Zihuatanejo,
privatización y violación a los derechos humanos
Hercilia Castro
Zihuatanejo,
7 de octubre. A 24 años de lucha en contra del despojo y privatización de
playas y esteros por parte de los tres niveles de gobierno, los nativos y
avecindados del municipio de Azueta, hoy enfrentan la más titánica lucha por la
defensa de su modo de vida, y su trabajo en contra de un Decreto Oficial de la
Federación emitido el 28 de octubre de 2010, y que fue publicado el pasado 11
de enero de 2011 en el que se concesiona el recinto portuario, la Laguna de Las
Salinas y la laguna de Barra de Potosí en el municipio de Petatlán, dañando así
a más de 9 mil habitantes.
Fundado en
1951, Zihuatanejo se distinguía por ser una isla, alejada de la llamada
“civilización”, los avecindados, provenientes en su mayoría de la capital del
Estado (Chilpancingo) y municipios como La Unión de Montes de Oca, y poblados
dentro del municipio se mantenían del autoconsumo, de la producción de sus
grandes huertas y la pesca.
Jesús Álvarez
Orozco cuenta que “hace 40 años no nos moríamos de hambre, si querías un mango
lo tomabas y ya, si querías pescar echabas el anzuelo, o le campechaneabas con
el campo, ahora ni para comer hay”.
Los
pescadores, relatan que desde que se inició el fundo legal en 1972, bajo el
sexenio del ex presidente Luis Echeverría y año en que se hace el desarrollo
turístico de la zona hotelera de Ixtapa.
Los
ejidatarios expropiados por el Fundo Legal, pasaron de ser pescadores y
campesinos a ser empleados de hotel, o comerciantes, perdiendo así la manera de
auto sustento por el incremento de apoyo gubernamental a detonar el punto como
destino de sol, arena y mar, y que fue incluido en el llamado Triángulo del
Sol, guerrerense.
El Fondo
Nacional de Turismo (Fonatur), le quedó debiendo 20 por ciento de las tierras a
los azuetences, y en las décadas siguientes, los afectados murieron o viven en
sumas carencias.
La llegada de Rebaque
La presidenta
de la Red de Organizaciones y Grupos Ambientalistas de Zihuatanejo, Obdulia
Balderas Sánchez, relató que a finales de los 80, y con las políticas
neoliberales del ex presidente de la República, Carlos Salinas de Gortari,
comenzó a operar la inmobiliaria Punta del Mar, conocida como Puerto Mío, de la
que es representante legal Héctor Alonso Rebaque Rangel.
“Rebaque
primero construyó una barda en medio del mar, pero el mar se la tumbó, la hiso
del lado que se llamaba La Escalerilla, que ahí se iban a fondear las lanchas y
nos íbamos a pescar flamencos, luego pasó un tiempo y volvieron a construir…”,
dice nostálgica.
Bajo el
nombre de inmobiliaria Punta del Mar SA de CV, Rebaque Rangel comienza, a
operar en el puerto de Zihuatanejo, sin
que se dieran cuenta los lugareños de lo que más tarde iba a pasar, la
privatización.
Para 1989,
Punta del Mar, comienza a hacer los pagos en un trámite en Distrito Federal,
donde se autoriza un folio mercantil “para los asentamientos relativos a esa
sociedad y para 1990, la inmobiliaria pide la concesión con objeto de
construcción, operación y explotación de una marina privada ubicada, en la
playa El Almacén, en la bahía de Zihuatanejo, con una extensión de 31 mil
metros cuadrados; otorgándose este permiso el 29 de agosto de ese año, a través
de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y con término de
vigencia para el 29 de agosto de 2010.
Se inicia
así, una lenta privatización de bienes comunes y un gran conflicto social, que
a la fecha, aun no acaba.
Álvarez
Orozco critica que la concesión se dio “amañada” y Rebaque Rangel hizo uso de
tráfico de influencias para adueñarse de lo que antes fue una playa pública.
El pescador
Agustín contó “nosotros teníamos un terreno junto al mar que valía miles de
pesos, llegó Fonatur y nos mandaron a la punta del cerro, nos fuimos, no
reclamamos, y ahora, nos quieren sacar de nuevo”.
La
inmobiliaria Punta del Mar, mejor conocida como Puerto Mío, obtuvo el 27 de mayo de 1991, un Decreto Oficial de
Desincorporación de bienes del dominio público de la bahía de Zihuatanejo, los
lugareños, no lo supieron hasta años más tarde.
El decreto
fue otorgado por Carlos Salinas de Gortari y también se hayan implicados el
ex presidente priísta, Ernesto Zedillo Ponce de León quien en ese año, fungía como
secretario de Programación y Presupuesto; el secretario de Transportes, Andrés
Caso Lombardo y el secretario de Desarrollo Urbano y Ecología, Patricio
Chirinos Calero.
Para marzo de
1992, la inmobiliaria presentó a la Secretaría de Desarrollo Urbano y
Ecología (Sedue) ,(Ahora Semarnat), la
Manifestación de Impacto Ambiental referida al proyecto, como Puerto Mío, para
la construcción de un desarrollo turístico, inmobiliario y náutico de alto
nivel en la bahía de Zihuatanejo, en una superficie aproximada de 5.58
hectáreas y que consiste en tres hoteles, condominios, villas, área comercial,
una marina para más de 100 posiciones, servicios generales, clínica spa,
alberca, cancha de tenis, tres restaurantes, centros nocturnos y áreas verdes.
El 14 de
abril de 1994, el Instituto Nacional de Ecología (INE) mediante oficio DGNA, en
la resolución 147, autorizó la construcción de un desarrollo náutico, el mismo
año, en los oficio con fecha 21 de octubre DGNA9933 y 30 de noviembre de ese
año, autoriza para el proyecto Puerto Mío la construcción y operación de una
terminal de cruceros, muelle y terminal de pasajeros, estación de servicio de
marina y una prórroga para concluir los trabajos por cinco años más, esto, con
la autorización de Julia Carabias Lillo quien fuera directora del INE.
Balderas
Sánchez explicó que en 1994, la inmobiliaria comenzó a echar escombros al mar,
los lugareños le exigieron al ex presidente municipal del PRI, Eric Fernández Gómez (y padre del
actual alcalde priísta, Eric Fernández Ballesteros).
“Nosotros le pedimos a
Eric Fernández Gómez, que detuviera los trabajos, nos empezamos a reunir con
todos y en un rato ya éramos más de 90, le exigimos audiencia y que parara los
trabajos de Puerto Mío, pero no lo hizo”.
La
ambientalista recordó que “él dijo un día después, en una entrevista de radio
que ya había parado los trabajos de Punta del Mar, y yo llamé a la radio y le
dije que no era cierto porque desde mi casa se podía escuchar que tiraban
toneladas de escombro al mar, entonces todos escucharon y nos fuimos a
detenerlos”.
“La bahía nos
estaba llamando, gritando para que la salváramos…”, dijo.
Es así, como
la lucha social y legal, comienza por recuperar la bahía de Zihuatanejo, después
de tener conocimiento de el tráfico de influencias bajo los sexenios priístas.
Álvarez
Orozco y Balderas Sánchez señalaron que esta no es la primer lucha que
enfrentan, ya que la bahía ha tratado de ser privatizada en otras tres ocasiones,
incluso bajo las dos únicas administraciones perredistas, a cargo de Amador
Campos Aburto (2002-2005) quien ahora es diputado local del 11 distrito, y el
ex alcalde (hoy diputado federal por el PRD) Silvano Blanco de Aquino
(2005-2008).
En ambas
administraciones, la lucha de los azuetences, como cuando descubrieron la
privatización de la playa pública El Almacén, ha arreciado, enfrentando la
corrupción de los tres niveles de gobierno, incluso, la traición de un líder
del movimiento, Silvestre Pacheco León, quien por proyectos productivos, vendió
la causa en 1999, ya que la suspensión de la inmobiliaria Punta del Mar, se
dio, sin embargo, él dejó expirar el plazo y ocultó los oficios de la
suspensión definitiva.
La Fonatur…
Después de
más de 20 años de lucha social y 13 de pleito legal, los lugareños enfrentan
una nueva amenaza desde el 12 de enero de 2012, salió publicado un Decreto
Oficial de la Federación emitido bajo el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa,
donde la SCT da en concesión la bahía de Zihuatanejo, el recinto portuario, la
laguna de Las Salinas y la Barra de Potosí (Considerado por el INE como área
prioritaria por su gran biodiversidad y manglares) en el municipio de Petatlán,
a la Fonatur Operadora Portuaria SA de CV, y viéndose afectadas nueve
comunidades pesquero-ribereñas- artesanales y en total, más de 9 mil directo
afectados que viven del turismo.
La lucha que
comenzó días después de que descubren por medio de la prensa la privatización
de su espacio y modo de vida, comenzó con manifestaciones, marchas, asambleas
públicas y varias reuniones con el director de la particular, Alfonso Lugo
Platt, y reclamándole al ex presidente priísta Alejandro Bravo Abarca, quien
permitió que la Fonatur Operadora Portuaria, se hiciera cargo de la
administración de la bahía de Zihuatanejo.
Ambientalistas,
pescadores, restauranteros, comerciantes y lancheros se han opuesto desde 2011
con una lucha ardua contra los intereses de unos cuantos, la bahía significa un
gran negocio para los inversionistas.
Las víctimas
Luego de que
el proyecto Puerto Mío empezara, Álvarez Orozco recuerda que Rebaque Rangel, le
dio dinero a los lugareños que vivían cerca de la playa El Almacén, y los que
se oponían a vender, eran amenazados, como fue el caso del estadunidense Owen
Lee, quien en playa Las Gatas, tenía su casa de más de 30 años, pero por deudas
económicas, fue a dar a la cárcel, lo cual aprovechó Rebaque Rangel y se
apropió de la propiedad a cambio de la libertad del extranjero.
Amenazas,
hostigamiento, y enfrentamientos, son los resultados que en un año han tenido
los opositores a la concesión, sin contar las intimidaciones a las que se han
atravesado en la defensa de la bahía de Zihuatanejo, por parte de la Fonatur
Operadora Portuaria SA de CV, que actualmente quiere restringir el paso a los
pescadores y lancheros, así como cobrarles por el uso, fondeo, y atraque en la
laguna de Las Salinas y todo lo que es el muelle, lo que ha causado a últimas
fechas pleitos entre los empleados de la Fonatur Operadora Portuaria SA de CV.
El gobernador perredista Ángel Aguirre Rivero, tiene conocimiento del problema
y desde hace un año, prometió que solicitaría una reunión con el aún titular de
la SCT, Dionisio Pérez Jácome Friscione, hasta la fecha, no ha sido así, creciendo más el
conflicto y ahora de nuevo en movilizaciones a raíz de las confrontaciones y
restricción del paso que quiere hacer la Operadora Portuaria.
El final
Actualmente,
la bahía de Zihuatanejo y la Barra de Potosí en el municipio de Petatlán, se
encuentran con sus lugareños en resistencia, familias compuestas por hasta
cuatro generaciones que se han dedicado al oficio de pescadores y lancheros, y
que por ende, dependen exclusivamente de la pesca y el turismo que antes de
2006, llegaba en demasía.
Enfrentan los
azuetences el riesgo de terminar de perder sus recursos naturales, pues en la
experiencia, la llegada desde hace más de tres décadas del Fonatur, no causó
más que despojo, y las mejores playas se privatizaron para quedar en manos de
Carlos Slim, los Zedillo y los Salinas de Gortari e incluso un Emilio Azcárraga
según cuentan los nativos.
Ahora, la
lucha que llevan los azuetences es por la revocación a la empresa Fonatur
Operadora Portuaria SA de CV.
Todos los
casos se enlazan, en una época en la que la violencia causada por la supuesta
guerra contra el narcotráfico de Calderón Hinojosa, avanza; y el despojo de los recursos naturales por
parte de empresarios y de políticos ambiciosos y corruptos, y por la
negligencia para actuar de todas las autoridades, ha permitido el caso de la
privatización de Zihuatanejo y ahora Barra de Potosí.
“No hay
negociación, aquí solo queremos una cosa, la revocación a la Fonatur Operadora
Portuaria, queremos la revocación”, dice Álvarez Orozco.
Una protesta pacífica de indígenas k'iches contra el alza de las tarifas eléctricas, la instalación de hidroeléctricas y la política minera, fue innecesariamente reprimida el jueves por el Ejército, lo que provocó ocho muertos y más de treinta heridos de bala entre los civiles. Del otro lado, ocho soldados recibieron golpes y rasguños.
La acción de violencia rompió el clima de diálogo iniciado y ha sido calificada como la "primera masacre militar" contra indígenas luego de la firma de la paz en 1996 afirmó un activista político y exguerrillero guatemalteco.
Instituciones de derechos humanos expresaron su temor de que se reinicie una espiral de violencia y muerte que conduzca al país al abismo y al genocidio, en especial afectando a los pueblos indígenas, como ocurrió en el pasado.
El presidente guatemalteco, Otto Pérez, aseguró el jueves que el ataque no provino de los soldados sino de civiles que pasaban por el lugar a bordo de un camión. Sin embargo, luego modificó su versión.
A continuación reproducimos dos comunicados relacionados:
