En agosto pasado, Humberto Morgan Colón, diputado local por el Partido de la Revolución Democrática, presentó a los integrantes de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal un punto de acuerdo por el que se exhorta al gobierno federal a no utilizar sus facultades en materia de publicidad gubernamental para premiar o castigar a los medios de comunicación, en virtud de que resulta anticonstitucional e interfiere con la independencia de éstos y la libertad de expresión.
En el punto de acuerdo, ya aprobado por la Asamblea Legislativa, se pide al gobierno federal dictar una legislación clara y específica a nivel nacional que establezca un marco sólido para la producción, distribución y control de la publicidad del sector público, con sanciones apropiadas por la violación de sus disposiciones, así como recursos adecuados que permitan a los actores involucrados impugnar asignaciones ilegales de publicidad oficial.
Lo anterior, con el fin de que la contratación y distribución de la publicidad oficial reduzca la discrecionalidad con la que se entrega, evitando la sospecha de favoritismos políticos e impida actos de corrupción. El punto de acuerdo fue enviado a la Secretaría de Gobernación. Hasta el momento, la Asamblea Legislativa no ha recibido respuesta.
En su exposición de motivos, Morgan Colón dice que el gobierno federal busca, a través del uso discrecional de la publicidad oficial, que el periodismo mexicano sea una “liturgia cortesana” practicada por informadores domesticados que no revelen información gubernamental. Agrega que todo aquel periodismo agudo, irreverente, “respondón” y honesto no forma parte de las prioridades de las autoridades en turno.
El diputado perredista reconoce que en México, como en otras partes del mundo, los medios de comunicación dependen de recursos públicos para subsistir. Necesitan que la nación les otorgue concesiones para funcionar como televisoras o radiodifusoras; y requiere del gasto público, a través de la contratación de espacios publicitarios, para garantizar el desarrollo de periódicos, revistas y espacios noticiosos en general.
Morgan Colón sostiene que la democracia depende de la calidad del debate público, ya que éste debe ser lo más robusto posible para que se multipliquen las perspectivas, visiones y razones de los ciudadanos para tomar decisiones sobre su vida pública o privada. Los medios de información escritos y electrónicos juegan un papel importante en la vida democrática del país. “No son un lujo, sino una necesidad”.
El asambleísta considera que la importancia de los medios de comunicación es socialmente estratégica por el impacto que tienen en todas las actividades de la vida diaria. La información y el análisis que proveen permiten conocer la realidad, formar opinión y vincular a los gobernantes con los gobernados.
Necesidad de publicitar
Para Morgan Colón, las autoridades tienen la necesidad de publicitarse para que la población juzgue y evalúe sus actividades. Sin embargo, el gobierno federal asigna caprichosamente el gasto destinado a difusión, dependiendo del grado de servilismo que el medio tiene hacia determinada administración o sus titulares en lo personal; lo que resulta en dispendios innecesarios.
Además no existe transparencia en las decisiones que unos cuantos toman en relación con el pago de la publicidad institucional y no hay reglas para controlar las decisiones que los políticos toman en este sentido. Se condiciona la entrega de publicidad al abandono de toda crítica.
Incluso se prefiere a los aduladores del gobierno, a los que están dispuestos a ocultar engaños y corruptelas. Salen beneficiados muchos medios informativos sin contenido y sin ética, a costa de medios valientes y con verdadero sentido profesional.
Morgan Colón sostiene que la publicidad gubernamental constituye una herramienta de presión para manipular a la prensa. No está para servir con objetividad a los intereses generales ni promueve la integración y cohesión de la sociedad; no es equitativa ni objetiva, es desproporcionada y discrimina a quienes toman posiciones críticas.
El legislador considera que la frase del expresidente José López Portillo, “no pago para que me peguen”, no ha sido desterrada de la vida política del país. Continúan los ataques físicos y asesinatos de periodistas, pero se han refinado algunos de los métodos más frontales y directos.
Asegura que todo aquel medio de comunicación que se sale del esquema paga un precio y resiente las prácticas punitivas del gobierno. Por ejemplo, dice, el semanario Proceso; José Gutiérrez Vivó y su Diario Monitor, con 30 años de antigüedad; el diario La Jornada; la revista Contralínea, de Miguel Badillo; Carmen Aristegui con su noticiero matutino en la W, y ahora la revista Forum.
Censura indirecta
Para el diputado del sol azteca, el gobierno federal utiliza presiones indirectas para interferir con la libertad e independencia de los medios; ejerce la censura indirecta, y lo hace con dinero que no le pertenece. Dentro de las formas sutiles de censura se encuentran las presiones por medio de la distribución de la publicidad oficial.
Morgan Colón explica que estas prácticas consisten en asignar o retirar pautas publicitarias en función de objetivos personales o políticos, es decir, usar recursos que el Estado posee para comunicar temas de interés público con el fin de beneficiar a medios de comunicación “cuates”, o para castigar a los críticos.
La Declaración Interamericana establece que “la utilización del poder del Estado y los recursos de la hacienda pública; la concesión de prebendas arancelarias; la asignación arbitraria y discriminatoria de publicidad oficial y créditos oficiales; el otorgamiento de frecuencias de radio y televisión, entre otros, con el objetivo de presionar y castigar o premiar y privilegiar a los comunicadores sociales y a los medios de comunicación, en función de sus líneas informativas, atentan contra la libertad de expresión y deben estar expresamente prohibidos por la ley”.
La Convención Americana de Derechos Humanos prohíbe específicamente la restricción del derecho de expresión “por vías o medios indirectos”.
Derecho a saber
Morgan Colón dice que los ciudadanos tienen derecho a conocer las actividades oficiales, las políticas de gobierno y los servicios que presta el Estado, al tiempo que el principio republicano de publicidad de los actos de gobierno es una responsabilidad.
A decir del legislador perredista, el Estado debe asumir un rol activo para propiciar la diversidad y pluralidad en los medios de comunicación y no desconocer a las voces minoritarias ni a las posturas críticas del propio gobierno.
Sostiene que es responsabilidad del gobierno federal compensar a los medios ignorados por los grandes anunciantes privados y financiar con recursos públicos su permanencia.
Sin el voto del PAN
Morgan Colón relata que en el momento de la votación, los diputados locales de Acción Nacional abandonaron el recinto legislativo. Regresaron para votar en el siguiente punto del orden del día.
A su regreso, comenta el legislador perredista, Daniel Ramírez del Valle, diputado del PAN, hizo una interlocución breve refiriendo que la Asamblea Legislativa no tenía facultad de exhortar a la Secretaría de Gobernación para que cambie su política en cuanto al reparto publicitario.
Contralínea solicitó entrevista con Miguel Hernández, coordinador de la bancada panista en la Asamblea, sin que al cierre de esta edición se tuviera respuesta.
En el punto de acuerdo, ya aprobado por la Asamblea Legislativa, se pide al gobierno federal dictar una legislación clara y específica a nivel nacional que establezca un marco sólido para la producción, distribución y control de la publicidad del sector público, con sanciones apropiadas por la violación de sus disposiciones, así como recursos adecuados que permitan a los actores involucrados impugnar asignaciones ilegales de publicidad oficial.
Lo anterior, con el fin de que la contratación y distribución de la publicidad oficial reduzca la discrecionalidad con la que se entrega, evitando la sospecha de favoritismos políticos e impida actos de corrupción. El punto de acuerdo fue enviado a la Secretaría de Gobernación. Hasta el momento, la Asamblea Legislativa no ha recibido respuesta.
En su exposición de motivos, Morgan Colón dice que el gobierno federal busca, a través del uso discrecional de la publicidad oficial, que el periodismo mexicano sea una “liturgia cortesana” practicada por informadores domesticados que no revelen información gubernamental. Agrega que todo aquel periodismo agudo, irreverente, “respondón” y honesto no forma parte de las prioridades de las autoridades en turno.
El diputado perredista reconoce que en México, como en otras partes del mundo, los medios de comunicación dependen de recursos públicos para subsistir. Necesitan que la nación les otorgue concesiones para funcionar como televisoras o radiodifusoras; y requiere del gasto público, a través de la contratación de espacios publicitarios, para garantizar el desarrollo de periódicos, revistas y espacios noticiosos en general.
Morgan Colón sostiene que la democracia depende de la calidad del debate público, ya que éste debe ser lo más robusto posible para que se multipliquen las perspectivas, visiones y razones de los ciudadanos para tomar decisiones sobre su vida pública o privada. Los medios de información escritos y electrónicos juegan un papel importante en la vida democrática del país. “No son un lujo, sino una necesidad”.
El asambleísta considera que la importancia de los medios de comunicación es socialmente estratégica por el impacto que tienen en todas las actividades de la vida diaria. La información y el análisis que proveen permiten conocer la realidad, formar opinión y vincular a los gobernantes con los gobernados.
Necesidad de publicitar
Para Morgan Colón, las autoridades tienen la necesidad de publicitarse para que la población juzgue y evalúe sus actividades. Sin embargo, el gobierno federal asigna caprichosamente el gasto destinado a difusión, dependiendo del grado de servilismo que el medio tiene hacia determinada administración o sus titulares en lo personal; lo que resulta en dispendios innecesarios.
Además no existe transparencia en las decisiones que unos cuantos toman en relación con el pago de la publicidad institucional y no hay reglas para controlar las decisiones que los políticos toman en este sentido. Se condiciona la entrega de publicidad al abandono de toda crítica.
Incluso se prefiere a los aduladores del gobierno, a los que están dispuestos a ocultar engaños y corruptelas. Salen beneficiados muchos medios informativos sin contenido y sin ética, a costa de medios valientes y con verdadero sentido profesional.
Morgan Colón sostiene que la publicidad gubernamental constituye una herramienta de presión para manipular a la prensa. No está para servir con objetividad a los intereses generales ni promueve la integración y cohesión de la sociedad; no es equitativa ni objetiva, es desproporcionada y discrimina a quienes toman posiciones críticas.
El legislador considera que la frase del expresidente José López Portillo, “no pago para que me peguen”, no ha sido desterrada de la vida política del país. Continúan los ataques físicos y asesinatos de periodistas, pero se han refinado algunos de los métodos más frontales y directos.
Asegura que todo aquel medio de comunicación que se sale del esquema paga un precio y resiente las prácticas punitivas del gobierno. Por ejemplo, dice, el semanario Proceso; José Gutiérrez Vivó y su Diario Monitor, con 30 años de antigüedad; el diario La Jornada; la revista Contralínea, de Miguel Badillo; Carmen Aristegui con su noticiero matutino en la W, y ahora la revista Forum.
Censura indirecta
Para el diputado del sol azteca, el gobierno federal utiliza presiones indirectas para interferir con la libertad e independencia de los medios; ejerce la censura indirecta, y lo hace con dinero que no le pertenece. Dentro de las formas sutiles de censura se encuentran las presiones por medio de la distribución de la publicidad oficial.
Morgan Colón explica que estas prácticas consisten en asignar o retirar pautas publicitarias en función de objetivos personales o políticos, es decir, usar recursos que el Estado posee para comunicar temas de interés público con el fin de beneficiar a medios de comunicación “cuates”, o para castigar a los críticos.
La Declaración Interamericana establece que “la utilización del poder del Estado y los recursos de la hacienda pública; la concesión de prebendas arancelarias; la asignación arbitraria y discriminatoria de publicidad oficial y créditos oficiales; el otorgamiento de frecuencias de radio y televisión, entre otros, con el objetivo de presionar y castigar o premiar y privilegiar a los comunicadores sociales y a los medios de comunicación, en función de sus líneas informativas, atentan contra la libertad de expresión y deben estar expresamente prohibidos por la ley”.
La Convención Americana de Derechos Humanos prohíbe específicamente la restricción del derecho de expresión “por vías o medios indirectos”.
Derecho a saber
Morgan Colón dice que los ciudadanos tienen derecho a conocer las actividades oficiales, las políticas de gobierno y los servicios que presta el Estado, al tiempo que el principio republicano de publicidad de los actos de gobierno es una responsabilidad.
A decir del legislador perredista, el Estado debe asumir un rol activo para propiciar la diversidad y pluralidad en los medios de comunicación y no desconocer a las voces minoritarias ni a las posturas críticas del propio gobierno.
Sostiene que es responsabilidad del gobierno federal compensar a los medios ignorados por los grandes anunciantes privados y financiar con recursos públicos su permanencia.
Sin el voto del PAN
Morgan Colón relata que en el momento de la votación, los diputados locales de Acción Nacional abandonaron el recinto legislativo. Regresaron para votar en el siguiente punto del orden del día.
A su regreso, comenta el legislador perredista, Daniel Ramírez del Valle, diputado del PAN, hizo una interlocución breve refiriendo que la Asamblea Legislativa no tenía facultad de exhortar a la Secretaría de Gobernación para que cambie su política en cuanto al reparto publicitario.
Contralínea solicitó entrevista con Miguel Hernández, coordinador de la bancada panista en la Asamblea, sin que al cierre de esta edición se tuviera respuesta.
