La comisión legislativa encargada de revisar los contratos de obra pública, concesiones y compra-venta de bienes inmuebles en los que participó la empresa Construcciones Prácticas, vinculada a los hijos de Marta Sahagún –Jorge Alberto y Manuel Bribiesca Sahagún–, concluyó que los familiares de Vicente Fox Quesada “incurrieron en un quebranto al erario por mil millones de pesos”.
Elías Cárdenas, presidente del órgano camaral, confirmó que los hijos de la esposa del ex mandatario se beneficiaron con “poco más de mil millones de pesos, mediante actividades ilegales y fraudulentas”.
Al evidenciarse la violación de disposiciones legales que rigen las subastas y licitaciones públicas –expone el informe de la comisión–, los servidores públicos involucrados en el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) fueron omisos ante los vicios que empañaron los procesos de compra-venta, los cuales deben ser transparentes por tratarse de recursos públicos (...), además de que derivan en una ilegalidad y nulidad de los actos jurídicos que indebidamente se formalizaron, así como de aquellas entidades que soslayaron las solicitudes de información por parte de la comisión”
Entre los hechos ilegales que destaca el informe final del órgano legislativo –que da por concluidos sus trabajos– se encuentra que las autoridades del instituto dieron ventaja a Construcciones Prácticas en los procesos de licitación y venta de cartera, pues la empresa tuvo acceso al cuarto de datos antes de que fuera aprobada su postura para concursar, motivo por el cual ese procedimiento resultó irregular e ilegal, por contravenir lo dispuesto en las propias bases de licitación.
Asimismo, el reporte advierte que el IPAB no cumplió las funciones que tiene encomendadas para vigilar el desempeño de la empresa Fénix Administración, misma que estableció contratos con Construcciones Prácticas, los cuales “son ilegales por tener vicios de origen, derivado de la falta de observancia a las sanas prácticas que se deben hacer valer en cualquier tipo de subasta y licitación en que se manejen recursos públicos, como son la concurrencia, igualdad, publicidad y oposición o contradicción”.
Construcciones Prácticas, propiedad de Manuel Bribiesca y Miguel Isaac Khoury, no dio cumplimiento a los compromisos asumidos en las bases de participación, las cuales no son negociables, porque sus obligaciones fueron asumidas por un tercero ajeno al procedimiento, Alberto Bribiesca Sahagún, quien suscribió un cheque en favor de la empresa, situándose en un acto irregular, porque al tener parentesco y afinidad con el entonces presidente Vicente Fox Quesada, le impedía participar en el proceso de subasta.
En el informe que entregó al presidente de la Junta de Coordinación Política de San Lázaro, Javier González Garza, la comisión legislativa documenta la ilegal participación de la empresa Construcciones Prácticas en todo procedimiento de licitación pública.
“Dejó en evidencia su falta de calidad moral y cumplimiento a compromisos legales adquiridos al momento de concursar; se muestra que en todo momento se violentaron las disposiciones legales que rigen las subastas y licitaciones públicas, en los procedimientos materia de investigación de esta comisión”.
No obstante, la diputada del PRD Claudia Cruz, quien fue secretaria técnica de las comisiones encabezadas por Malú Micher y Jesús González Schmal, encargadas de investigar la participación de los hijos de Marta Sahagún en negocios presuntamente ilegales, recriminó a Elías Cárdenas por haber asumido el amparo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación otorgó a Alberto y Manuel Bribiesca contra las acciones que pudieran derivarse acusaciones judiciales en su contra.
Según la representante perredista, la decisión de Cárdenas echaría abajo las investigaciones que encabezaron Micher y González Schmal. Además denunció que no fueron convocados los integrantes del órgano legislativo a la reunión de análisis del informe final.
En respuesta, Elías Cárdenas argumentó su proceder: “el problema de la diputada Cruz es que insistía en que usáramos documentos de las dos comisiones anteriores, pero no lo hicimos porque la justicia federal así lo decidió en el amparo concedido a los Bribiesca.
“¿Debo o no acatar las decisiones del Poder Judicial? Yo le digo a la diputada que ese amparo sí tiene efectos sobre esta comisión, los cuales son extensivos en las investigaciones y conclusiones que sustentaron aquellos grupos de trabajo.
“Si invalido el amparo estoy contraviniendo una decisión del Poder Judicial, y esto nos llevaría a una consecuencia que Claudia no avizora, porque si impugna este informe, damos a los Bribiesca el flanco perfecto para invalidar el trabajo de esta comisión. Yo sé que a ella le duele, porque fue secretaria técnica de la pasada comisión.
“Que me perdone, pero yo tengo que acatar las decisiones legales. Además, cité a varias sesiones y no fueron los diputados; es más, no revisaron los documentos que se utilizaron para hacer el informe; que no se hagan los dolidos, porque en texto final hablo suavemente de su indiferencia”.
Elías Cárdenas, presidente del órgano camaral, confirmó que los hijos de la esposa del ex mandatario se beneficiaron con “poco más de mil millones de pesos, mediante actividades ilegales y fraudulentas”.
Al evidenciarse la violación de disposiciones legales que rigen las subastas y licitaciones públicas –expone el informe de la comisión–, los servidores públicos involucrados en el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) fueron omisos ante los vicios que empañaron los procesos de compra-venta, los cuales deben ser transparentes por tratarse de recursos públicos (...), además de que derivan en una ilegalidad y nulidad de los actos jurídicos que indebidamente se formalizaron, así como de aquellas entidades que soslayaron las solicitudes de información por parte de la comisión”
Entre los hechos ilegales que destaca el informe final del órgano legislativo –que da por concluidos sus trabajos– se encuentra que las autoridades del instituto dieron ventaja a Construcciones Prácticas en los procesos de licitación y venta de cartera, pues la empresa tuvo acceso al cuarto de datos antes de que fuera aprobada su postura para concursar, motivo por el cual ese procedimiento resultó irregular e ilegal, por contravenir lo dispuesto en las propias bases de licitación.
Asimismo, el reporte advierte que el IPAB no cumplió las funciones que tiene encomendadas para vigilar el desempeño de la empresa Fénix Administración, misma que estableció contratos con Construcciones Prácticas, los cuales “son ilegales por tener vicios de origen, derivado de la falta de observancia a las sanas prácticas que se deben hacer valer en cualquier tipo de subasta y licitación en que se manejen recursos públicos, como son la concurrencia, igualdad, publicidad y oposición o contradicción”.
Construcciones Prácticas, propiedad de Manuel Bribiesca y Miguel Isaac Khoury, no dio cumplimiento a los compromisos asumidos en las bases de participación, las cuales no son negociables, porque sus obligaciones fueron asumidas por un tercero ajeno al procedimiento, Alberto Bribiesca Sahagún, quien suscribió un cheque en favor de la empresa, situándose en un acto irregular, porque al tener parentesco y afinidad con el entonces presidente Vicente Fox Quesada, le impedía participar en el proceso de subasta.
En el informe que entregó al presidente de la Junta de Coordinación Política de San Lázaro, Javier González Garza, la comisión legislativa documenta la ilegal participación de la empresa Construcciones Prácticas en todo procedimiento de licitación pública.
“Dejó en evidencia su falta de calidad moral y cumplimiento a compromisos legales adquiridos al momento de concursar; se muestra que en todo momento se violentaron las disposiciones legales que rigen las subastas y licitaciones públicas, en los procedimientos materia de investigación de esta comisión”.
No obstante, la diputada del PRD Claudia Cruz, quien fue secretaria técnica de las comisiones encabezadas por Malú Micher y Jesús González Schmal, encargadas de investigar la participación de los hijos de Marta Sahagún en negocios presuntamente ilegales, recriminó a Elías Cárdenas por haber asumido el amparo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación otorgó a Alberto y Manuel Bribiesca contra las acciones que pudieran derivarse acusaciones judiciales en su contra.
Según la representante perredista, la decisión de Cárdenas echaría abajo las investigaciones que encabezaron Micher y González Schmal. Además denunció que no fueron convocados los integrantes del órgano legislativo a la reunión de análisis del informe final.
En respuesta, Elías Cárdenas argumentó su proceder: “el problema de la diputada Cruz es que insistía en que usáramos documentos de las dos comisiones anteriores, pero no lo hicimos porque la justicia federal así lo decidió en el amparo concedido a los Bribiesca.
“¿Debo o no acatar las decisiones del Poder Judicial? Yo le digo a la diputada que ese amparo sí tiene efectos sobre esta comisión, los cuales son extensivos en las investigaciones y conclusiones que sustentaron aquellos grupos de trabajo.
“Si invalido el amparo estoy contraviniendo una decisión del Poder Judicial, y esto nos llevaría a una consecuencia que Claudia no avizora, porque si impugna este informe, damos a los Bribiesca el flanco perfecto para invalidar el trabajo de esta comisión. Yo sé que a ella le duele, porque fue secretaria técnica de la pasada comisión.
“Que me perdone, pero yo tengo que acatar las decisiones legales. Además, cité a varias sesiones y no fueron los diputados; es más, no revisaron los documentos que se utilizaron para hacer el informe; que no se hagan los dolidos, porque en texto final hablo suavemente de su indiferencia”.
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