CONGRESO EXTRAORDINARIO DE ORGANIZACIONES DEL FRENTE DE MASAS POPULARES DE GUERRERO HACIA LA CONFORMACIÓN DE UN NUEVO AGRUPAMIENTO POPULAR INDEPENDIENTE EN LA ENTIDAD
POSICIONAMIENTO SOBRE EL INFORME DE LA CNDH SOBRE EL CASO AYOTZINAPA
Se ha dado a conocer ya el Informe Final de la Comisión Nacional de Derechos Humanos sobre el caso Ayotzinapa y como era de esperarse se ha exonerado al principal responsable de estos hechos, el gobernador Angel Aguirre Rivero. La exigencia de juicio político que el movimiento popular independiente y los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa exigimos para él, ahora la CNDH la revierte al Congreso Local en contra del ex procurador y el ex Secretario de Seguridad Pública que en aquel momento se encontraban en funciones.
Nuevamente la impunidad protege a los malos gobernantes, tal y como sucedió en 1960 con el entonces gobernador Caballero Aburto, durante el movimiento estudiantil popular que exigía la autonomía de la Universidad, que aunque renunció a su cargo, nunca fue enjuiciado legalmente. Lo mismo que sucedió con la matanza de copreros en 1967, cuando el entonces gobernador Raymundo Abarca Alarcón también fue eximido de toda responsabilidad judicial. Más adelante, en la década de los 70s, Rubén Figueroa fue deslindado y protegido de toda responsabilidad por la brutal represión a cientos de comunidades campesinas de la Sierra que motivó la desaparición de más de 800 personas y la muerte de un número aún indeterminado de personas durante el combate oficial del gobierno mexicano a las guerrillas de Genaro Vázquez Rojas y Lucio Cabañas Barrientos.
Más recientemente, las masacres de Aguas Blancas y El Charco quedaron también impunes y nunca fueron castigados ni el entonces gobernador Rubén Figueroa Alcocer por el primer caso, ni el actual gobernador durante su interinato priista por el segundo caso. En todos esos casos, lo mismo que cuando sucedió la matanza de Tlatelolco en 1968 y el halconazo del 10 de junio de 1971, es claro que los gobernantes tuvieron responsabilidad, como en todo lo que pasa en sus periodos y el argumento de que ellos no ordenaron ni cometieron los actos represivos, con el cual se les exime, resulta insultante para la inteligencia y los derechos del pueblo. Lo mismo quiere hacerse ahora con la represión y asesinato de los 2 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa.
Para nosotros no basta con aceptar que el Informe emitido por la CNDH reconoce la legitimidad de la protesta realizada por los normalistas, la existencia de las violaciones graves a derechos humanos a 52 personas atribuibles a autoridades federales y estatales como la criminalización de la protesta social, el uso irracional de la fuerza y empleo excesivo de las armas de fuego, la ejecución extrajudicial de Jorge Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús; la tortura de otro estudiante, en contra de quien se intentó realizar una falsa imputación, las lesiones por disparo de arma de fuego infligidas a tres estudiantes, los tratos crueles y detenciones arbitrarias que se cometieron en contra de otros normalistas y personas ajenas al conflicto, la inadecuada atención a las víctimas y que la muerte del señor Gonzalo Rivas no habría ocurrido si las corporaciones policiales hubiesen actuado respetando los protocolos relativos al uso de la fuerza pública en entornos de conflictividad social. Todo ello era lo menos que se podía esperar de éste informe y obviamente que tiene que ser castigado, reparado y motivo de correctivos en materia de políticas públicas, de protocolos de seguridad y de derechos humanos, así como de procedimientos administrativos y judiciales.
Aunque no dejan de ser importantes las 30 recomendaciones del Informe Final de la CNDH sobre el caso Ayotzinapa, ni el señalamiento de evidente responsabilidad contra 184 servidores públicos federales y de Guerrero: 61 policías federales, 73 policías ministeriales y 34 de la policía estatal que participaron directamente en el operativo, así como de 16 funcionarios de la cadena de mando, que violaron derechos fundamentales, el Informe esconde lo más importante: la responsabilidad del gobernador por acciones y omisiones que derivaron en violaciones graves a las garantías en el fallido operativo del 12 de diciembre de 2011 en la Autopista del Sol.
Por ello para nosotros Angel Aguirre no ha sido una víctima más en éste conflicto y es falso a todas luces que “no estuvo debidamente informado de manera adecuada acerca del operativo”; él como Gobernador ha tomado y toma decisiones políticas sobre los principales asuntos de su gobierno, por eso no aceptamos que sea exculpado responsabilizando a otros. El designó a sus funcionarios ahora acusados en los despachos de seguridad y justicia y si se equivocó o lo fallaron, es su responsabilidad, incluso otros funcionarios como su Secretaria de Educación y el de Gobierno, mucho intervinieron y tuvieron que ver en “calentar” el conflicto, que el mismo alentó con su indolencia ante la demanda de audiencia y negativa de solución a las demandas de nuestros compañeros normalistas y esto no puede quedar impune. No es suficiente el juicio político a dos de sus funcionarios. Los poderes fácticos, la clase política y la CNDH podrán exhonerarlo, pero la historia no borrará de la conciencia popular su responsabilidad en éstos hechos sangrientos y la impunidad no se consumará con un punto final en el Informe Oficial de ésta represión, así como no se ha borrado de la memoria histórica de nuestro pueblo, el triste papel de los asesinos del 60, 67, 68, 71, la guerra sucia, Aguas Blancas, El Charco, Acteal, entre otros.
Angel Aguirre y sus lacayos han quedado satisfechos por ahora, pero sus verdaderos intereses y compromisos con los grupos de poder económico y político a los que sirven, su indolencia ante la demanda popular, su criminalización a la protesta social y su ambición desmedida de poder, no cambiarán en nada su forma de gobernar.
Por ello, la demanda de juicio político al gobernador Ángel Aguirre Rivero debe mantenerse no solo por la represión que su gobierno ejerció contra los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa en diciembre pasado y ante la cual se mantiene impune, sino también por su indolencia y negativa ante las demandas populares de poner punto final a la presa La Parota, de cancelar las concesiones mineras y costeras, así como de explotaciones de recursos naturales en la entidad, de cancelar en Guerrero el Acuerdo por la Calidad Educativa, de resolver la huelga minera en Taxco, de parar el avance de las transnacionales y sus paquetes tecnológicos de muerte en el campo, de hacer justicia a las víctimas de la violencia social, de liberar a los presos políticos y de conciencia y de enfrentar la represión y “cacería de brujas” que con seguridad desatara el estado contra el movimiento independiente en la entidad.
Hoy no son tiempos aún de justicia para el pueblo de Guerrero. La fuerza social necesaria sigue incubándose y tarde o temprano se cumplirá aquella máxima de que “el valiente dura hasta que el cobarde quiere”
¡VENCEREMOS!
¡JUICIO POLÍTICO A ÁNGEL AGUIRRE RIVERO!
Chilpancingo, Guerrero a 01 de abril del 2012
