derechos humanos constatamos la ausencia de condiciones de trabajo para los defensoras y defensoras en el estado de Guerrero, y que justamente la búsqueda de justicia, en el caso de la desaparición y ejecución de dos defensores, ha generado mayor riesgo a quienes exigimos la investigación a fondo, procesamiento y sanción de los responsables", indica el documento.

Darío Ramírez, de la organización Artículo 19, informó que una comisión de las ONG acudió este miércoles a la embajada de Estados Unidos para entregar un documento en el que se detalle la situación de los defensores de derechos humanos en México y, en específico en Guerrero, con la solicitud de que sea entregado a la secretaria de Estado de ese país, Hillary Clinton.

Barrera Hernández destacó que a partir de los crímenes de Lucas y Ponce, dirigentes de la Organización para el Futuro del Pueblo Mixteco (OFPM), "la embestida contra las agrupaciones indígenas, y quienes asumimos como trabajo su defensa, se agudizó, lo que es una política de exterminio contra los pueblos indígenas y sus organizaciones".

Los miembros de la OFPM, junto con la Organización del Pueblo Me'phaa (OPIM), han dedicado parte de su trabajo a la denuncia de abusos cometidos por militares en la región de Ayutla, entre ellos las violaciones a las indígenas Valentina Rosendo Cantú e Inés Fernández Ortega, caso que actualmente revisa la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Por su defensa de las mujeres, la presidenta de la OPIM, Obtilia Eugenio Manuel, ha sido víctima de amenazas e intimidación, hechos que han sido denunciados en la Procuraduría de Justicia estatal, y que además han sido presentados ante la CIDH.

El 20 de marzo, informó Barrera, Obtilia y abogados de Tlachinollan que viajaban en dos vehículos, fueron perseguidos de manera intimidatoria por tres ocupantes de una camioneta Chevrolet Silverado color azul, con placas de circulación UN88768. La persecución se dio durante varias horas en la carretera Ayutla-Tierra Colorada.

Ante de esos hechos, Obtilia había recibido en varias ocasiones mensajes de texto en su teléfono celular, en que le amenazaban de ser la próxima víctima por su trabajo. Ella y su familia han decidido por seguridad salir de la región de Ayutla.

Barrera dijo que también han sido amenazadas la viuda y la hermana de Raúl Lucas, Guadalupe Castro Morales y Carmen Lucas Lucía.

"Fueron interceptadas en el puerto de Acapulco el 16 de marzo por un hombre, quien sujetó a Guadalupe de los brazos, y le dijo que la iban a matar a ella y a su hijo de 17 años, por bocón. Y lo único que han hecho es demandar justicia".

El martes 24, las viudas de los activistas, Guadalupe Castro y Margarita Martín de las Nieves, solicitaron formalmente la intervención de la Procuraduría General de la República (PGR) en la investigación de los crímenes, por considerar que la Procuraduría estatal "no garantiza imparcialidad, además que a más de un mes de los hechos no hay resultados de las indagatorias", informó Barrera.

Darío Ramírez, de Artículo 19, destacó que a Clinton, de visita en México, se le haría llegar información sobre lo que ocurre en el país, con la petición de que en la agenda de seguridad "se toque el tema de los defensores de derechos humanos, sobre todo en el caso de Guerrero".

Añadió que las ONG acordaron formar una comisión que visite organismos internacionales, como la Organización de Estados Americanos (OEA), así como representaciones en la Unión Europea, para invitarlos a que visiten el país y constaten la situación.

Por el momento, aseguró, "ya se solicitó a la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas que realice una misión de observación".

Edgar Cortez, secretario ejecutivo de la Red de Organismos Civiles de Derechos Humanos, Todos los Derechos para todos y todas, destacó que en medio de la "guerra contra el narcotráfico, los defensores resultamos incómodos a la visión oficial, a ello se añade la impunidad en los casos en que los defensores han sido víctimas".

Cortez Morales resaltó la ausencia de resultados en casos como el del crimen de Ricardo Murillo, en 2007, del Frente Cívico Sinaloense, y las amenazas contra la Luz Estela Castro, del Centro de Derechos Humanos para las Mujeres, de Ciudad Juárez, Chihuahua.

El activista destacó que otras agresiones contra defensores se ubican en el terreno de la descalificación y la criminalización, como ocurre con los integrantes de Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, de Jalisco, que han asesorado a los opositores a la construcción de una presa en Zapotillo, así como el señalamiento de "defensores de narcotraficantes" para los Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (CADHAC), de Nuevo León, que cuestionan la militarización.

Además, prevalece el acoso y hostigamiento contra organizaciones de mujeres que buscan legislar en sus estados sobre la interrupción legal del embarazo, y en Oaxaca algunas agrupaciones civiles "sufren las secuelas" de las movilizaciones magisteriales.

Edgar Cortez resaltó que la falta de garantías para la labor de los defensores de derechos no es "fortuita", sino que es el resultado de un esquema de seguridad desplegado por el gobierno federal en el que los derechos humanos estorban.

Representantes de Tlachinollan se entrevistaron con el subprocurador de Control Regional de Procedimientos Penales de la PGR, Víctor Emilio Corzo Cabañas; con la diputada panista Omeira López Reyna, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, así como con el coordinador de la fracción perredista en San Lázaro, Javier González Garza.