Pastorela con el tema de trata de mujeres.
jueves, 24 de diciembre de 2015
jueves, 17 de diciembre de 2015
Comunicado del PDPR - EPR Michoacán
AL PUEBLO DE MICHOACÁN
AL PUEBLO DE MÉXICO
A LOS PUEBLOS DEL MUNDO
A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
ESTATALES, NACIONALES E INTERNACIONALES
A LOS ORGANISMOS NO
GUBERNAMENTALES DEFENSORES DE LOS DERECHOS HUMANOS
A LAS ORGANIZACIONES POLÍTICAS,
POPULARES Y REVOLUCIONARIAS
A LA ORGANIZACIÓN DE NORMALES DEL
ESTADO DE MICHOACÁN
¡HERMANOS, HERMANAS, CAMARADAS!
Una vez más las fuerzas
represivas federales y estatales se han ensañado con el pueblo, a exigencia de
la oligarquía local y nacional se han cebado contra estudiantes y comuneros
aplicando con lujo de violencia y brutalidad la represión masiva, el pasado
lunes 07 de diciembre en la autopista siglo XXI en la caseta que se ubica a la
altura de Zirahuén. Hecho que evidencia el carácter servil a los intereses
oligárquicos de Silvano Aureoles Conejo y su vocación represiva, profascista y
mafiosa.
Acto represivo que obedece a la
política de terrorismo de Estado que se impone desde la junta administrativa
federal y de la cual Silvano es fiel lacayo y digno representante, que ha
tomado como consigna personal y mandato de Estado imponer a sangre y fuego la
voluntad oligárquica en Michoacán, voluntad que se expresa en la exigencia
reiterativa del cometido de más crímenes de Estado contra el pueblo. ¡Señores,
esto se llama fascismo!
"Hombres de negocios",
politicastros de toda laya, plumas y voces mercenarias y representantes del
conservadurismo no se muerden la lengua al manifestar su regocijo y beneplácito
al celebrar que se haya reprimido y detenido a 52 estudiantes normalistas, a
quienes se les trata como grandes delincuentes y se les aplica todo el peso del
estado de derecho oligárquico. No conformes con este acto represivo la
oligarquía local sigue exigiendo se ejecute un baño de sangre contra el pueblo,
es decir, se pugna porque se aplique a manera de escarmiento la política
represiva y terrorista de Estado.
Silvano y su séquito de
funcionarios han dejado claro a quien sirven con lealtad, no dejan lugar a
dudas al reconocer cínicamente que se "debe mandar un mensaje a los
empresarios que quieran invertir en Michoacán, de que aquí se aplica la
ley".
Silvano se presenta como un
gobernador de izquierda y como el paladín del orden y la legalidad en
Michoacán, sin embargo, toda su carrera como politicastro tiene origen y
vínculo en un pasado y presente criminal de nexos y compromisos con quien en
tiempos del pasado reciente se le reconocía como "el señor", es
decir, Servando Gómez Martínez, mejor conocido como "La tuta".
Desde el gobierno del estado,
como punta de lanza de la represión, se acusa a los normalistas de delincuentes
llegando a la perversidad de imputarles delitos que ni a los criminales
confesos se les aplica. Sépase que en Michoacán es de dominio público, sobre
todo en la región Oriente, que Silvano en la ciudad de Zitácuaro mantenía
tratos con "el señor", al cual se refería en con mucha deferencia
¿Quién es el criminal? Una vez más se comprueba que el fenómeno de la
delincuencia tiene origen en y para el Estado, he ahí la explicación de "brillantes"
carreras políticas y escandalosas fortunas económicas desde el poder político y
la delincuencia organizada por los hombres de negocios.
En la búsqueda por responder
quienes son los verdaderos delincuentes, el pueblo comprueba que el "gran
demócrata y representante de izquierda" no llegó a ser gobernador por la
voluntad popular, sino por los fuertes compromisos con el grupo oligárquico
nacional que hoy detenta el poder político y la burguesía local que se ha
alineado al poder oligárquico nacional. El pueblo no olvidará que hoy es
gobernador producto de la imposición de la voluntad oligárquica, es decir,
voluntad y exigencia de los señores del poder político y económico, entre los
que están los agrupados en "Mexicanos Primero" donde se encuentran el
clan explotador Ramírez-Medina que ha fincado parte de su fortuna en el saqueó
del erario público y el despojo de tierras a comuneros y ejidatarios.
El señor Silvano no es gobernador
por sus capacidades políticas ni mucho menos por el respaldo popular, su única
gracia en el mundo de las formas burguesas de hacer política es su actitud
servil ante el poder del dinero. Fue uno de los politicastros promotores del
mafioso "Pacto por México" y hoy un acérrimo ejecutor del mismo que
lleva implícito la objetivación del terrorismo de Estado. Sin lugar a dudas que
cuando el sujeto brilla en su mediocridad, el servilismo es la conducta clásica
del politicastro.
Los delincuentes no están del
lado del pueblo politizado y organizado que impulsa la lucha antineoliberal y
anticapitalista, ¡Los normalistas no son delincuentes, son luchadores sociales
por la defensa de la educación pública, los derechos del pueblo y el derecho al
trabajo, por consecuencia el derecho a la vida! El único "delito" que
han cometido es organizarse contra el actual poder que explota y oprime.
A los normalistas se les castiga
con delitos absurdos y se les encarcela en prisiones de alta seguridad por el
hecho de ser luchadores que han levantado en alto las banderas de la justicia
social. Una venganza típica de los políticos de oficio.
La brutal represión de la que
fueron objeto los normalistas en la caseta de Zirahuen, la detención y tortura
en el lugar de los hechos por la policía federal, estatal y los asesinos de la
policía rural, a referencia de los propios policías fue por orden directa de
Silvano. ¿A qué se debe tal proceder propio de las dictaduras militares con
rostro civil?
La verdad va emergiendo poco a
poco. En la colérica exigencia gubernamental-empresarial de que "se
aplique la ley" y "se rescate" las unidades retenidas, hay
intereses inconfesables cuyos hilos conducen a la delincuencia organizada desde
y para el Estado y empresarios. Una de las motivaciones inmediatas de la
represión es la exigencia del propio Silvano de que se libere un vehículo de la
empresa INDUSTRIAS MARVES, SA. DE CV. ¿Por qué tanta exigencia sobre este
vehículo? ¿Qué carga tan preciada transporta? ¿Qué mercancía se oculta en ella?
¿Qué vínculos empresarios-gobierno-delincuencia se develan? ¿Quién es este
empresario y político influyente dueño de la empresa MARVES? ¿Qué vínculos con
el poder político-económico tiene? Mucha preocupación gubernamental y en
específico de Silvano, por un vehículo que transporta unas simples pacas de
aglomerado de esponja y fieltros para la fabricación de colchones. ¿Quién es
Alfonso Martínez Margain y sobre qué bases ha fincado su fortuna?
La junta de administración local
encabezada por Silvano, por su política represiva y pro empresarial se asume en
los hechos como cancerbero del capital y testaferro de la oligarquía promotora
de la privatización de la educación pública en México, este es el vergonzante y
traidor papel de la "izquierda moderna", asumidos confesamente como
cómplices de los crímenes de lesa humanidad cometidos contra el pueblo; se han
asumido en esta etapa conscientemente como punta de lanza de la política
represiva exigida por la oligarquía.
Desde las lenguas bípedas
empresariales se azuza a la represión con el falso argumento de que la protesta
estudiantil-popular genera pérdidas millonarias al día. Una mera especulación y
a la vez confesión de la magnitud y el grado de explotación que se ejerce
contra el pueblo, al tiempo que constituye el trillado ardid político y el
demagógico argumento para justificar la represión y el terrorismo de Estado.
El pueblo no olvida y tampoco
perdona los crímenes de Estado, el pueblo toma nota de quiénes son los
responsables de la represión en Michoacán que no se circunscriben a los cuerpos
policiaco-militares, la bestia que se ceba contra sus hermanos de clase desde
el momento que son sujetos desclasados y lumpenproletarios al servicio de los
explotadores y opresores.
La lista de los responsables es
larga, pero los siguientes sólo son un botón de muestra: Alfonso Martínez
Margain dueño de INDUSTRIAS MARVES, Rogelio Guízar Pérez, presidente de la
Asociación de Industriales del Estado de Michoacán, Horacio Érik Avilés
Martínez, director de Mexicanos Primero Michoacán, Arcadio Méndez Hurtado,
presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Eduardo Sánchez Martínez,
presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, connotados
empresarios que exigen la represión; dentro los politicastros de oficio con
vocación fascista destacan Luisa María Calderón Hinojosa, hermana del genocida
Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, Alfonso Martínez Alcázar, presidente
municipal de Morelia, el secretario de Gobierno Adrián López solís, Jose Martin
Godoy Castro, procurador de justicia del estado...
En esta lógica de la
justificación del terror de Estado tienen papel activo las voces y plumas
mercenarias al servicio de los monopolios de la comunicación para imponer la
dictadura de opinión y ejercer el fascista ministerio de opinión contra el
pueblo organizado, entre los que destacan Ignacio Martínez, Juan José Rosales
Gallegos, Cesar Velázquez, José Luis Alejo Castillo y Daniela Flores, Marco
Antonio Cortés y María del Carmen...
El pueblo de México debe saber
que en el marco de esta ofensiva de terrorismo de Estado, existe la tentativa y
pretensión de reprimir violentamente a los normalistas y al pueblo que los
apoya, plan represivo que se pretende ocultar en el fervor popular guadalupano,
una táctica recurrente del gobierno para intentar ocultar la represión.
Hermanos, hermanas, normalistas y
comuneros, no están solos, un pueblo organizado los acompaña; sus demandas son
legítimas y ponen en alto las banderas de la dignidad humana; sepan que a la
represión sólo se le puede enfrentar con consciencia, organización y
resistencia popular combativa. Los explotadores, opresores y represores son una
ínfima minoría ante los explotados y oprimidos. Podrán encarcelar a uno, dos,
diez, cincuenta, cien, mil... de cada uno de nosotros, pero este terror de
Estado nunca detendrá la dignidad y voluntad de combatir de nuestro pueblo.
¡Fierro contra los represores!, ¡A organizar y generalizar la autodefensa
popular!
¡Hermanos, hermanas, camaradas!
Sepan que los revolucionarios estamos tomando nota puntual de cada uno de los
agravios que se cometen contra el pueblo organizado y no organizado. Si la
aplicación de la ley significa violencia reaccionaria contra el pueblo, el éste
tiene derecho a su legítima defensa utilizando los medios y recursos que estén
a su alcance o considere pertinentes.
¡LIBERTAD INMEDIATA A TODOS LOS
PRESOS POLÍTICOS Y DE CONCIENCIA!
¡VIVOS SE LOS LLEVARON, VIVOS LOS
QUEREMOS!
¡ALTO AL TERRORISMO DE ESTADO!
¡A ORGANIZAR LA LUCHA CONTRA EL
FASCISMO EMPRESARIAL-GUBERNAMENTAL!
¡POR LA REVOLUCIÓN SOCIALISTA!
¡VENCER O MORIR!
¡POR NUESTROS CAMARADAS
PROLETARIOS!
¡RESUELTOS A VENCER!
¡CON LA GUERRA POPULAR!
¡EL EPR TRIUNFARÁ!
COMITÉ ESTATAL DEL PARTIDO
DEMOCRÁTICO POPULAR REVOLUCIONARIO
PDPR
COMANDANCIA DE ZONA DEL EJERCITO
POPULAR REVOLUCIONARIO
CZ-EPR
AÑO 51
Michoacán de Ocampo, a 11 de
diciembre de 2015.
Hallazgo de 19 cuerpos en Chichihualco Guerrero
Nota de CNN en español transmitida el 16 de Diciembre de
2015
miércoles, 16 de diciembre de 2015
COMUNICADO SOBRE LAS PRESUNTAS FOSAS ENCONTRADAS POR LA PGR EN EL MUNICIPIO DE CHICHIHUALCO GUERRERO.
Comité de Familiares y Amigos de
Secuestrados, Desaparecidos y Asesinados en Guerrero
Los Otros Desaparecidos de Iguala
Taller de Desarrollo Comunitario
A.C
COMUNICADO SOBRE LAS PRESUNTAS
FOSAS ENCONTRADAS POR LA PGR EN EL MUNICIPIO DE CHICHIHUALCO GUERRERO.
El miércoles 9 de diciembre de la
semana pasada fuimos enterados de la convocatoria por parte de la PGR a
familiares de víctimas de la violencia social, a una “reunión privada”, para
informar del hallazgo y exhumación de restos humanos en una fosa en el
municipio de Chichihualco. No es la primera vez que, por lo menos en
Chilpancingo, dicha dependencia convoca a familiares de víctimas
condicionándoles a que participen de manera individual, “discreta” y excluyendo
a sus organizaciones, en éste caso nuestro Comité.
En dicha reunión se informó del
hallazgo y exhumación de 22 cuerpos, algunos de ellos calcinados, esto último
propiciado por la falta de resguardo y de la aplicación correcta de los
protocolos de búsqueda y exhumación de restos por parte de dichas autoridades.
Nos llama la atención que ante el reclamo de los familiares asistentes acerca
de que se cumpla el ofrecimiento de tomarles muestras de ADN para cotejarlas
con los restos encontrados, la Subprocuraduría de Derechos Humanos de la PGR solo
dio evasivas y no cumplió con su compromiso, por lo que además nos queda la
duda ¿Y entonces para que los convocaron?
Por otro lado, de manera
confidencial por el riesgo que éste hecho implica, fuimos informados de que la
persona que ubico el lugar donde se encontraba dicha fosa, es familiar de un
desaparecido que dejó su lugar de residencia y comenzó a buscar por cuenta
propia a su ser querido en el municipio de Chichihualco. Después de un tiempo y
muchas adversidades ubicó un acantilado donde colgaban y mataban a las víctimas
sin enterrarlas, confirmándose una vez más que son los familiares quienes
investigan y aportan los elementos para la localización de restos humanos y no
las autoridades.
Al hacer la denuncia anónima, las
autoridades de la Fiscalía de Búsqueda de Personas Desaparecidas de la
Subprocuraduría de Derechos Humanos de la PGR acudieron al lugar ya en horas de
la tarde, sin resguardar el área y sin accionar los protocolos de manera
inmediata para la protección de las evidencias y resguardo del lugar, por lo
que regresaron al día siguiente, encontrándose con que varios de los cuerpos
habían sido calcinados durante la noche por desconocidos. Un primer reporte
señaló 9 cuerpos completos, 8 semicalcinados y restos óseos diversos.
Esta información del hallazgo nos
fue confirmada por compañeros del Colectivo “Los Otros Desaparecidos” de
Iguala, quienes a su vez fueron informados por personal de la Subprocuraduría
de Derechos Humanos de la PGR que se reúnen con ellos semanalmente.
Nuestro Comité desde su fundación
en el año 2007, ha reclamado a las autoridades que se hagan responsables de la
búsqueda de nuestros familiares desaparecidos y que en caso de haber sido
asesinados e inhumados clandestinamente, realicen de manera profesional y
responsable la identificación de dichos restos y que complementariamente
realicen estudios de ADN a las familias que reclaman personas desaparecidas
para que ambos datos sean cotejados adecuadamente y se garantice un trato digno
y conforme a derechos a los cadáveres y restos humanos, así como a sus
familiares, lo cual está establecido en protocolos incluso internacionales y es
la forma de que a nuestro parecer y con la coadyuvancia de los familiares, se garantice verdad, justicia y reparación
integral a las víctimas directas e indirectas.
Por ello nos preocupa la manera
discrecional y maniquea con que la Subprocuraduría de Derechos Humanos de la
PGR ha manejado éste y otros casos, lo que nos hace pensar que hay intereses
oscuros y que en el fondo no está el objetivo de esclarecer estos casos y hacer
justicia a las familias, sino más bien de justificar su existencia dentro de la
estructura de la PGR.
Nos preocupa que el gobernador
Héctor Astudillo afirme que no está enterado de éste asunto y que es falsa la
existencia de ésta fosa, pues nos hace pensar: que algo encubre, no le interesa
o que no está siendo tomado en cuenta por la PGR, lo cual también sería extraño
pues podría significar que el mismo está siendo considerado por lo menos
sospechoso por ésta dependencia.
Como Comité de Familiares y
Amigos de Secuestrados, Desaparecidos y Asesinados en Guerrero, reiteramos
nuestra postura de que el Estado Mexicano es el responsable de esclarecer y dar
justicia a las víctimas directas e indirectas de la violencia social, aunque
entendemos que por su indolencia, complicidad y falta de actuación, algunos
familiares de víctimas se han tenido que involucrar en la búsqueda directa de
sus familiares, poniendo en riesgo su seguridad y su vida.
Insistimos en que no confiamos en
las instituciones encargadas de brindar seguridad en el Estado de Guerrero, ni
tampoco en la PGR, sin embargo es su responsabilidad identificar los restos
humanos inhumados clandestinamente o encontrados en fosas recientes y
anteriores, garantizando el trato digno en el manejo de los restos y a sus
familiares sus derechos humanos, certeza en el manejo de la información
genética, justicia y reparación integral.
Por lo anterior, el Comité de
Familiares y Amigos de Secuestrados, Desaparecidos y Asesinados en Guerrero y
el Comité “Los Otras Desaparecidos de Iguala”,
demandamos a la Procuradora General de la Republica de manera urgente
una reunión con nuestros colectivos de familiares y organizaciones acompañantes, donde sean atendidas las demandas de los
familiares de víctimas del Estado y exigimos una explicación sobre la labor y
funciones de la Subprocuraduría de Derechos Humanos de la PGR, pues
desconfiamos de la manera discrecional y maniquea con que realiza su trabajo y
manipula la información, que entre otras cosas discrimina a los colectivos y
organizaciones de víctimas y no les garantiza a éstas plenamente sus derechos.
Al Congreso de Guerrero, al
Gobierno del Estado y a los gobiernos municipales les demandamos su
intervención inmediata de acuerdo a sus facultades constitucionales, deploramos
que pretendan mantenerse ajenos y lavarse las manos de su responsabilidad pues
los delitos de lesa humanidad se están cometiendo en la entidad y las víctimas
y sus familias somos guerrerenses.
¡POR QUE VIVOS SE LOS LLEVARON,
VIVOS LOS QUEREMOS!
¡POR LA VERDAD Y JUSTICIA PARA
LOS ASESINADOS, SECUESTRADOS Y DESAPARECIDOS!
Comité de Familiares y Amigos de
Secuestrados, Desaparecidos y Asesinados en Guerrero
Los Otros Desaparecidos de Iguala
Taller de Desarrollo Comunitario
A.C
Organizaciones Solidarias e
integrantes de la Red de Enlaces Nacionales:
Desaparecidos Justicia A.C de
Querétaro
Colectivo Solecito Veracruz
Nuestra Aparente Rendición (NAR)
Idheas, Litigio Estratégico en
Derechos Humanos, A.C.
Instituto de Investigación y
Práctica Social y Cultural A.C.
Asamblea Popular de Familias
Migrantes
Familiares en Búsqueda María
Herrera A.C.
Deudos y Defensores por la
Dignidad de Nuestros Desaparecidos
Colectivo por la Paz Xalapa
Fuerzas Unidas por Nuestros
Desaparecidos/as – Nuevo León
Grupo Vida
Comisión de Justicia y Paz de la
Arquidiócesis de Antequera Oaxaca
La Alameda Morelos
Unidos por los Desaparecidos de
Baja California
Desaparecidos de Zapotengo
Pochutla, Oaxaca
Dirección de Atención a Víctimas
de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos
Voces Unidas por la Vida de
Culiacán Sinaloa
GAREM Internacional
Red Retoño
Cauce Ciudadano A.C
Siempre Vivos A.C de Chilapa
Comunidad Artística
Desaparecidos del Fuerte y Zona
Norte
Unión de Madres y Familiares de
Desaparecidos de Sinaloa en los años 70´s
Familias Unidas en la Búsqueda y
Localización de Personas Desaparecidas
Familiares de Desaparecidos de
Orizaba y Cordoba Veracruz
CESEM
Chilpancingo de los Bravos a 16
de diciembre del 2015.
Presentan denuncia contra Estado mexicano en la CIDH por violaciones a Derechos Humanos de Normalistas de Ayotzinapa el 12 de Diciembre de 2011
Conferencia de Prensa
Por el cuarto aniversario de las violaciones de derechos
humanos en contra de los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa,
ocurridas el 12 de diciembre de 2011 en Chilpancingo, Guerrero; estudiantes,
familiares de las víctimas y organizaciones de la sociedad civil presentan
denuncia contra el Estado mexicano frente a la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos (CIDH).
Solicitan a la CIDH declare la admisibilidad de esta
petición y los responsabilice por la violación de sus obligaciones internacionales
bajo la Convención Americana, y la Convención Interamericana para Prevenir y
Sancionar la Tortura.
Pronunciamiento de la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales
Pronunciamiento de la Asamblea
Nacional de Afectados Ambientales ante el riesgo de daño al medio ambiente y a
la salud propiciado por la política pública desarrollada por el Estado mexicano
para la transición a la Televisión Digital Terrestre en el país
12 de diciembre de 2015
Con el pretexto de realizar
exitosamente la transición a la Televisión Digital Terrestre (TDT), las
autoridades mexicanas han incumplido con sus obligaciones y deberes en materia
de derechos humanos, especialmente en relación con los derechos
constitucionales a un medio ambiente sano, a la salud, a la información y a la
participación social en los asuntos públicos.
El Estado mexicano ha promovido
el desuso y desecho de las televisiones analógicas sin desarrollar políticas
ambientales y de salud adecuadas y suficientes en términos técnicos y jurídicos
para su tratamiento integral en tanto residuos peligrosos, con efectos
potencialmente graves para el ambiente y la salud pública. La política pública
consistente en dotar de televisiones digitales a la población, además de ser
excesivamente onerosa para las finanzas públicas y constituir potencialmente un
delito electoral, quebranta el principio
de minimización de residuos y coloca a la población ante el inminente problema
de gestionar el tratamiento de hasta 34,384,915 aparatos de televisión
analógicos en un contexto de desamparo e incapacidad institucionales. Bajo las
condiciones actuales, podrían ser liberadas al ambiente hasta 67,319 toneladas
de óxido de plomo y de retardantes de flama bromados contenidos en las
televisiones analógicas.
La exposición al plomo es la
responsable por el 0.6% de las enfermedades en el mundo. El plomo afecta
múltiples sistemas del cuerpo incluyendo los sistemas neurológico,
hematológico, gastrointestinal, cardiovascular y renal. Aun con bajos niveles
de exposición relativa se pueden causar serios daños neurológicos, en algunas
ocasiones irreversibles. Se trata de un metal pesado tóxico que forma complejos
con diferentes enzimas que afectan virtualmente todo el proceso de la síntesis
de la hemoglobina, además de influir en el metabolismo de las porfirinas. Altos
niveles de plomo en el ser humano han sido relacionados a encefalopatías,
ataques o retrasos mentales. El plomo está asociado con la disminución de la
audición en los adultos mayores, además de que interfiere en el cerebro con la
transmisión y el procesamiento de los sonidos. Los expertos coincidieron en
que, incluso niveles en sangre considerados aceptables para los niños de
Estados Unidos (menos de 10 mcg/dL) podrían ser no seguros y, por ello, han
propuesto que el nuevo límite de plomo en sangre para los niños sea de 2
mcg/dL.
Los retardantes de flama bromados
(RFBs) son aditivos sintéticos usados principalmente como agentes ignífugos en
aparatos eléctricos y electrodomésticos (como por ejemplo en las carcasas
plásticas de los televisores). Las propiedades de algunos RFBs son típicas de
los contaminantes orgánicos persistentes (son ubicuos, debido a que son
lipofílicos y persistentes, se bioacumulan en los seres vivos y se
biomagnifican). Particularmente algunos éteres bifenilos polibromados (PBDE’s-)
y el hexabromo ciclododecano (HBCD) causan efectos nocivos a la salud.
Una vez más, a propósito de sus
reformas estructurales, el Estado mexicano, respaldando el interés particular
privado de las empresas involucradas en la llamada reforma de
telecomunicaciones y beneficiadas con el paso de la señal analógica a la señal
digital terrestre, ha colocado en una situación de grave riesgo ambiental y de
salud al grueso de la población: habitantes de las 32 entidades federativas,
las 16 delegaciones políticas del Distrito Federal y los dos mil 468 municipios
del país. La reforma de telecomunicaciones impuso a las autoridades locales una
serie de atribuciones y obligaciones sustanciales dentro del proceso que no
fueron acompañadas de las condiciones prácticas, financieras e institucionales
mínimas para su ejercicio y cumplimiento. Las instancias competentes en las
entidades federativas y municipios no están capacitadas ni dotadas de la
infraestructura y los recursos económicos adecuados y suficientes para atender
debidamente el problema de la disposición, tratamiento o confinamiento de los
residuos que generarán los millones de aparatos televisores desechados.
Por si lo anterior fuera poco, el
gobierno federal ha organizado el manejo de las televisiones analógicas de
manera tardía y con un presupuesto insuficiente e inadecuado, siendo que miles
de aparatos televisores han sido ya
desmantelados informalmente. Según las licitaciones emitidas por la SCT
para el manejo de los televisores analógicos, el acopio oficial de aparatos
concluye de manera abrupta el 31 de diciembre del 2015, sin embargo, los
residuos seguirán acumulándose y gestionándose inadecuadamente por meses, por
lo que la actual vulneración impune de derechos se prolongará igualmente.
La transición a la TDT ha sido,
además, impulsada por la administración pública federal sin poner a disposición
de la población los medios necesarios para acceder a información básica
relacionada con los riesgos ambientales y de salud del tratamiento de los
televisores obsoletos, los cuales serán desechados como si fuesen basura
ordinaria y se les mezclará con los residuos sólidos municipales. El plomo y
los retardantes de flama bromados son sustancias que se volatilizan y dispersan
en el ambiente, con altas posibilidades de contaminar cuerpos de agua, suelo y
aire, así como de envenenar flora y fauna. No obstante, las autoridades
responsables del proceso no le han informado al pueblo de México de manera
adecuada, completa y efectiva de dichos riesgos, lo cual evidencia también que
todos los niveles de gobierno son incapaces de planificar procesos de esta
envergadura, y mucho menos de vigilar y garantizar los derechos fundamentales
de quienes serán afectados.
La población directamente
afectada o en riesgo de afectación, así como todas aquellas personas que
quisieran prevenir una situación de peligro, se encuentran en estado de
indefensión, pues carecen de la información mínima necesaria para afrontar el
problema, sin mencionar que tampoco tienen información sobre los mecanismos
jurídico-institucionales que les permitirían acceder a la justicia, hacer valer
sus derechos y obligar a las autoridades a corregir sus acciones y reparar los
daños causados por su actuar negligente.
Asimismo, el proceso completo de
transición tecnológica ha sido gestionado por las autoridades unilateralmente y
de espaldas a la población, siendo que se trata de un asunto de interés público
que impacta o impactaría negativa y contundentemente en los entornos vitales y
la integridad física de las personas expuestas o en riesgo de exposición a las
sustancias contenidas en los aparatos una vez considerados y tratados como
basura.
En la disputa entre los grandes
consorcios televisivos del país y el Estado mexicano por retardar o no el
“apagón analógico” no aparecen como parte del debate las cuestiones
ambientales, de salud, información y participación social. Los impactos
ambientales y de salud de la transición a la TDT en perjuicio de la población
no han sido valorados por la opinión pública ni en los espacios institucionales
de deliberación como un problema social gravísimo de atención urgente, lo cual
contribuye a su invisibilidad y a la consolidación de una estructura de
impunidad en agravio de los millones de mexicanas y mexicanos que ya somos
afectados ambientales. Sin embargo, autoridades y empresas son ética y
jurídicamente responsables por el daño o riesgo de daño ambiental y de salud
que su actuar provoque.
Por todo lo anterior:
1. Exigimos al Estado mexicano cumplir con la
normatividad ambiental que sistemáticamente ha omitido durante el proceso de
transición a la TDT, así como con sus obligaciones y deberes en materia de
derechos humanos con el propósito de que la población afectada o en riesgo de
afectación sea informada del problema, participe en la conducción de la
política pública respectiva y goce efectivamente de sus derechos a un medio
ambiente sano y a la protección de la salud.
2. Exigimos que el Estado mexicano, con la
participación de organizaciones de la sociedad civil, elabore un plan integral
de manejo de los televisores analógicos que serán desechados por la población,
el cual debe incluir, entre otros aspectos, la remediación de los impactos ya
ocasionados por la ausencia de dicho plan.
3. Asimismo, reclamamos del Estado mexicano
el ejercicio de sus atribuciones legales para obligar a que las empresas
involucradas en el proceso respeten los derechos fundamentales de las y los
mexicanos.
4. Apoyamos la petición que diversas
organizaciones de la sociedad civil, académicos, científicos y ciudadanos han
hecho ante la Comisión para la Cooperación Ambiental (CCA) del Tratado de Libre
Comercio de América del Norte (TLCAN) denunciando las violaciones a los tratados
internacionales y a la legislación ambiental mexicana en relación con la
gestión de los televisores analógicos desechados por la transición a la
televisión digital terrestre.
5. Finalmente, exhortamos a la población a
que levante quejas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos al localizar
cementerios de televisiones analógicas en la vía pública, baldíos, basureros, terrenos, o en cualquier
lugar en el que puedan causar daños al ambiente y a la salud al quedar
expuestos sus materiales tóxicos, llamando sin costo al teléfono 01 800 715 2000. De igual manera se
puede presentar una denuncia ambiental ante la Procuraduría Federal de
Protección al Ambiente llamando al 01 800 770 33 72.
sábado, 12 de diciembre de 2015
Comunicado del PDPR - EPR
AL PUEBLO DE MÉXICO
A LOS PUEBLOS DEL MUNDO
A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
NACIONALES E INTERNACIONALES
A LOS ORGANISMOS NO
GUBERNAMENTALES DEFENSORES DE LOS DERECHOS HUMANOS
A LAS ORGANIZACIONES POLÍTICAS,
POPULARES Y REVOLUCIONARIAS
A LOS TRABAJADORES DE LA
EDUCACIÓN
¡HERMANOS, HERMANAS, CAMARADAS!
El Estado burgués mexicano en la
defensa e imposición de los intereses oligárquicos en todo lo largo y ancho del
país ha implementado una ofensiva general de represión y terrorismo de Estado
contra el pueblo, orquestada principalmente con los instrumentos
policíaco-militares y la transfiguración de los mismos en grupos paramilitares
que conforman el aparato represivo.
Toda la fuerza del Estado ha
entrado en acción con un solo propósito, imponer por encima de cualquier
voluntad los intereses de la oligarquía y los designios de la dictadura del
capital, cuya necesidad primordial en la actualidad es la imposición a fondo de
las reformas burguesas de carácter neoliberal en beneficio del capital
monopolista.
La violencia burguesa desplegada
con los operativos policíaco-militares que se están implementando en torno a la
"aplicación de la evaluación docente" en los estados donde se ha
manifestado la oposición a tal examen por parte de la Coordinadora Nacional de
Trabajadores de la Educación (CNTE), refleja el grado de terrorismo de Estado
con el que se impone la voluntad oligárquica por encima de la voluntad del
pueblo y los rasgos fascistas del régimen; las fuerzas represivas como puntal
sobre el que se sostiene el actual régimen; y pone de manifiesto la guerra de
baja intensidad (GBI) como estrategia imperialista aplicada por la actual junta
administrativa para ejecutar los dictados y exigencias de oligarcas nacionales
y extranjeros.
El actual contexto de ofensiva
represiva contra la CNTE desnuda y exhibe el verdadero carácter del actual
régimen, deja claro que la ley de las botas y las bayonetas es el verdadero
estado de derecho que se aplica de facto contra el pueblo, este hecho evidencía
la esencia de clase de la actual junta administrativa, revela cuales son los
intereses que se protegen a sangre y fuego, ya que quien se beneficia
específicamente de la reforma educativa, es un grupo de oligarcas entre los que
figuran Claudio X González y Carlos Slim. Tal es el estado de derecho al que
los voceros, defensores del régimen, funcionarios y personeros, apelan y llaman
para que se ejerza la violencia burguesa con el Estado policíaco-militar contra
el pueblo organizado y no organizado para que no proteste ni luche.
Estado policíaco-militar con
rasgos fascistas que en varios estados de la República intensifica la violencia
y terrorismo burgués en múltiples formas, sobresale cada vez más una propia de
las dictaduras fascistas, la implementación del estado de sitio en ciudades y
regiones determinadas para el control de la población, ejemplo de ello lo hemos
visto en Michoacán, Oaxaca, Guerrero y Chiapas, donde el Estado ha fijado su
objetivo en esta escalada represora contra la CNTE en particular y contra el
pueblo en general, escalada en la que han cerrado filas y a la que se han
sumado las correspondientes administraciones locales como fieles lacayos a las
directrices federales.
Los presos políticos del
magisterio democrático que en Oaxaca mantiene el Estado en calidad de rehenes,
así como la constante represión de la que han sido víctimas los normalistas en
Guerrero y Michoacán, es la muestra fehaciente de la política de
criminalización de la protesta popular y de la táctica de terrorismo de Estado
que se ejecuta en nuestro país; donde si el hostigamiento y la amenaza, no es
efectivo para disuadir al pueblo de la lucha por sus derechos, viene el
encarcelamiento político así como el asesinato y la desaparición forzada. Esta
es la verdadera política del Estado mexicano que sus defensores y voceros de
oficio se desviven en tratar de ocultar con tinta y saliva, jugando a
conciencia su papel que se traduce en cómodas mensualidades.
La imposición de la reforma
educativa neoliberal, desde que se planteó como necesidad y condición de los
intereses del capital hasta la fecha, ha ido cobrando una lista de miles de
víctimas que configuran un baño de sangre para el pueblo; no satisfechos en la
cuota de sangre y terror la oligarquía, lo más reaccionario y retrógrada del
país así como los defensores y voceros de oficio del régimen, exigen que se
desate aún más la violencia institucional contra todo aquél que se oponga a la
reforma educativa y contra todo aquél que se atreva a cuestionar al régimen,
tal es la exigencia sobre la que han cerrado filas y emprendido una cruzada de
terror desde el representante de la junta administrativa federal, hasta las
supuestas organizaciones civiles, como "Mexicanos Primero", así como
cámaras empresariales.
Empresarios, junta administrativa
y lacayos del régimen neoliberal ven en la actual coyuntura de terrorismo de
Estado la oportunidad de terminar con varias décadas de lucha y organización
magisterial-popular combativa, organización y lucha que ha representado la CNTE
contra el charrismo sindical, esta es parte de las exigencias y planes
oligarcas para la privatización de la educación en México y que explica la
represión contra lo más combativo y consecuente al interior del magisterio en
todo el país.
A esto obedece que la tan
festejada evaluación docente, por parte del secretario de educación Aurelio
Nuño Mayer, se tenga que realizar bajo el amparo de miles de elementos de la
Policía Federal, con operativos policíaco-militares que incluyen la anulación
de las garantías constitucionales de aquellos que acuden a la
"evaluación", dándoles trato de criminales de alta peligrosidad y
como objeto de deshumanización al perder la dignidad humana por aceptar las
medidas de corte fascista de control total. Todo desde la coerción policíaca,
administrativa y judicial. La aplicación de la evaluación docente lleva
implícito aceptar el fascismo por parte de quien lo realiza, una condición a
priori que indica cual es el objetivo y los resultados a futuro de la
"reforma educativa" crear al sujeto cretino y al siervo dócil para el
capital.
Ante este contexto de ofensiva y
escalada del terrorismo de Estado, las fuerzas reaccionarias y afines al
régimen han celebrado y aplaudido con júbilo la materialización del estado
policíaco-militar como instrumento y método para imponer los intereses de la
oligarquía, en este caso con la evaluación docente; se han congraciado con la
represión ejercida contra normalistas y profesores, exigen con gritos y
alaridos que no se pare la represión, que se intensifique sin titubeos,
haciendo eco a las exigencias de empresarios reaccionarios y oligarcas. No
ocultan ni guardan recato alguno al manifestar sus ansias por bañar en sangre
al pueblo.
¡Cuánto desprecio y odio de clase
asumido por estos esbirros del capital! Al grado que han expresado un
"para que no intenten siquiera retener autobuses" dentro del marco de
los operativos policiaco-militares implementados en la evaluación docente. Hoy
está claro, y que nadie lo olvide, cada quien como sujeto político ha decidido
qué intereses defender, los del pueblo o los de una oligarquía criminal.
De esto queda constancia en la
memoria del pueblo. Personeros, administradores, voceros y defensores del capital,
que no se les olvide y ténganlo presente, cada afrenta y agresión contra el
pueblo queda inscrita y gravada en la consciencia del mismo; cada acción que
han emprendido en campaña contra el pueblo, su odio y desprecio de clase hacia
los explotados y oprimidos, se trocará en acción popular resuelta contra sus
verdugos.
Históricamente el pueblo sólo
actúa conforme la realidad y las condiciones se lo exigen, y hoy, la violencia
de clase de la oligarquía le está imponiendo una necesidad ineludible; es derecho
inalienable del pueblo luchar por sus intereses por los métodos que la
necesidad demande. Ante un estado de derecho oligárquico y profascista, donde
se criminaliza la lucha popular bajo el ardid jurídico de "violación a
derechos a terceros y ofensas a la sociedad", señores procuradores de
justicia del país, no se confundan y ténganlo presente: en todo régimen de
explotación y opresión siempre habrá un pueblo ofendido y organizado con
voluntad de combatir con objetivo de la transformación radical de la sociedad
con métodos revolucionarios.
La violencia organizada del
pueblo y aplicada por los medios y formas que éste considere en el actual
contexto de terrorismo de Estado, no sólo es legítima, sino que se hace
necesaria, el único límite es la iniciativa y creatividad.
Hoy es la reforma educativa
neoliberal la punta de lanza del terrorismo de Estado en el país, y en torno a
ella se ha desatado una cruzada de clase contra el pueblo, que no sean los
sectores sociales un obstáculo para cerrar filas contra el terrorismo de
Estado, como pueblo explotado y oprimido tenemos un enemigo de clase común y
ante ésto la necesidad exige unidad y lucha en la acción revolucionaria. ¡Qué
nadie se detenga en expresar su repudio al actual régimen de explotación y opresión
bajo los medios y formas que su iniciativa y creatividad dispongan!
En la defensa del derecho por la
educación gratuita para el pueblo no hay lugar para los titubeos, para la
conciliación o actitudes derrotistas, si desde la oligarquía y sus personeros
se pretende quebrantar la voluntad popular de combatir, desde las fuerzas
populares se debe organizar e impulsar la resistencia popular combativa en
todas sus expresiones y dimensiones como expresión de la combinación dialéctica
de todas las formas de lucha.
La dignidad humana nunca debe
perderse, en cualquier circunstancia cuando hay conciencia podemos desarrollar
lucha anticapitalista e instrumentar formas superiores de organización y lucha
para hacer frente a la embestidura del capital, ante las vejaciones
policíaco-militares resistencia y organización, acción política consciente que
desbarate los instrumentos de dominación y control policíaco-militar hacia el
pueblo. ¡Qué la resistencia popular combativa atruene en todo el país!
¡A LUCHAR TODOS CONTRA EL
TERRORISMO DE ESTADO!
¡VIVOS SE LOS LLEVARON, VIVOS LOS
QUEREMOS!
¡A EXIGIR LA LIBERTAD DE LOS
PRESOS POLÍTICOS!
¡POR LA REVOLUCIÓN SOCIALISTA!
¡VENCER O MORIR!
¡POR NUESTROS CAMARADAS
PROLETARIOS!
¡RESUELTOS A VENCER!
¡CON LA GUERRA POPULAR!
¡EL EPR TRIUNFARÁ!
COMITÉ DE PRENSA Y PROPAGANDA
DEL
PARTIDO DEMOCRÁTICO POPULAR
REVOLUCIONARIO
PDPR
Año 51
República mexicana, a 07 de
diciembre de 2015
In Memoriam a 41 años de la caída en combate del Comandante Lucio Cabañas
Huapango al Comandante Lucio Cabañas
Comunicado de las Fuerzas Armadas Revolucionarias – Liberación del Pueblo
COMUNICADO No.7
A todos los pueblos del Mundo.
A todos los pueblos de México
HERMANAS, HERMANOS.
Se cumplen hoy 41 años de la
caída en combate del comandante Lucio Cabañas Barrientos en el Otatal, municipio
de Tecpan de Galeana, producto de la delación de José Isabel Ramos Ramírez,
quien junto con su hermano Anacleto, formaban parte de la Brigada de
Ajusticiamiento del Partido de los Pobres (BA-PDLP); un día antes José Isabel
había pedido permiso para ausentarse del grupo y al llegar a su casa fue
detenido junto con sus familiares por el ejército; ante la tortura y las
amenazas negoció la libertad a cambio de entregarles al comandante, traición
que le sería cobrada con su vida.
Este día también se cumplen 2
años que decidimos salir a la luz pública para dar a conocer a nuestros
hermanos mexicanos un mensaje combativo por la grave situación económica
derivado de las políticas neoliberales y entreguistas que implanta el Estado
mexicano para satisfacer al capital nacional y extranjero, quienes se han
apropiado de las riqueza nacional por medio de las reformas estructurales
(energética, educativa y laboral). Hoy más que nunca el eje central del ideario
del comandante Lucio Cabañas de “Ser Pueblo, Hacer Pueblo y Estar con el
Pueblo” sigue vigente porque ser pueblo significa sentir en carne propia las
injusticias de un gobierno injusto, hacer pueblo significa marchar con el
pueblo enarbolando y haciendo suyas las demandas más sentidas, defendiendo sus
derechos civiles, hoy pisoteados por una camarilla que gobierna al país.
Hoy más que nunca el número de
familias mexicanas que vive en extrema pobreza continúan creciendo, pese a los
programas asistencialistas como Prospera y Sin Hambre que la administración de
Enrique Peña Nieto anunció con bombo y platillo, hoy esa política social ha
demostrado ser un fracaso; cifras oficiales de la CEPAL indican que México es
el único país en América Latina que vio incrementado el número de pobres e
indigentes en los últimos años, tendencia que se fortaleció desde el regreso al
poder del Partido Revolucionario Institucional y de una camarilla de
funcionarios que se han servido con la cuchara grande para lograr beneficios a
costa de vender el patrimonio de los mexicanos.
La corrupción de alto nivel
ampliamente documentada por medios nacionales e internacionales como la Casa
Blanca, valuada en más de 86 millones de pesos que la empresa HIGA, le “regaló”
a la esposa del presidente de la República Angélica Rivera así como la casa de
Malinalco de Luis Videgaray Caso, secretario de Hacienda, son la punta del
iceberg de la corrupción galopante de la administración de Enrique Peña Nieto,
ambas residencias les fueron entregadas a cambio de jugosos contratos de obra
pública para el empresario Juan Armando Hinojosa Cantú, preferido de Peña
Nieto.
Sabedores de la inconformidad del
pueblo de México, el Estado recurre al uso de la fuerza para imponer la reforma
educativa a golpe de tolete y gases lacrimógenos, la violencia
institucionalizada instrumentada por el ejército mexicano en los casos de
Tlatlaya, en el estado de México y la desaparición de los 43 estudiantes de la
normal de Ayotzinapa en Iguala, Gro., han logrado despertar la conciencia de
muchos mexicanos, pero no lo suficiente para que se deshaga del letargo; ahora
más que nunca el llamado a resistir el embate represivo del Estado nos obliga a
intensificar la preparación de los cuadros revolucionarios en donde existe la
semilla que germinará en el país para lograr el cambio anhelado donde todos los
mexicanos puedan aspirar a un nivel de bienestar, la dirección colectiva
alienta la solidaridad con otros grupos de ciudadanos y campesinos que demandan
la preparación revolucionaria que replicaran en cada rincón de la República
Mexicana para acelerar la insurrección nacional.
La lucha del pueblo hoy por hoy,
debe ser la toma del poder por la vía de las armas. Ha quedado demostrado que
la vía electoral solo ha permitido que camarillas de los distintos partidos
políticos se repartan cuotas de poder, aliados con grupos de narcotraficantes
que mantienen el control de una economía subterránea que genera riqueza por
medio del cobro de piso, cuotas, extorsiones, secuestros, dinero que es
repartido entre quienes promueven la cultura de la violencia que crece al
amparo de los políticos enquistados en los distintos niveles de gobierno. Ante
ello, mantenemos el llamado a seguir luchando juntos, cada quien desde su
trinchera pero demandando una coordinación efectiva con otras expresiones
armadas y grupos de maestros, campesinos, obreros, amas de casa, médicos,
luchadores sociales, estudiantes, sacerdotes para lograr vientos de cambio que
sean capaces de destruir y revertir el mal que está causando la camarilla que
gobierna al país, sigamos el ejemplo de Guatemala que pudo rescatar la
democracia de un gobierno podrido por la corrupción.
Aquí estamos, esperando el
momento, mientras seguimos en un proceso de acumulación de fuerzas con una
ideología de cambio verdadero, en ello se basa la fortaleza del grupo para
mantener viva esa esperanza, por eso hoy en esta fecha quiso honrar la memoria
de Lucio Cabañas Barrientos y para que nunca pase desapercibido.
¡¡Viva el pueblo de Oaxaca!!.
¡¡Viva el pueblo de Guerrero,
Veracruz y Michoacán!!
¡¡Viva el Magisterio Popular de
Oaxaca!!.
¡¡Viva Ayotzinapa!!.
¡¡Vivos se los llevaron, vivos
los queremos!!
Comandancia General:
Emilio, Camilo, Tlacaélel,
Esperanza.
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