CORRILLOS

CORRILLOS

Por supuestas diferencias políticas de grupos, el gobierno del estado se retiró del proyecto del acuaférico en Iguala, a pesar de que los recursos de la Conagua ya están etiquetados, y no aportará los 12 millones que había comprometido para cubrir la deuda del municipio con la empresa Cemex, encargada de ejecutar la obra del periférico Benito Juárez. Este deslinde del gobierno estatal, se asegura en ámbitos locales, podría tener su origen en la diferencias políticas entre el gobernador Zeferino Torreblanca Galindo, y el alcalde Antonio Jaimes Herrera, quien decidió hacer equipo para el proceso interno con el ex secretario de gobierno, Armando Chavarría Barrera.

CHAVARRÍA, TRISTE PAPEL

Algunos en el PRD no entendieron cómo Armando Chavarría pasó de precandidato a gobernador, a secretario de Gobierno de su contrincante, quien en el proceso interno lo humilló, no sólo al presionarlo para que renunciara, sino apabullándolo con los resultados de la elección. Algunos dijeron que era una estrategia para apuntalar su candidatura a gobernador y suceder a Torreblanca. Un pacto, pues, se comentó en los corrillos perredistas. Cuando se nombró a Julio Ortega como Enlace Político y luego a Humberto Sarmiento como coordinador del Ejecutivo, se dijo que Chavarría era anulado como secretario de Gobierno y se habló de una ruptura que se evidenció tras la candidatura en Acapulco de Gloria Sierra. Otra vez, dicen, que Chavarría cedió y terminó por apoyar a la candidata, a cambio del pacto que lo llevaría a Casa Guerrero dentro de tres años. Pero no hay tal. Una estructura paralela es la que se encarga de la campaña y el hombre de la UAG, otra vez, se ha quedado como el chinito de los cuentos: nomás milando.

CASO LA ROPA

Ambos en campaña por la alcaldía de Zihuatanejo, ni el candidato del PRI, Alejandro Bravo Abarca, ni el del PRD, Amador Campos Aburto, escapan de un pesado lastre: el caso del desarrollo residencial La Ropa, promovido por el Fibazi en 2003 y construido sin autorización de la Semarnat. Resulta que la Dirección General de Riesgo Ambiental envió un oficio a Bravo, cuando era titular del Fibazi, para desautorizar la obra, y extendió copia a Campos, quien era alcalde. El oficio número S.G.PA/DGIRA.DEI.0048.04, fechado el 20 de enero de 2004 y firmado por el director general, Juan Ricardo Juárez, en el DF. La sorpresa fue que el desarrollo siguió adelante, con el aval de los hoy candidatos y se construyó, pese a violar todas las normas.

http://www.lajornadaguerrero.com.mx/2008/09/12/index.php?section=opinion&article=004a1pol