Satisfacción en el IFAI por la reconsideración de la PGR

La reconsideración por parte de la Procuraduría General de la República (PGR) de permitir al Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) conocer la investigación que solicitó al gobierno de España sobre la presunta participación de Manuel Carlos Mouriño Atanes en operaciones con recursos de procedencia ilícita, fue bien recibida por el comisionado ponente del caso, Juan Pablo Guerrero.
Sin embargo, al cierre de esta edición el IFAI todavía no recibía alguna notificación oficial en la cual la procuraduría confirmara lo anterior.
A las 14.35 de ayer la vocería de la PGR hizo pública su reconsideración, con el argumento de que el gobierno de España había autorizado difundir la investigación sobre Mouriño Atanes, según declaró Fernando Castillo, vocero del Ministerio Público Federal (MPF).
Luego de las declaraciones de Castillo, el comisionado Guerrero manifestó a La Jornada su “aprecio por la reconsideración de la dependencia federal, por permitir al IFAI realizar su trabajo, y al solicitante de esa información, el derecho a hacerlo”.
La indagatoria que se efectuó al padre del secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño Terrazo, involucra a nueve compañías en las que Mouriño Atanes era accionista o dueño en 2003. Éstas son: Co-texsant SA; Prefabricados de Puentes SA; Inverhismex SL; Prefabricados Tecnológicos de Hormigón SL; Sabancuy RMSL; Campetón SL; Construcciones Exisa SA; Expugil SL, y Cotexmur SL, según se desprende de la carta PGR/ALUES/802/03.
En dicha misiva, enviada el 12 de septiembre de 2003 a la Brigada de Delitos del gobierno de España, Carlos Miguel López Torres, agregado policial de la PGR para la Unión Europea y Suiza, solicitaba apoyo a esa instancia, “con el propósito de establecer si autoridades del Reino de España estaban realizando alguna investigación por el delito de blanqueo de capitales en torno del señor Manuel Carlos Mouriño Atanes”.
En la carta, López Torres solicitaba a las autoridades españolas su “amable auxilio con el propósito de coadyuvar a las referidas investigaciones” que se realizaban en México.
La petición tiene su origen en el fax que en septiembre de 2003 envió Ricardo Gutiérrez Vargas, director general de Asuntos Policiales e Internacionales y de Interpol-México, a López Torres, a quien se le encargó “verificar con carácter de muy urgente si Manuel Carlos Mouriño Atanes es investigado en España por blanqueo de capitales, además de ser dueño de seis empresas en ese país”.
En el fax, marcado con el número DGAPII/8286A03-AEI-, Gutiérrez Vargas informó a López Torres que esa solicitud tenía su origen en la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y Falsificación o Alteración de Moneda de la procuraduría. Y detalló: “Lo anterior es necesario para integrar debidamente la investigación que realiza la citada unidad especializada en nuestro país”.
En la misiva al gobierno de España se solicitaron algunas precisiones: “Los delitos por los que es investigado (Mouriño Atanes), autoridad que lo investiga, así como los nombres de las empresas de las que es dueño”.
Caso histórico
En entrevista, el especialista en derecho a la información y materia electoral de la Universidad Nacional Autónoma de México John Ackerman destacó la importancia de que la sociedad se mantenga alerta sobre la resolución de este caso, “estratégico e histórico para el IFAI”, porque está en juego el cumplimiento de la Ley Federal de Transparencia y el avance o retroceso en la rendición de cuentas de las instancias gubernamentales.
El académico observó varias aristas en el caso: la resistencia reiterada por parte de la Procuraduría General de la República a rendir cuentas sobre asuntos relevantes; ejemplo de ello es el caso de los hermanos Bribiesca, que amenazaron con denunciar a los comisionados del IFAI si la procuraduría entregaba información de las indagatorias que los involucran en el delito de tráfico de influencias.
Mencionó también la decisión del Poder Judicial de otorgar el amparo a la dependencia federal para no revelar datos del caso del padre del secretario de Gobernación, y la postura de la mayoría de los comisionados del Instituto Federal de Acceso a la Información, quienes no tenían por qué manifestarse por esperar la resolución del amparo, sino resolver, como lo hizo Guerrero Amparán, ordenando a la Procuraduría General de la República entregar versión pública de la información.