Gigante minero acumula quejas

Por Stephen Leahy

La canadiense Goldcorp, que operará la mayor mina de oro en México, acumula quejas por violaciones ambientales. En Honduras, autoridades estudian acciones en su contra.



TORONTO, 19 Feb (Tierramérica).- Un estudio encargado por grupos ecologistas halló peligrosas cantidades de plomo y arsénico en la sangre de aldeanos hondureños que viven cerca de una controvertida mina de oro y plata subsidiaria del gigante canadiense Goldcorp Inc, la tercera minera del mundo.

Según los ambientalistas, rastros de plomo y arsénico en cantidades superiores a las recomendadas por estándares internacionales (70 ug/dl) fueron encontrados en una muestra de 10 personas que habitan cerca de la mina San Martín, en el municipio de San Ignacio, en el central Valle de Siria.

Este estudio, presentado el año pasado y desestimado por la industria, es un elemento más en el abultado expediente abierto en Honduras contra la operadora de la mina, que ha suscitado protestas locales e internacionales desde que se abrió en 1999.

Aunque es operada por Entre Mares, firma hondureña subsidiaria de la canadiense Glamis Gold Ltd., ahora está a cargo Goldcorp Inc., con sede en la sudoccidental ciudad canadiense de Vancouver, que compró Glamis en noviembre.

Ese cambio de dueño convierte a Goldcorp en la tercera mayor productora de oro del mundo, con concesiones mineras en todas las Américas y Australia.

Uno de los proyectos más ambiciosos de la firma pronto iniciará en México, en el estado de Zacatecas, donde acaba de obtener todos los permisos de forma muy expedita a mediados de enero. Se trata de Peñasquito que, con un costo de 882 millones de dólares y reservas probadas y probables estimadas en 9 mil 98 millones de onzas de oro, se convertirá en la mina aurífera más grande del país.

Goldcorp, que se proclama con orgullo, "la productora de oro de más bajo costo del mundo", mantiene varias minas convencionales a cielo abierto, como San Martín en Honduras, que usan una solución de cianuro de sodio basado en agua que es vertido sobre enormes pilas de mineral para separar el oro.

La solución de cianuro sobrante es una toxina mortal y tiene que ser almacenada cuidadosamente. Este proceso se utiliza comúnmente, pero expertos ambientales dicen que consume enormes cantidades de agua fresca y genera subproductos altamente tóxicos, incluyendo metales pesados como plomo, mercurio y arsénico, que pueden contaminar cuerpos de agua que sirven para el consumo humano.

Durante mucho tiempo, comunidades del Valle de Siria se quejaron de afecciones a su salud y escasez de agua causadas por la mina San Martín, de la que Glamis ha retirado 529 mil 88 onzas (unos 15 mil kilogramos) de oro desde 2001, por un valor aproximado de 412 millones de dólares.

Los más recientes estudios, los que detectaron el arsénico (que puede causar graves efectos en el sistema gastrointestinal, cardiovascular y nervioso), fueron encargados por grupos ecologistas, entre ellos el Comité Ambientalista del Valle de Siria, al activita italiano Flaviano Bianchini, quien ha realizado estudios de este tipo en varios países de América Central.

Las pruebas de Bianchini han sido criticadas por representantes oficiales y de la industria por supuestamente carecer de calidad científica.

Por lo pronto, el Ministerio hondureño de Medio Ambiente tiene planeado enviar muestras a especialistas en Colombia para confirmar la contaminación.

“Estamos estudiando el caso y a la espera de los resultados que enviaremos a Colombia para tomar una determinación contundente”, dijo a Tierramérica la ministra del ramo, Mayra Mejía. “Hay evidencias fuertes que apuntan a una alta contaminación en la zona”, señaló por su parte uno de los titulares de la Fiscalía del Estado, Aldo Santos.

Goldcorp también posee una mina similar, pero más nueva en Guatemala, llamada Marlin, también de Glamis, en la municipalidad de Sipakapa y San Miguel Ixtahuacán. Las protestas locales dejaron dos muertos y muchos heridos.

Pero Goldcorp niega las acusaciones. “Ya operamos las minas San Martín y Marlin de acuerdo con estándares de América del Norte”, dijo a Tierramérica Jeff Wilhoit, vicepresidente de relaciones con inversionistas de la firma.

En el caso de Marlin, estudios que mostraban contaminación del río Tzalá “han sido refutados y desaprobados” y que “las comunidades más cercanas a la mina votaron en favor de (la permanencia de) esta”, aseguró Wilhoit.

Con respecto a San Martín el ejecutivo sostuvo que la mina no ha provocado desabasto de agua, ni contaminación. “El agua bombeada desde nuestros pozos no impacta de ningún modo al líquido usado de pozos fuera del área del proyecto. No es cierto (que haya habido enfermedades debido a desechos de la mina), hay un estudio nacional que refuta ese argumento”, dijo.

La firma también refuta a representantes de comunidades aledañas a San Martín y Marlin quienes han denunciado que nunca fueron consultados respecto de estos proyectos mineros.

"Goldcorp es muy activa a la hora de trabajar con comunidades donde están ubicadas nuestras minas. Contribuimos inmensamente con la educación, la salud y la seguridad de aquellas comunidades que han estado poco representadas por algunas organizaciones no gubernamentales que tienen sus propias agendas", dijo a Tierramérica Melanie Pilon, directora de relaciones con inversionistas.

Wilhoit añadió que en el caso específico de Marlin, la empresa trabajó por “incluir a todas las partes interesadas en el proceso de consulta. Se prestó particular atención a cómo traspasar la barrera del idioma. Todas las comunicaciones se llevaron a cabo en español y mam (idioma originario)”.

Casi 60 por ciento de las compañías de minería y exploración del mundo son canadienses, y generan más de 40 mil millones de dólares anuales, lo que representa alrededor de cuatro por ciento del producto interno bruto de Canadá.

"Los canadienses se horrorizan al enterarse de lo que algunas firmas de su país están haciendo en el mundo en desarrollo, pero pocos saben qué está ocurriendo en proyectos mineros concretos en Sudamérica u otras partes, debido a la limitada cobertura periodística ", dijo Karyn Keenan, de la Iniciativa de Halifax, una coalición de ONG ambientales y de derechos humanos de Canadá.

Pero poco a poco aumenta la atención mediática, sobre todo a partir de que en 2006 varios representantes de comunidades en América Latina afectadas por la minería aparecieron en una serie de foros públicos sobre la responsabilidad social corporativa de los sectores minero, petrolero y gasífero de Canadá.

“Por primera vez, funcionarios del gobierno de Canadá fueron expuestos a las personas que habían sido perjudicadas por compañías de ese país”, señaló Keenan.

Grupos de activistas han alegado durante mucho tiempo que la incapacidad o falta de voluntad de los gobiernos locales para aplicar estándares internacionales en materia de derechos humanos y ambiente no deberían dar a las empresas canadienses licencia para ignorar estos estándares.

Un informe oficial sobre la regulación de las operaciones del sector fuera del país se presentará ante el gobierno canadiense en breve. El reporte "no tiene precedentes en la historia canadiense", según Keenan, porque representa un consenso entre ONG, la industria minera y funcionarios del gobierno.

"La industria no quiere leyes canadienses fuertes y vinculantes sobre sus operaciones en el exterior, pero algunos saben que necesitan hacer más que publicar códigos de ética en sus sitios de internet", añadió.

Aunque el contenido del informe permanece en secreto, se espera que recomiende la instauración de un mecanismo independiente de quejas y una oficina de un ombudsman (defensor del pueblo) para investigar quejas y realizar auditorías de operaciones mineras, petroleras y gasíferas de Canadá en el exterior.

No está claro si el conservador gobierno canadiense actuará a propósito de las recomendaciones del informe.

* Con aportes de Thelma Mejía, desde Honduras.