Mirna Servín Vega y Raúl Llanos Samaniego
El presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Emilio Álvarez Icaza, aseguró que es urgente poner en marcha acciones legislativas, administrativas y de acción social que permitan reforzar la batalla que se libra en contra de la explotación sexual de niñas, e incluso precisó que actualmente el principal espacio de inicio de la violencia y el maltrato hacia niñas y mujeres es precisamente el hogar: “se ha ubicado que los principales agresores son las personas que les son más cercanas, como el padre, los hermanos, el padrastro o el esposo”.
En este contexto, el gobierno capitalino publicó, y con ello entró en vigor, la Ley para prevenir y erradicar la trata de personas, el abuso sexual y la explotación sexual comercial infantil para el Distrito Federal, que entre sus principales acciones prevé la realización de visitas de inspección a lugares donde se sospecha la comisión de este tipo de ilícitos; abrir una línea telefónica donde se reciban denuncias, así como una página de Internet para ahondar sobre la prevención de esta clase de conductas, y recibir la declaración ministerial de víctimas de esos ilícitos, aun cuando sean menores de edad.
Por lo que hace al ombudsman local, participó en la presentación de la campaña Contra la ESCI (explotación sexual comercial infantil), ¡Simplemente, no lo aceptamos!, que realiza Infancia Común, AC, donde dijo que “dentro de una perversa normalidad, las mujeres viven de manera cotidiana una violencia estructural, de tal magnitud que México ha tenido que acuñar el término feminicidio para dar cuenta de una problemática como la sucedida en Ciudad Juárez, Chihuahua”.
Las expresiones de esta guerra, explicó, son tan cotidianas como impactantes: insultos, amenazas, críticas destructivas, silencios incómodos e indiferencia; justamente lo que despedaza la autoestima de las niñas, además de que de “manera sistemática se les educa para obedecer, para agacharse y para callarse”.
Resaltó que la legislación para enfrentar ese fenómeno es ambigua e insuficiente, garantiza recursos al agresor y desprotege a las víctimas. “El Estado abdica de su responsabilidad de protegerlas; no hay refugios que les permitan iniciar un proceso judicial en condición de resguardo, ni existen políticas públicas para apoyarlas en los procesos judiciales, que son muy largos”, por lo que pidió generar acciones de Estado y un entorno seguro, por medio de albergues en todas las delegaciones, para que niñas y mujeres estén a salvo de sus agresores, con todo el respaldo del Ministerio Público.
Por lo que se refiere a la ley promulgada el viernes por el GDF en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, se establece que para hacer frente a la trata de personas, el abuso sexual y la explotación sexual comercial infantil se creará una comisión interinstitucional que presidirá el jefe de Gobierno del DF y en la que participarán instancias que van desde la Procuraduría de Justicia local, el Tribunal Superior de Justicia del DF y delegaciones hasta académicos y organizaciones de la sociedad.
Para ello, las dependencias de gobierno deberán capacitar a su personal en el conocimiento y prevención de esos ilícitos, y crear la infraestructura necesaria para su atención, donde se comprenderán los convenios con los gobiernos federal, estatales, municipales e incluso de otros países para combatir, en unos casos, esas conductas, y para repatriar a víctimas de esas agresiones, por el otro.
El presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Emilio Álvarez Icaza, aseguró que es urgente poner en marcha acciones legislativas, administrativas y de acción social que permitan reforzar la batalla que se libra en contra de la explotación sexual de niñas, e incluso precisó que actualmente el principal espacio de inicio de la violencia y el maltrato hacia niñas y mujeres es precisamente el hogar: “se ha ubicado que los principales agresores son las personas que les son más cercanas, como el padre, los hermanos, el padrastro o el esposo”.
En este contexto, el gobierno capitalino publicó, y con ello entró en vigor, la Ley para prevenir y erradicar la trata de personas, el abuso sexual y la explotación sexual comercial infantil para el Distrito Federal, que entre sus principales acciones prevé la realización de visitas de inspección a lugares donde se sospecha la comisión de este tipo de ilícitos; abrir una línea telefónica donde se reciban denuncias, así como una página de Internet para ahondar sobre la prevención de esta clase de conductas, y recibir la declaración ministerial de víctimas de esos ilícitos, aun cuando sean menores de edad.
Por lo que hace al ombudsman local, participó en la presentación de la campaña Contra la ESCI (explotación sexual comercial infantil), ¡Simplemente, no lo aceptamos!, que realiza Infancia Común, AC, donde dijo que “dentro de una perversa normalidad, las mujeres viven de manera cotidiana una violencia estructural, de tal magnitud que México ha tenido que acuñar el término feminicidio para dar cuenta de una problemática como la sucedida en Ciudad Juárez, Chihuahua”.
Las expresiones de esta guerra, explicó, son tan cotidianas como impactantes: insultos, amenazas, críticas destructivas, silencios incómodos e indiferencia; justamente lo que despedaza la autoestima de las niñas, además de que de “manera sistemática se les educa para obedecer, para agacharse y para callarse”.
Resaltó que la legislación para enfrentar ese fenómeno es ambigua e insuficiente, garantiza recursos al agresor y desprotege a las víctimas. “El Estado abdica de su responsabilidad de protegerlas; no hay refugios que les permitan iniciar un proceso judicial en condición de resguardo, ni existen políticas públicas para apoyarlas en los procesos judiciales, que son muy largos”, por lo que pidió generar acciones de Estado y un entorno seguro, por medio de albergues en todas las delegaciones, para que niñas y mujeres estén a salvo de sus agresores, con todo el respaldo del Ministerio Público.
Por lo que se refiere a la ley promulgada el viernes por el GDF en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, se establece que para hacer frente a la trata de personas, el abuso sexual y la explotación sexual comercial infantil se creará una comisión interinstitucional que presidirá el jefe de Gobierno del DF y en la que participarán instancias que van desde la Procuraduría de Justicia local, el Tribunal Superior de Justicia del DF y delegaciones hasta académicos y organizaciones de la sociedad.
Para ello, las dependencias de gobierno deberán capacitar a su personal en el conocimiento y prevención de esos ilícitos, y crear la infraestructura necesaria para su atención, donde se comprenderán los convenios con los gobiernos federal, estatales, municipales e incluso de otros países para combatir, en unos casos, esas conductas, y para repatriar a víctimas de esas agresiones, por el otro.
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