Preocupa a dos ONG el caso de cinco me’phaa detenidos; envían carta a Zeferino

Preocupa a dos ONG el caso de cinco me’phaa detenidos; envían carta a Zeferino



Redacción


La Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) y el Grupo de Trabajo sobre Latinoamérica (LAWG) –ambas siglas en inglés– dos importantes organizaciones de derechos humanos de Estados Unidos, escribieron una carta al gobernador Zeferino Torreblanca Galindo, por el caso de los cinco indígenas me´phaa de El Camalote que están presos por el homicidio de un informante del Ejército.
Ambas organizaciones manifiestan su profunda preocupación por los cinco integrantes de la Organización del Pueblo Indígena me’phaa (OPIM), quienes fueron detenidos por un retén de las llamadas Base de Operaciones Mixtas (BOM) en cumplimiento de una orden de aprehensión en su contra por homicidio calificado en contra de Alejandro Feliciano García, el 17 de abril. Indican que otros diez miembros de la OPIM han recibido órdenes de aprehension por el mismo homicidio.
WOLA es una organización no gubernamental que promueve los derechos humanos, la democracia, la justicia en el ámbito social y económico en Latinoamérica y el Caribe, y LAWG es una de las coaliciones más antiguas enfocada a la política exterior y la educación en Latinoamérica y promueve los derechos humanos, la justicia, la paz y el desarrollo sustentable.
En la carta enviada a Torreblanca Galindo por la investigación en torno al homicidio de Alejandro Feliciano García dice que de acuerdo con denuncias anteriores de la OPIM, fue obra de un grupo paramilitar al que éste pertenecía. El caso había estado completamente estancado, sin embargo, de manera sospechosa se reactivó la investigación y el pasado 10 de abril, unas pocas horas después de haber exhumado el cuerpo de la víctima, se consignó la averiguación y se libraron 15 órdenes de aprehensión en contra de los integrantes de la OPIM.
En la misiva subrayan que es preocupante que antes de llegar a la cárcel, los cinco detenidos reportaron que recibian amenazas de muerte y que fueron torturados. Asimismo, por haber estado denunciando la violación de Inés Fernández y la esterilización forzada de 14 hombres en su comunidad, y los constantes ataques y amenazas por militares y los policías. Además, el 9 de febrero un integrante de la OPIM, Lorenzo Fernández, fue hallado muerto en Ayutla de los Libres con huellas de tortura.
Por lo anterior, en el documento solicitan que las autoridades dicten una resolución independiente, imparcial y apegada a derecho en el caso de los cinco indígenas me´phaa detenidos y los otros 10 miembros de la OPIM que tienen órdenes de aprehensión en su contra.
“También instamos que el Estado garantice la seguridad e integridad física de los integrantes de la OPIM y que asegure que no haya violaciones a los derechos”, indican.
En la carta expresan ambas organizaciones su inquietud ante el alto nivel de militarización en esa región. Ya que han llegado un gran número de militares y policías a la región de Ayutla y ellos han instalado retenes en varias partes de esta zona.
Indígenas me´phaá y na savi de Ayutla de los Libres denunciaron que han sido acosados, hostigados e intimidados y que han estado sufriendo violaciones a sus derechos humanos por parte de militares, efectivos de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI), agentes de la Policía Investigadora Ministerial (PIM) y policías estatales, los cuales buscan vincularlos con la “guerrilla” y detener a campesinos para acusarlos de la emboscada ocurrida el pasado 31 de marzo, en un camino rural de Ayutla, en que murieron cuatro policías municipales y un empleado de Telégrafos que lleveban 600 mil pesos del programa Oportunidades para entregar en comunidades indígenas.
“Estos acosos y la emisión de órdenes de aprehensión y la detención de dirigentes de la OPIM se inscriben en el contexto de la criminalización sistemática de la protesta social por parte del gobierno de Guerrero. Por esto, solicitamos que se detenga la militarización excesiva e injustificada en las regiones de la Costa Chica y la Montaña de Guerrero y que cese la criminalización de la protesta social en el estado”, expresan.


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