Reportaje transmitido en el programa “Punto de partida” de
Denisse Maerker. Televisa.
martes, 28 de julio de 2015
La consulta ciudadana de Segob; nueva burla para los familiares de víctimas de desaparición forzada
Posicionamiento de la Campaña
Nacional Contra la Desaparición Forzada
27 de julio 2015
El día 23 de julio, en un evento
realizado por la Secretaría de Gobernación y presidido por el Subsecretario de
Derechos Humanos, se dio a conocer un cuestionario, que ya se encuentra en
línea, para “consultar” a las familias, organizaciones civiles, expertos y
académicos sobre qué debe contener la “Ley General para la Búsqueda de Personas
No Localizadas y la prevención y sanción del delito de la Desaparición
Forzada”. En relación a esto, la Campaña Nacional Contra la Desaparición
Forzada nos pronunciamos en lo siguiente:
1.- La forma en que el Estado
mexicano busca legitimar su propuesta de Ley con las familias, organizaciones
de derechos humanos y sociedad en general que vienen demandando acciones
concretas ante la política de Desaparición Forzada y por la presentación con
vida de las víctimas de desaparición forzada, sólo demuestra la verdadera falta
de voluntad política del Gobierno de Enrique Peña Nieto para oír de viva voz y
tomar en cuenta las exigencias y las propuestas de las familias que, desde la década
de los 70 hasta el día de hoy, exigen, ante esta grave violación a los derechos
humanos, Memoria, Verdad, Justicia, Reparación integral y, sobre todo garantías
de No Repetición.
2.- El nombre de dicha Ley, (Ley
General para la Búsqueda de Personas No Localizadas y la prevención y sanción
del delito de la Desaparición Forzada) que se pretende presentar cuando el
Ejecutivo rinda su 3er Informe de Gobierno, ante una nueva legislatura en la
Cámara de Diputados, muestra la negativa del Estado de aceptar su
responsabilidad directa en las desapariciones forzadas y de manera indirecta en
las desapariciones cometidas por particulares, en tanto dicha iniciativa lleva
por nombre “Ley General para la Búsqueda de Personas No Localizadas y La
prevención y sanción del delito de Desaparición Forzada” en lugar de una Ley
General para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar la Desaparición Forzada
de Personas y la Desaparición de Personas cometida por particulares. Lo cual,
además de ser una burla a la sociedad, al Comité Contra las Desapariciones
Forzadas de la ONU y a las mismas familias; contraviene lo establecido en la
reforma constitucional al Artículo 73 que faculta al Congreso a legislar Leyes
Generales en materia de Desaparición Forzada y otras formas de privación de la
libertad contrarias a la Ley.
Al hablar de personas No
localizadas queremos señalar primero, que este hecho no configura per se un
delito, ya que no se encuentra tipificado jurídicamente y que es una forma de
evadir la responsabilidad estatal en los casos de desaparición forzada y
desaparición a manos de particulares; segundo, que desde hace años en nuestro
país se han implementado protocolos de búsqueda para personas No Localizadas o
Extraviadas, las cuales en su mayoría son buscadas en hospitales, Semefos y
Centros de Internamiento de Salud Mental, dado que en muchos de estos casos el
sujeto No localizado puedo haber sufrido un accidente o pudiera padecer de
alguna enfermedad que le impida regresar por su propio pie a su hogar.
En el caso de menores de edad,
principalmente infantes, en su mayoría, se denuncia que fueron sustraídos por
alguno de los padres o familiar cercano, en otros casos son sustraídos por
personas extrañas en presencia de los padres, a lo cual se le conoce comúnmente
como “robo de infantes” para lo cual existe la Alerta Amber que se implementa
en todo el país para dar con el paradero de estos.
3.- Retomando algunos puntos del
“cuestionario-consulta” en línea, hay que mencionar, que más del 80% de éste
está enfocado a personas No Localizadas y, sólo en las últimas 4 preguntas
habla sobre Desaparición Forzada. Con lo cual no se contempla a cabalidad la
prevención, sanción, investigación y búsqueda de los casos de desaparición
forzada y desaparición cometida por particulares. Lo que pone al descubierto,
una vez más, la falta de voluntad política del Estado mexicano a reconocer esta
grave problemática, ya que busca por todos los medios eludir su responsabilidad
de investigar y buscar a todas aquellas personas que por comisión o aquiescencia
hayan sido desaparecidas por el Estado. Lo cual permitirá que la Impunidad sea
permanente para el Estado.
Es importante recordar que desde
hace varios años, los familiares de víctimas de desaparición forzada han
exigido una Ley General contra la Desaparición Forzada. Ley que ha sido
presentada como iniciativa en ambas Cámaras desde 1999 y por la falta de
voluntad política, y por la indiferencia del Estado mexicano nunca se ha
aprobado una Ley que investigue, sancione, prevenga y repare las desapariciones
forzadas y la desaparición de personas cometida por particulares.
Por todo lo anterior; como
sociedad es nuestro debe denunciar que es el Estado mexicano quien comete de
manera sistemática y generalizada las desapariciones forzadas.
A raíz de los hechos ocurridos en
Iguala, Guerrero el 26 de septiembre del 2014; donde 43 estudiantes de la
Normal Rural “Isidro Burgos” fueron detenidos – desaparecidos por policías
municipales y con la presunta participación del 27º Batallón del Ejército
mexicano, diversas instancias internacionales se han sumado con mayor ímpetu a
la exigencia nacional de la promulgación de una Ley General contra las
Desapariciones Forzadas.
El Estado mexicano tiene la
oportunidad histórica de comenzar a dar pasos para erradicar la desaparición
forzada de personas y para crear un marco jurídico adecuando para la prevención
y sanción del delito, sin embargo en el mismo título de la Ley que propone y en
el contenido del cuestionario que ha dado a conocer de manera pública hace ver que
sólo busca aparentar que está haciendo acciones para atender la problemática de
la desaparición forzada en lugar de afrontar el problema en su exacta
dimensión.
Nuestra exigencia es la
aprobación de una Ley General para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar la
Desaparición Forzada y Desaparición de Personas cometida por particulares, la
cual contenga lo siguiente:
1. Definición y tipificación del
delito de Desaparición Forzada acorde al artículo 2 de la Convención
Internacional.
2. Definición y tipificación del
delito de desaparición de personas de acuerdo al artículo 3 de la Convención
Internacional.
3. Dentro de la Ley General se
debe poner explícito que son Agentes del Estado los que comenten el delito de
desaparición forzada, de igual manera son responsables por omisión en la
búsqueda, investigación y sanción a los responsables tanto por los casos de
desaparición forzada o por las desapariciones de personas.
De igual manera, para que esta
Ley tenga efecto en su aplicación y se pueda garantizar la justicia a las
víctimas y sus familiares; se deberá reformar a la par el Código Penal Federal
en materia de desaparición forzada, el cual actualmente se encuentra tipificado
en el Capítulo III Bis del Título Décimo, Libro Segundo, el cual solamente se
enfoca a la sanción a los servidores públicos de acuerdo al Art. 108
Constitucional, dejando fuera a diversas instancias que forman parte de la
estructura del Estado como es el caso de las Fuerzas Armadas.
La Ley General debe recoger tanto
las Sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado
mexicano, principalmente la del Caso Rosendo Radilla Pacheco contra México,
donde hace una serie de resolutivos que sentaron precedente para los casos de
Desaparición Forzada en México y la cual hasta la fecha no ha sido cumplido en
su totalidad. Los apartados específicos como los relacionados a la omisión en
la búsqueda inmediata y criminalización a las víctimas y familiares
establecidos en la Sentencia Campo Algodonero, así como también el apartado en
materia de justicia militar establecido en la Sentencia de Valentina Rosendo
Cantú y otra, en la cual se especifica que para graves violaciones a Derechos
Humanos cometidas por Fuerzas Armadas estas deberán ser juzgadas por tribunales
civiles sin la injerencia de los cuerpos castrenses en todo el proceso.
Mientras el Estado mexicano, siga
empecinado en NO reconocer su total responsabilidad en la comisión de los
delitos de Desaparición Forzada y desaparición de personas cometida por
particulares, como sociedad NO debemos, primero: avalar la “consulta”
presentada por la Segob; segundo, debemos exigirle al Estado mexicano que
redacte una Ley General que cumpla con la totalidad de las recomendaciones
hechas por las instancias Internacionales y contar con la plena satisfacción de
todas las familias, organizaciones de derechos humanos, populares y sociedad en
general, con la finalidad de que se garantice la NO REPETICIÓN de la comisión
de estos delitos y, el acceso a la Verdad y la Justicia a las familias y,
tercero: NO permitir mínimos a negociar para la aprobación de esta Ley General,
en tanto que el Estado mexicano, al día de hoy, ha mostrado, nuevamente, que lo
único que busca es “cumplir” un requisito ante la presión internacional sin
hacer absolutamente nada para frenar estos actos que se han incrementado en el
presente sexenio.
Por lo que, como Campaña Nacional
contra la Desaparición Forzada, hacemos un llamado urgente a todas las
familias, organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales, así
como a la sociedad en general a pronunciarse en contra de la iniciativa
Preferente del Ejecutivo.
De igual manera exigimos al
Estado mexicano, principalmente a ambas Cámaras, desechen dicha iniciativa al
no cumplir con los estándares internacionales y ser contraria al Art. 1º
constitucional.
Coordinación de la Campaña
Nacional Contra la Desaparición Forzada: Comité de Familiares de Detenidos
Desaparecidos “Hasta Encontrarlos”, Comité Cerezo México, Comité de Solidaridad
y Derechos Humanos Monseñor Romero, Albergue Tochan, Servicio Internacional
Cristiano de Solidaridad con los pueblos de América Latina «Oscar Arnulfo
Romero», Colectivo La´j´k-Hormiga, Taller de Desarrollo Comunitario AC y Comité
de Familiares y Amigos de Secuestrados, Desaparecidos y Asesinados en Guerrero
domingo, 26 de julio de 2015
Octavo aniversario de la RvsR
Este 10 de junio de 2015 nuestra
Red Contra la Represión cumple ocho años. La razón de su existencia
lamentablemente está vigente. La reacción cada vez más violenta y brutal del
Estado mexicano desde el 2006 ha continuado, incluso, se ha incrementado y se ha
multiplicado. La prisión política está presente en cualquier expresión de
dignidad; las desapariciones sólo quedan en legajos judiciales sin sentido y
lejos de aclararse, aumentan; los asesinatos políticos no han cesado,
tristemente también muestran el desprecio hacia nuestros compañeros indígenas,
pues mayoritariamente son ellos los asesinados, como muy bien nos lo han
expresado en algunas reuniones: a nosotros no nos detienen, nos matan; la
violencia contra la mujer es una realidad alarmante; las injusticias
prevalecen, los crímenes sexuales sucedidos en San Salvador Atenco, y que nos
muestran la tortura sexual como parte de los métodos represivos del poder, se
mantienen impunes; la persecución política es un acto cotidiano para tantos y
tantas; las agresiones contra las comunidades zapatistas duelen, la violencia
contra un proyecto autonómico del que siempre tenemos algo que aprende -y que
es una bofetada al poder, al capitalismo- y, por lo tanto, es una afrenta que
no es perdonada, ahí que las agresiones hacia ellas son más violentas; la
impunidad es una constante. Y está, como lo han analizado los zapatistas,
también la tormenta que se aproxima. Los indicios de Oaxaca y Guerrero lo
muestran así: la ya descarada coordinación de grupos de choque y bandas
paramilitares con la policía y el ejército; el ejército mismo disipa
manifestaciones, fuerzas federales allanan domicilios y asesinan compañeros.
En estos ocho años hemos sido
solidarios, hemos buscado coordinar nuestra rabia frente al poder, sus injusticias
y sus crímenes. Creemos que también tenemos que celebrar nuestra existencia
pues a pesar de las tantas dificultades individuales y colectivas de quienes se
asumen como RvsR, desde cada una de nuestras geografías, no hemos permitido el
olvido de nuestros presos, nuestros desaparecidos, de las injusticias e
impunidades, no hemos permitido el olvido de nuestros muertos.
Celebramos la solidaridad
internacionalista de este continente, de Europa, del norte de África, Oceanía ,
Asia y Medio Oriente, desde donde se duelen y realizan diversos actos,
manifiestan su digna rabia, se organizan, y abrazan solidariamente las luchas y
las resistencias.
Refrendamos nuestros compromisos
de aquel domingo 10 de junio de 2007 cuando se reunieron organizaciones,
colectivos, grupos, familias e individuos adherentes a la Sexta Declaración de
la Selva Lacandona junto con la representación de la Comisión Sexta del EZLN y
compartieron su testimonios frente a la represión y sus respuestas ante ésta.
Refrendamos, desde cada rincón en
que se encuentra la RvsR combatir esta terrible Rueda del Capitalismo,
prevenirla en la medida de las posibilidades.
Un abrazo fuerte frente a esta
tormenta que se aproxima, un abrazo fuerte porque, como toda tormenta, pasará y
la sabremos resistir.
Contra el despojo y la Represión:
¡la solidaridad!
Red Contra la Represión y por la
Solidaridad
(RvsR)
Zapatismo de las mujeres indígenas
Presentación del Libro “ Zapatismo de las mujeres indígenas” en la FILPM 2015.Febrero de 2015.
lunes, 15 de junio de 2015
Comunicado del PDPR - EPR
AL PUEBLO DE MÉXICO
A LOS PUEBLOS DEL MUNDO
A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
NACIONALES E INTERNACIONALES
A LOS ORGANISMOS NO
GUBERNAMENTALES DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS
A LAS ORGANIZACIONES POLÍTICAS,
POPULARES Y REVOLUCIONARIAS
A TODAS LAS VÍCTIMAS DEL
TERRORISMO DE ESTADO
AL MAGISTERIO DEMOCRÁTICO
¡HERMANOS, HERMANAS, CAMARADAS!
El reciente proceso electoral se
dio en el marco del terrorismo de Estado y un creciente repudio popular al
régimen neoliberal y a la democracia burguesa, porque durante 33 años se han
aplicado políticas que obedecen a los intereses oligárquicos e imperialistas,
que han generado la pauperización y el desempleo generalizados en todo el país.
Una verdad se confirma una vez
más, ha quedado demostrado que el sistema político electoral como expresión de
la democracia burguesa nunca ha representado los intereses ni solucionado las
demandas populares, toda vez que los políticos de oficio que conforman la
actual junta administrativa, siguen teniendo un carácter antipopular y
represivo. En ninguno de los poderes de la nación y niveles de gobierno están
representados los intereses del pueblo.
En su generalidad, el proceso
electoral se caracterizó por ser militarizado hasta la médula; durante su
proceso se incrementaron los crímenes de lesa humanidad como la desaparición
forzada y los asesinatos extrajudicales, la detención masiva de luchadores
sociales, el asesinato político, la masacre a mansalva, la generalización de
actos represivos en todo el país y el paramilitarismo embozado de
"ciudadanos inconformes" como punta de lanza para reprimir. La
exigencia del INE para "aplicar una estricta institucionalidad" sin
violar los derechos humanos es un bufonada, aplicar la institucionalidad es
ejercer la represión contra el pueblo inconforme.
La crisis estructural capitalista
en México no ha desaparecido, por el contrario sus contradicciones que le
dieron origen se han profundizado y aquella se manifiesta crudamente en una
crisis política del régimen, en correspondencia la democracia burguesa por la
que se rasgan las vestiduras en su defensa los políticos de oficio y
cancerberos del capital, se encuentra profundamente desgastada y no tienen
credibilidad ante el pueblo, razón que da explicación a la existencia del
abstencionismo político en sus diferentes expresiones.
La protesta, la indignación y el
cuestionamiento del pueblo al gobierno antipopular es muy grande y diseminada
en todo el país, ¿Qué esperaban señores administradores del capital?, ni
secuestro a la democracia, ni juego a la derecha, ni agua para el molino
priista, ni chantaje político al gobierno para defensa de prebendas, ni violencia
para evitar el libre voto, lo que aconteció en el país es la expresión de la
voluntad popular de repudio contra sus explotadores y opresores.
Una democracia que necesita del
aparato represivo sólo pone en evidencia el grado de la crisis política que
enfrenta, en este caso, el descrédito generalizado, la pérdida de credibilidad
del pueblo tanto en las instituciones como en los políticos de oficio.
Desde el Estado, los empresarios,
los políticos de oficio y los monopolios de la comunicación se rasgan las vestiduras
para defender la dictadura del capital ante las protestas populares contra el
proceso electoral que expresan la voluntad popular de combatir contra el
régimen y sus instituciones; si ardieron los símbolos de la democracia
burguesa, es la crítica política combativa de las masas contra el dominio
burgués. El Estado mexicano ha sido desenmascarado, el proceso electoral ha
sido puesto tal cual es, como una farsa.
Las formas burguesas de hacer
política en el proceso electoral ponen al descubierto el lodazal en el cual se
practican, candidatos y partidos políticos recurren a todo tipo de chapucerías
para "convencer" y coaccionar al pueblo para que voten por sus
verdugos, para legitimar al régimen. ¿Cuándo propondrán una ley para castigar a
los que no votan? Más del 50% de abstencionismo político expresa todo el
repudio popular y la ilegitimidad del régimen.
Ante el cuestionamiento al
régimen expresado en las movilizaciones populares y el abstencionismo político
los cancerberos del capital todo lo quieren encajonar en el corporativismo y
las formas burguesas de hacer política creando falsos dilemas, la esencia de la
solución a los problemas del pueblo no es la perfectibilidad de las
instituciones burguesas que se queda enredada en las formas del fenómeno, sino
en comprender la necesidad histórica de una nueva revolución.
La militarización y la represión
se acentúa donde existe mayor inconformidad y protesta popular al régimen, esa
es la respuesta de la actual junta administrativa, una exigencia de la oligarquía
y los monopolios de la comunicación.
El movimiento magisterial popular
es objeto de esta política de Estado que ha estado preparando la ruta de la
represión con el linchamiento mediático y la criminalización de su lucha y
legítimas demandas. Resulta que luchar por la libertad de los presos políticos,
la presentación con vida de los detenidos-desaparecidos, por la defensa de la
educación pública y el trabajo como derecho, contra el terrorismo de Estado y
el derecho a la vida, para los defensores del gobierno antipopular es un delito
y debe ser castigado de manera ejemplar, lo que expresa el carácter represivo y
los rasgos fascistas del régimen neoliberal.
A estas alturas se cierne con
mayor peligro la espada de la represión sobre el movimiento magisterial
popular, como una venganza política por haber promovido el abstencionismo
político consciente combativo; por haber desenmascarado al régimen como autoritario
y antidemocrático; por haber exhibido a la democracia burguesa en su exacta
dimensión, como una farsa.
Las calles y plazas públicas son
del pueblo, no de los políticos de oficio, mucho menos de los administradores
del régimen, negar su uso para la lucha popular constituye parte de la
represión y la apología de la propiedad privada.
La negativa al diálogo por el
gobierno federal constituye cerrazón política, expresión autoritaria y un
ultimátum para reprimir, con tal amenaza se persigue desmovilizar y dividir al
magisterio democrático y al pueblo que apoya su lucha por ser de él.
Ante la amenaza de la escalada
represiva ingenuo sería no tomar medidas de protección individual y colectivas;
los símbolos de la resistencia –capucha, paliacate, pasamontañas, el machete,
el palo...- son necesarios y constituyen necesidad política para elevarlos como
parte de la autodefensa de las masas, que de la creatividad de éstas surjan las
formas organizativas para generalizar la autodefensa armada del pueblo.
En esta cruzada represiva del
régimen ninguna lucha puede dejarse sola, es momento de forjar con mayor
apremio la unidad popular con la generalización de las acciones políticas de
masas como expresión concreta de la solidaridad política.
¡VIVOS SE LOS LLEVARON, VIVOS LOS
QUEREMOS!
¡A SEGUIR EXIGIENDO LA
PRESENTACIÓN CON VIDA DE TODOS LOS DETENIDOSDESAPARECIDOS DE AYER Y HOY!
¡A ORGANIZAR LA LUCHA CONTRA EL
TERRORISMO DE ESTADO!
¡LIBERTAD A TODOS LOS PRESOS
POLÍTICOS DEL PAÍS!
¡POR LA REVOLUCIÓN SOCIALISTA!
¡VENCER O MORIR!
¡POR NUESTROS CAMARADAS
PROLETARIOS!
¡RESUELTOS A VENCER!
¡CON LA GUERRA POPULAR!
¡EL EPR TRIUNFARÁ!
COMITÉ DE PRENSA Y PROPAGANDA DEL
PARTIDO DEMOCRÁTICO POPULAR REVOLUCIONARIO
PDPR
AÑO 51
República mexicana, a 11 de junio
de 2015.
COMUNICADO DEL TADECO EN RELACIÓN A LA REUNION DEL COMITÉ CON LA COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS EL DIA 11 DE JUNIO
El pasado jueves 11 de junio,
como resultado de las gestiones que la Red Enlaces Nacionales a la que
pertenece nuestro Comité realiza ante instancias del gobierno federal, llevamos
a cabo en las instalaciones de la CODDEHUM en la ciudad de Chilpancingo, una
reunión de “primer contacto” con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas
(CEAV), representantes de segundo y tercer nivel del gobierno estatal y el
encargado del despacho de la Presidencia de la Coddehum Ramón Navarrete.
Esta reunión había sido concertada
desde el 25 de mayo, pero el lunes 8 de junio, el comisionado Julio Hernández
Barros trató de suspenderla acá en Chilpancingo y nos citaba para el miércoles
10 en la Ciudad de Cuernavaca Morelos, a lo cual nos negamos y tuvimos que
solicitar al Presidente de la CEAV Sergio Jaime Rochín del Rincón que se
cumpliera con el compromiso establecido, lo cual finalmente sucedió.
Al inicio de la reunión del
jueves 11, tuvimos que solicitar al comisionado Julio Hernández que se
invirtiera el orden del día de intervenciones prevista en el desarrollo de la
misma, pues después de 12 saludos y mensajes de diversos funcionarios
enlistados, se nos daría un espacio para “expresiones y comentarios diversos”
por parte de los asistentes, siendo que para nosotros, los familiares de las
víctimas deberíamos ser sujetos de la reunión y no meros expectadores.
Así mismo, acordamos que se
levantaría una minuta que se nos haría llegar para validar los acuerdos y
darles seguimiento, la cual hasta la fecha no se nos ha enviado.
Por ello nos llama la atención y
es motivo de éste comunicado, que la CEAV haya difundido en diferentes medios
un comunicado titulado “Ofrece la CEAV ventanilla única para atender a
familiares y representantes de personas desaparecidas en Guerrero”, donde destaca
algunos de los ofrecimientos hechos en materia de asistencia y ayuda
permanentes a través de un mecanismo interinstitucional, que permita a las
víctimas el acceso digno a la justicia y al conocimiento de la verdad
histórica” y enlista a una serie de funcionarios estatales y de la misma CEAV.
Al respecto nos parece necesario
señalar lo siguiente:
1.- Desde el día 25 de mayo
hicimos entrega al comisionad Julio Hernández el documento “Requerimientos a la
CEAV del Comité de Familiares y Amigos de Secuestrados, Desaparecidos y
Asesinados en Guerrero”, cuyo contenido reiteramos en la reunión del día 11 de
junio y del cual seguimos esperando respuesta puntual, aunque algunos puntos se
tocaron en ésta reunión.
2.- La reunión se llevó a cabo
con nuestro Comité de Familiares y Amigos de Secuestrados, Desaparecidos y
Asesinados en Guerrero, integrado desde hace ya 8 años, con integrantes del
Taller de Desarrollo Comunitario en su calidad de acompañante e integrante de
nuestro Comité y a invitación también nuestra, con representantes del Comité
del 60, por lo que nos extraña que en ningún momento se haga referencia a
nosotros ni a los familiares que intervinieron ante ellos en dicha reunión.
Pareciera ser que se reunieron
con fantasmas y nos parece indigno e irrespetuoso que destaque la participación
de burócratas representantes de la CEAV y del gobierno estatal, cuando la razón
de ser del contenido de la reunión y de la materia de su trabajo por el cual
devengan su salario, es el dolor y el viacrucis de las familias de las víctimas
de la violencia que genera y encubren las instituciones para las que trabajan.
Además dejamos claro que nuestra interlocución con la CEAV será a través de
nuestro Comité, lo cual tampoco mencionan.
2.- El comunicado de la CEAV menciona
que se nos ofreció “una ventanilla única de atención, que les permita resarcir
el daño que han sufrido y recuperar un proyecto digno de vida”, lo cual forma
parte de nuestra añeja demanda de implementar un plan emergente de apoyo
destinado al sostenimiento de las familias de las víctimas y al apoyo a la
coadyuvancia de las mismas en las investigaciones, conforme sus derechos y
garantías establecidos en la Ley General de Víctimas (LGV).
En éste sentido, nos parece
importante que se abra la posibilidad de hacer esto realidad pues la situación
de las familias es difícil y en muchos casos precaria, sin embargo, después de
escuchar al propio comisionado deslindar a la CEAV de garantizar la
investigación y el esclarecimiento de los casos (lo cual es una de las
deficiencias de la LGV que hemos señalado), nos preocupa la intención de
canjearnos apoyos por la verdad y la justicia y de involucrarnos en una
situación de confundir lo inmediato por lo importante. Nos preocupa también que
la ventanilla única que se nos ofrece, se realizará con dependencia e
instancias del gobierno estatal que por años nos ha despreciado, minimizado,
engañado y hasta criminalizado y reprimido, además de la inestabilidad del
actual gobierno estatal y la inminente llegada del próximo encabezado por un
personaje que nos reprimió en febrero del 2011 al desalojarnos de la Plaza
Cívica Primer Congreso de Anáhuac y despojarnos de nuestros recursos y
materiales de apoyo a las familias de las víctimas.
3.- En todo momento el comunicado
de la CEAV destaca el ofrecimiento de apoyos y da la idea de dar garantía a
todos los derechos que tienen las víctimas, sin embargo, queremos dejar claro
que aún nos falta pasar por el filtro del Registro Nacional de Víctimas, que la
llamada ventanilla única realmente sea realmente eficiente, eficaz y oportuna y
no nos enrede en trámites burocráticos, gestiones interminables, nos bloquee
con sus llamadas reglas de operación y que la atención institucional no se
de manera discrecional favoreciendo a
grupos de presión de cualquier índole.
4.- Nos preocupa habernos
enterado en ésa reunión de que en meses pasados el Congreso Local expidió una
Ley de Víctimas a nivel estatal, incluso con el conocimiento y la participación
de la CEAV (confirmado en ésta reunión por el mismo comisionado) para cuya
elaboración no fuimos consultados (desconocemos si otros familiares de víctimas
lo fueron) y no nos extrañaría que dicho procedimiento se haya realizado
totalmente a espaldas de la sociedad guerrerense, de manera discrecional y a
modo del estado y que ahora de la misma manera pretendan integrar la Comisión
Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, violando nuevamente nuestro derecho a
la consulta y a la iniciativa ciudadana.
5.- El comunicado de la CEAV no
da cuenta de los aspectos que le fueron planteados por nuestro Comité y a los
cuales no dio respuesta.
a).- Que se integre un Plan de
Búsqueda de la Verdad que permita reabrir todos los casos presentados por
nuestro Comité y se reactive la investigación con los familiares de las
víctimas como coadyuvantes, haciendo valer sus derechos establecidos en la LGV
en éste aspecto.
b).- Que se tomen muestras de ADN
de los integrantes de nuestro Comité y se confronten de manera científica y
profesional con los restos humanos encontrados en diversas fosas en los
diferentes municipios de la entidad durante los últimos años, además de que
dichos restos sean manejados con respeto, de manera profesional y de acuerdo a
los estándares internacionales sobre identificación y manejo de restos.
c).- Que se apoye la creación del
Centro de Atención a Víctimas de la Violencia Social en Guerrero y se restituya
nuestro Módulo de Información, Cultura y Denuncia en la Plaza Cívica de
Chilpancingo, conforme las recomendaciones de la Coddehum y la CNDH. Al
respecto se le recordó al representante de la Secretaría de Gobierno, la
solicitud de audiencia con el gobernador para tratarle éste tema que fue
traicionado por su antecesor y al Presidente de la Coddehum que su
recomendación sigue sin ser atendida por el Ayuntamiento de Chilpancingo.
d).- Que la CEAV se pronuncie
porque se reconozca a la brevedad la competencia del Comité contra la
Desaparición Forzada de la ONU, contemplado en el artículo 26 de la Convención
Internacional para la Protección de Personas contra la Desaparición Forzada,
que promulgue una Ley General sobre Desaparición Forzada de personas y por la
entrada en vigor de la Ley General de Víctimas de manera plena y cabal.
Finalmente, no demeritamos los
resultados de ésta “Reunión Atención de primer de contacto” con la CEAV,
entendemos que ellos realizan su trabajo al servicio del Estado mexicano, del
cual forman parte también los Agentes del Ministerio Público, fiscales,
procuradores, presidentes municipales, funcionarios públicos estatales y
federales de quienes desde hace 8 años hemos recibido un trato arrogante e
indigno que nos revictimiza y mantiene nuestros casos en la impunidad.
Sabemos que hoy contamos con una
Ley que nos reconoce derechos y esos los haremos valer y lucharemos
organizadamente por mejorarla y aplicarla cabalmente para lograr la verdad y la
justicia para nuestros seres queridos, bajo el entendido de que esta es la
mejor manera de apoyar y solidarizarnos con todos los familiares de víctimas de
la violencia y sus organizaciones, en particular con los padres y madres de los
estudiantes de la Normal de Ayotzinapa.
¡POR QUE VIVOS SE LOS LLEVARON,
VIVOS LOS QUEREMOS!
¡POR LA VERDAD Y JUSTICIA PARA
LOS ASESINADOS, SECUESTRADOS Y DESAPARECIDOS!
¡NUNCA MÁS UN DESAPARECIDO!
¡POR LA VIDA, LA LIBERTAD, LA
JUSTICIA Y LOS DERECHOS CIUDADANOS!
Taller de Desarrollo Comunitario
A.C
Comité de Familiares y Amigos de
Secuestrados, Desaparecidos y Asesinados en Guerrero
Chilpancingo de los Bravos a 14
de junio del 2015.
martes, 9 de junio de 2015
Comunicado del PDPR - EPR Veracruz
AL PUEBLO DE MÉXICO
A LOS PUEBLOS DEL MUNDO
A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
NACIONALES E INTERNACIONALES
A LOS ORGANISMOS NO
GUBERNAMENTALES DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS
A LAS ORGANIZACIONES POLÍTICAS,
POPULARES Y REVOLUCIONARIAS
A TODAS LAS VÍCTIMAS DEL
TERRORISMO DE ESTADO
¡HERMANOS, HERMANAS, CAMARADAS!
La maquinaria represiva del
Estado burgués mexicano continúa su operación de forma sistemática y
generalizada contra nuestro pueblo, de acuerdo a las directrices de la
contrainsurgencia ejecutada por el aparato policiaco-militar y paramilitar que
en su nefasta marcha va diseminando e implantando el terror por todo el
territorio nacional.
Violencia institucional dirigida
y determinada por un Estado policiaco-militar que específica y
especializadamente despliegan hacia los proyectos organizativos emergidos de
los distintos sectores populares que desarrollamos la lucha organizada de forma
independiente y revolucionaria con una conciencia de clase.
En la actualidad no hay fragmento
popular de la sociedad mexicana que no haya sido objeto directo y/o
"colateralmente" alcanzado por la sanguinaria máquina represiva del
Estado desde la legalidad e ilegalidad enmascarado en cualquiera de sus
fachadas y sus grotescas coartadas.
Acciones represivas que en la
máxima coyuntura política de la democracia burguesa, los procesos electorales,
va acompañada antes, durante y después por la militarización y
paramilitarización del santificado ejercicio democrático... el día
"D"las votaciones, en respuesta al constante y creciente repudio
popular al corrupto, elitista e ilegitimo sistema electoral mexicano, es el
combate frontal del Estado desde todas sus instituciones y aparatos contra el
abstencionismo político, que en los hechos es también una legítima y digna
expresión de la voluntad popular, en el contexto histórico pasado y actual de
la agudización de la lucha de clases en el país.
Del Valle de San Quintín a la
Península de Yucatán, del oriente al poniente de la República hay opresión y
represión política bajo la pro-fascista figura autoritaria y represiva del
mando único, que es en sí la instauración del Estado policiaco-militar y
paramilitar por encima de todo poder civil, instituciones, de los poderes
legislativo y judicial, autonomía de las entidades federativas, se reprime en
tiempos pre electorales, durante los comicios y post electorales, es decir,
todo el tiempo se reprime, porque es la esencia del Estado burgués, antipopular
y represiva.
Represión pro fascista que es
palpable en las entidades de Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Michoacán, Puebla,
ominosa lista en la que se encuentra nuestro estado de Veracruz, por la
magnitud en la comisión de delitos violatorios de los derechos humanos y
constitucionales fundamentales, así como en la práctica de crímenes de lesa
humanidad que se sólo se ejercen desde el Estado.
Es este el marco del atentado
político-criminal contra jóvenes estudiantes de la universidad veracruzana en
la ciudad de Xalapa que fueron sádicamente golpeados el pasado 5 de junio por
agentes de gobierno del Javier Duarte de Ochoa, individuo que por su debilidad política
paso a ser sólo un instrumento más de la oligarquía, sucumbió servilmente a
cuanta política antipopular y represiva se dicte desde el poder administrativo
central burgués, sin importar el partido político electoral que ocupe el cargo.
La premeditada acción represiva
contra los jóvenes estudiantes tiene un contenido y objetivo político, no hay
más que indagar, cualquier pretensión de desviar el acontecimiento utilizando
las clásicas y burdas líneas de investigación policíaca ─pasional,
delincuencial, conflicto inter-estudiantil─ constituyen una violación más a los derechos de estos jóvenes, sus
familiares y una daga a la profusa herida del pueblo y la humanidad.
La fabricación del delito para
reprimir de forma brutal el hogar estudiantil, es el castigo desde el poder
burgués por ser jóvenes, estudiantes; por forjarse una identidad y afinidad
política propia; críticos al sistema y régimen; sensibles con las condiciones
de pobreza, miseria y opresión política que vive nuestro pueblo; defender el
medio ambiente; solidarios con la luchas populares; respaldar la lucha por la
defensa y respeto a los derechos humanos; manifestarse contra los crímenes lesa
humanidad; por mostrar su posición crítica a los procesos electorales, por lo
que sea, el objetivo es arredrar, intimidar, al sector estudiantil por ser un
aliado histórico de las luchas populares.
El modo de operar de los
perpetradores, la saña con que lo hicieron, así como los testimonios de las
víctimas y familiares muestra que el Estado fue batuta y brazo ejecutor en este
crimen, aunque aconteció en nuestra entidad y los operativos policíacos y
paramilitares sean locales, no es un hecho aislado ni política sólo de un
gobierno estatal.
Tan es así, que ante el
descrédito y desgaste del gobierno del estado, sus instituciones y poderes,
criminaliza, persigue, reprime, asesina, detienen-desaparecen y ejecutan a
cientos de veracruzanos en toda la entidad por motivos políticos y sociales de
los cuales la mayoría son jóvenes, se les castiga desde el poder por apariencia
física ─fisonomía y vestimenta─; origen popular, preferencia sexual, forma de pensar y expresar sus
ideas, militancia política y por ejercer el derecho humano y constitucional a
la protesta.
La infamia y tiranía han sido una
característica de los gobiernos estatales en Veracruz, "donde nada
pasa", articulada en base a sanguinarios cacicazgos políticos tanto en la
ciudad como en el campo, que van desde presidentes municipales, vitalicios y
omnipotentes líderes gremiales, ejemplo el SNTE, SNTPRM, SUTERM, CNC, CNPR,
como los principales cotos de poder político-económico que sigue vigente,
algunos se transformaron en flamantes empresarios y políticos de oficio donde
continúan acumulando capital y poder político para sus familias y grupos, a
costa de hundir en la explotación, pobreza, despojo, miseria y opresión
política al pueblo veracruzano.
Párrafo aparte amerita la crema y
nata de la burguesía veracruzana que en su truculento y mafioso ascenso forma
parte de la oligarquía nacional y transnacional del país. Ambos segmentos de la
burguesía desde su posición inciden en el sistema electoral federal y local;
financian, infiltran y manipulan a los partidos políticos, así como a los
políticos de oficio; designan candidatos, eligen a funcionarios públicos y gobernantes;
pagan y promueven la violencia contra sus adversarios políticos conciliables y
contra sus enemigos de clase, como es el reciente crimen del 5 de junio contra
los jóvenes estudiantes. Terminan burlando e imponiendo su mezquina voluntad a
la democracia burguesa y a la voluntad popular.
Por lo anterior expuesto debe
quedar claro que los actos de resistencia y protesta contra un módulo del INE
que es una acción de resistencia y protesta contra el sistema capitalista y
régimen neoliberal, pues no se deja otra alternativa a las fuerzas colectivas
populares de manifestarse y organizarse libremente ante la criminalización,
persecución y represión de la crítica y protesta popular. El atentado del 5 de
junio fue una acción represiva por agentes del Estado, la intención
gubernamental de querer vincularlos a estos hechos diametralmente distintos, en
esencia y razón de ser, es un plan cínico y siniestro que sólo se tragaran sus
propios artífices y difundirán sus medios de comunicación fieles para tratar de
imponerla a la sociedad como verdad absoluta.
El manifestar por las diversas
formas de lucha que es la crítica contra el sistema electoral es parte de la
expresión de la voluntad popular emitida desde la alternativa independiente
política, económica e ideológicamente, expresión política que rompe con el
control corporativo del Estado y los partidos electorales.
Es la expresión de la voluntad
popular no publicitada por la dictadura de opinión. Es la manifestación genuina
del pueblo consciente contra las formas de gobernar y hacer política de la
burguesía. Es mostrar la legítima inconformidad contra una democracia sostenida
en un Estado policiaco-militar y el despliegue del terrorismo contra el pueblo.
Es la implementación necesaria de la movilización y acciones políticas de masas
ante la barbarie gubernamental.
Ante lo cual se debe continuar
con la denuncia política nacional e internacional, las movilizaciones que
constituyen acciones políticas de masas, buscando la coordinación de todos los
sectores en lucha, denunciando las violaciones a derechos humanos y
constitucionales que día a día se cometen en cualquier espacio, contra el
pueblo veracruzano y en todo el territorio nacional. Impulsando la resistencia
popular que incluye la autodefensa de las masas.
A unas horas que concluya el
presente proceso electoral el acosado y estigmatizado desde el Estado,
oligarquía, organismos políticos electorales y políticos de oficio el
abstencionismo político consciente y sus varias expresiones, dominara una vez
más el santificado ejercicio ciudadano el voto. Empero hay excepciones en esta
forma de lucha a nivel de cuadros intermedios y dirigentes pero sobre todo
sobre todo a nivel de bases, quienes hoy y siempre tienen la responsabilidad
ética y política de impulsar una lucha consecuente en todo el proceso para
defender sus convicciones políticas ideológicas y traicionar a sus bases.
¡Repudio total a la farsa electoral! ¡Repudio total al fraude electoral! ¡Con
la resistencia del pueblo la voluntad popular triunfara!
¡VIVOS SE LOS LLEVARON, VIVOS LOS
QUEREMOS!
¡A SEGUIR EXIGIENDO LA
PRESENTACIÓN CON VIDA DE TODOS LOS DETENIDOSDESAPARECIDOS DE AYER Y HOY!
¡A ORGANIZAR LA LUCHA CONTRA EL
TERRORISMO DE ESTADO!
¡LIBERTAD A TODOS LOS PRESOS
POLÍTICOS DEL PAÍS!
¡POR LA REVOLUCIÓN SOCIALISTA!
¡VENCER O MORIR!
¡POR NUESTROS CAMARADAS
PROLETARIOS!
¡RESUELTOS A VENCER!
¡CON LA GUERRA POPULAR!
¡EL EPR TRIUNFARÁ!
COMITÉ ESTATAL DE VERACRUZ DEL
PARTIDO DEMOCRÁTICO POPULAR REVOLUCIONARIO
PDPR
COMANDANCIA DE ZONA DEL EJÉRCITO
POPULAR REVOLUCIONARIO
CZ-EPR
AÑO 51
Veracruz de Ignacio de la Llave a
07 de junio de 2015.
Entrega de firmas a la SCJN Caso Edmundo y Gabriel.
Mitin informativo posterior a la entrega de firmas a la SCJN. Caso Edmundo
Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sànchez. Mayo 26 de 2015.
A 17 años de la masacre de El Charco, la impunidad continúa
Por Red Solidaria Década Contra la Impunidad
A un mes de cumplirse 17 años de
la Masacre de El Charco, ocurrida el 7 de junio de 1998, las organizaciones
nacionales e internacionales que firmamos la presente, manifestemos que;
Ante la omisión del gobierno
mexicano de investigar y sancionar a los responsables intelectuales y
materiales de las ejecuciones extrajudiciales, y torturas, violando el
principio del derecho a la verdad histórica de lo sucedido esa madrugada en la
que fueron ejecutados 10 indígenas na´savis y un estudiante universitario,
heridos 5 indígenas na´savis entre ellos un menor de edad y la tortura y
detención arbitraria de la que fueron víctimas 20 indígenas na´savis, entre
ellos 4 menores de edad, así como la entonces estudiante universitaria Ericka
Zamora Pardo y el activista social Efrén Cortes Chávez.
La Masacre de El Charco, se ha
convertido en un recuerdo doloroso de la impunidad con que actúa del gobierno
mexicano, y sobre todo, subraya su incapacidad de avanzar en materia de
derechos humanos, ya que no ha sido un hecho aislado en el país, y es, sin embargo,
un eslabón más en la cadena de impunidad que el sufrido pueblo del Estado de
Guerrero padece, entre otros hechos; la llamada “Guerra Sucia”, la matanza de
Aguas Blancas, la criminalización de la protesta social, la desaparición
forzada, ejecuciones extrajudiciales, como la del activista social, Arturo
Hernández Cardona, quien dirigía la organización “Unidad Popular”, la
desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, los encarcelamientos, órdenes
de aprehensión y hostigamiento, un ejemplo palpable es el acoso permanente a la
policía comunitaria de la Casa de Justicia de El Paraíso. El Estado mexicano,
está obligado a solucionar la grave crisis de derechos humanos en la que se
encuentra nuestro país, así como a combatir la cultura de impunidad, un primer
paso que está a su alcance es que se conozca la verdad histórica de la Masacre
de El Charco, que las víctimas y sus familiares tengan acceso a la justicia,
hay que recordar que la entonces Relatora de Ejecuciones extrajudiciales de la
ONU, Sra. Asma Jahangir, manifestó que existían “muy buenas razones para
investigar las ejecuciones extrajudiciales llevadas a cabo por las fuerzas
armadas en este incidente”, recomendación incumplida hasta el día de hoy por el
gobierno mexicano. El gobierno mexicano tiene el reto de enfrentar los desafíos
en materia de derechos humanos, como restringir la jurisdicción militar, frenar
las ejecuciones extrajudiciales, las privaciones arbitrarias, las
desapariciones forzadas y la tortura. Es necesario que se conozca la verdad
histórica de la Masacre de El Charco, que los sobrevivientes y sus familiares
tengan acceso a la justicia, que este 7 de junio, no sea un año más de
impunidad y olvido para los sin rostro de la montaña de la Costa Chica de
Guerrero.
Exigimos al Gobierno Mexicano que
los autores intelectuales y materiales de la Masacre de El Charco, sean
procesados.
Que cese el hostigamiento del que
siguen siendo víctimas los sobrevivientes, destacamos el de la defensora de
derechos humanos, Ericka Zamora Pardo.
Que el Estado Mexicano garantice
la no repetición de una masacre, la no repetición de ejecuciones
extrajudiciales.
Es el momento de escuchar las
voces de la montaña de Costa Chica de Guerrero que claman ¡Justicia!
Atentamente
Presidente de RSDCIAC Obispo José
Raúl Vera López, Fray Tomas González Castillo, Diputada Parlamentaria Dr. Gaby
KÜPPERS, Philippe Lamberts, Co-Presidente del Grupo de los Verdes/EFA en el
Parlamento Europeo, Ulrike Lunacek, Vice-Presidenta del Parlamento Europeo,
Josep-María Terricabras Presidente del Grupo ALE (Alianza Libre Europea),
Diputado Klaus BUCHNER, Alemania, Diputada Linnea ENGSTROEM, Suecia, Diputado
Peter ERIKSSON, Suecia, Diputado Martin HAEUSLING, Alemania, Diputada Eva JOLY,
Francia, Diputada Maria HEUBUCH, Alemania, Diputado Ernest MARAGALL, España,
Diputada Molly SCOTT CATO, Inglaterra, Diputado Jordi SEBASTIA, España,
Diputado Bart STAES, Bélgica, Diputado Ernest URTASUN, España, Diputada Monika
VANA, Austria, Diputada Giulia MOI, Italia, Diputada Lola SANCHEZ CALDENTEY,
España, Fondation Danielle Mitterrand – France Libertés, Asociación Americana
de Juristas (AAJ) Vanessa Ramos- President, Ong “Gilberto Bosques” París,
Movimiento Zapatista Portugués, Dramaturgo Humberto Robles, José Rosario
Marroquín Farrera S.J, Mtra Alicia de los Ríos Merino, Actriz Cecy Blue,
Alemania, Stéphane Thuault, bibliothécaire (université) Paris, Movimiento
Popular la Dignidad de Argentina, Sindicato de Trabajadores de la Universidad
Nacional Autónoma de México (STUNAM), Red de Comunidades y Trabajadores en
Lucha (RECOTRAL), Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT),
Coordinadora de Pueblos y Organizaciones del Oriente del Estado de México en
Defensa de la Tierra, el Agua y su Cultura, Colectivo el Zenzontle, Valia
Cisneros, Luis Roberto Castrillón, Isabel Sanginés Franco, Alberto Guillermo
López Limón
Responsable: María Magdalena
López Paulino
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