| Decálogo de la ciudadanía para 2010 |
Leyendo los cometarios de mis lectores del chat de El Universal durante este año rescato diez temas que, casi en consenso, podrían ayudarnos a tener un año más próspero, llevadero sano y pacífico. Enlistamos las cosas que más han molestado, desde lo más grave hasta lo que parece poco importante pero igual nos afecta. 1.-No se debe defender la guerra con medias verdades. Quienes escudan a Calderón y su guerra antinarco argumentan que el poder del crimen organizado es todo culpa del PRI. Aunque efectivamente el Revolucionario Institucional sentó las bases para la impunidad —así como para que el sistema de justicia penal obedeciera a las élites y sus cancerberos— el PAN es también cómplice. Sería bueno en lugar de distraernos con esa discusión tener claridad sobre la realidad a la que nos enfrentamos. 2.- En el año 2000 (cuando llegó Fox a la Presidencia) los cárteles mexicanos traficaban el 55% de la cocaína que va hacia Estados Unidos; en 2009 envían el 90% de las drogas. En su presidencia dejaron libre a El Chapo Guzmán. —Desde que el PAN gobierna no se ha desarticulado el poder patrimonial de ningún cártel (les quitan armas y algo drogas pero no sus negocios legítimos en hotelería, empresas y bienes raíces) —Desde que el PAN gobierna no se han atrevido a arrestan a un solo gobernador vinculado a la protección de los cárteles (los hay de todos los partidos según datos de la DEA y la SIEDO) —El caso de Morelos, gobernado por panistas desde hace años, derrumbó el argumento del PAN de que sólo los gobernadores priístas habían sido cómplices activos o pasivos para la entronización de los cárteles de narcotraficantes en sus entidades. La construcción-protección del imperio de Beltrán Leyva en Cuernavaca bajo el amparo de gobiernos blanquiazules nos invita a una reflexión más allá de los intereses partidistas. Mientras no arresten a los gobernantes pro-narco no habrá seguridad sino más masacres y corrupción. 3.- Internet necesario. Mientras otros países han impulsado el acceso popular al ciberespacio, legisladores mexicanos insistían en imponerle más impuestos. El movimiento espontáneo que se dio en las redes sociales (Twiter, sms, etc) revela hasta qué punto Internet es ya un territorio virtual dentro del cuál se comunican millones de personas. Entendido así, el Estado mexicano tendría que proporcionar las facilidades para que esta “plaza pública” sea accesible para toda la población, en particular para la gente joven. Se puede debatir para qué se utiliza y eso implica regulaciones necesarias, pero lo cierto es que es un espacio vital para la libertad de expresión y de aprendizaje. 4.- Señalamientos carreteros congruentes. Nadie puede respetar reglas absurdas hechas para hacer imposible su cumplimiento. Los señalamientos en México son para enloquecer a cualquiera. Pasan de límites de 100 km. por hora a 40 km. e inmediatamente a 110 sin razón aparente. Lo cierto es que si manejásemos siguiendo esos ordenamientos se triplicaría, por lo menos, el número de accidentes carreteros. Parece que la estrategia de las autoridades es convertir a toda la ciudadanía en infractora vial. Sería bueno que las autoridades hicieran su tarea y se modernicen estableciendo límites de velocidad congruentes. 5.- Sobra medio millón de topes en el país. A propósito de temas carreteros un lector se queja de la ridícula cantidad de topes que impiden circular con fluidez. No es sólo que a las autoridades les da por construirlos a granel, sino la cantidad de espontáneos que deciden improvisar un “tope-barda” en su calle. Se entiende que son medidas de protección para los transeúntes y las mascotas, pero urge su regulación y la planeación urbana que evite semejante ridículo. 6.- Colarse en las filas. No podemos quejarnos de la incivilidad si la ejercemos. Cada vez que un grupo de personas respeta las reglas y hace fila para obtener algún servicio y alguien decide irrumpir metiéndose a la mala (por influencias o simplemente como bully) desarticula los esfuerzos por hacer la convivencia más sana y equitativa. Todas las personas tenemos prisa, todas tenemos asuntos pendientes y aprender a respetar el lugar de las y los demás es un símbolo de igualdad y civismo. 7.- Los derechos de los animales. Si todas las y los mexicanos decidiéramos adoptar un perrito o gato callejero en lugar de comprar uno de criadero, en muy poco tiempo resolveríamos el problema de sobrepoblación de animales abandonados y maltratados que se pueden convertir en verdaderos problemas vecinales. Las perras y los perros callejeros adoptados son los más nobles y aprenden pronto a cuidar a quien les acoge. Una sociedad que cuida a sus animales y les protege del abandono y maltrato demuestra su civilidad y respeto a la vida. 8.- Servicio civil como farsa. En México hay servicio civil de carrera pero está tan amañado todavía que en realidad siguen entrando personas con palancas, influencias y recomendaciones personales. La gente ingresa por sus influencias a puestos denominados “de confianza” o por artículo 34 y para cuando se concursa la plaza diez meses después sólo puede quedarse quien tuvo un acceso ventajoso. Por eso hay tantas personas (que no todas) sin pasión o amor por el trabajo en la burocracia mexicana. 9.- Quien promueve violencia eventualmente será su víctima. Millones de personas se muestran hartas y por tanto enojadas ante la situación de inseguridad y violencia criminal en México; ese enojo convertido en rabia impulsa a algunas a pensar que lo mejor sería asesinar a todos los delincuentes, sospechosos o rebeldes sociales que “desestabilizan” la paz. Lo cierto es que en un país en el que no hay estado de derecho, donde primero te apañan, te encarcelan y después averiguan, todas y todos podemos convertirnos en víctimas mortales del sistema. 10.- Salvar a tu propia comunidad. En todos los estados del país existen organizaciones civiles que ayudan, rescatan y dan tratamiento a personas que necesitan servicios especiales. Desde niños y niñas con discapacidades, hasta refugios para mujeres y niñas maltratadas, pasando por escuelas públicas para personas invidentes sin recursos o albergues y escuelas para niños y jóvenes en situación de calle. Si todas las personas con capacidad económica media nos propusiéramos donar al menos 100 pesos mensuales a una organización local, salvaríamos la vida o el futuro de miles de personas necesitadas. En lugar de dar centavitos en la calle o decir que no sabemos cómo cambiar las cosas, podemos mirar a nuestro alrededor; allí está la respuesta. El pilón: Sentido del humor। Estudios científicos en todo el mundo han demostrado que reírse al menos diez minutos al día tiene efectos sanadores, psicológicos y fisiológicos en todas las personas. La doctora Annete Goodheart ha demostrado en pacientes con cáncer que la terapia de risa fortalece el sistema inmune, activa la retención de información en la memoria, mejora la flexibilidad cardiovascular, desarrolla y fortalece los músculos abdominales y nos une a las demás personas. La gente que tiene sentido del humor ejercita su flexibilidad, es capaz de sanar heridas emocionales dos veces más rápido que quienes no sonríen. La recomendación médica del año es recordar reírnos al menos un poco cada día, reírnos de las situaciones, de nosotras mismas y de la vida. Por lo pronto podemos carcajearnos de que a pesar de tanta tragedia seguimos con vida y ganas de pachanga para despedir el viejo año y dar la bienvenida al nuevo; felicidades y gracias por acompañarnos en este espacio. |
jueves, 31 de diciembre de 2009
Decálogo de la ciudadanía para 2010
Plan ecológico, light, critica la ROGAZ
FRANCISCA MEZA CARRANZA ( Corresponsal)
Zihuatanejo, 29 de diciembre. Integrantes de la Red de Organizaciones y Grupos Ambientalistas de Zihuatanejo (ROGAZ) se inconformaron por el Plan de Ordenamiento Ecológico Territorial (POET) presentado por el ayuntamiento para su consulta, porque no específica áreas naturales protegidas ni de protección ecológicas, al cual calificaron como “light”.
En un escueto documento elaborado por la consultora Juan Felipe Ordóñez Cervantes Arquitectura y Urbanismo Sustentable en power point en 48 diapositivas se enmarcan ocho unidades de diagnóstico para todo el municipio y sin enumerar los asentamientos de la zona de la sierra, sólo los divide en sierra alta y sierra baja.
De acuerdo con el POET, uno de los problemas ambientales en la sierra alta son los pastizales inducidos para la ganadería, lo que a su vez provoca la erosión hídrica del suelo y el desaprovechamiento de las áreas con valor ambiental, lo cual se repite en la sierra baja, debido a la ganadería excesiva.
En la zona de Ixtapa y Zihuatanejo se menciona la contaminación en las playas, de las cuales responsabiliza a la población local y a los visitantes “por falta de conciencia ambiental”.
En el punto cuatro, referente a las líneas estratégicas de acción, la consultora propone impulsar y consolidar acciones de reforestación e identificar las zonas de potencial atractivo ecoturístico, programas de pagos por servicios ambientales y el desarrollo de turismo alternativo
Asimismo, la rehabilitación de las plantas de tratamiento de aguas residuales, el impulsar proyecto de saneamiento de los cauces que llegan a la bahía y el desarrollo de campañas de educación ambiental de turistas y la población local.
En el tema de las Unidades de Gestión Ambiental (UGA) se enumeraron 46, de las cuales cuatro pertenecen a la zona de la sierra alta, donde se propone desarrollar proyectos agroforestales para el aprovechamiento de la madera para su comercialización, la construcción de una presa de almacenamiento para el aprovechamiento hidráulico y la construcción de plantas de tratamiento residuales, entre otros proyectos.
Para la sierra baja también se propone la edificación de una presa de almacenamiento y un proyecto de mejoramiento de carretera federal 134 que conecta con Altamirano en la Tierra Caliente.
http://www.lajornadaguerrero.com.mx/2009/12/30/index.php?section=regiones&article=007n3reg
Azueta elabora POET “a modo”; deja en indefensión zonas protegidas
Azueta elabora POET “a modo”; deja en indefensión zonas protegidas
Las áreas quedan expuestas a “proyectos, negocios o empresas que afectarían el territorio”, alertan
CITLAL GILES SÁNCHEZ ( )
El Plan de Ordenamiento Ecológico Territorial (POET) que hace la empresa Juan Felipe Ordoñez y Asociados para el municipio de José de Azueta y por el que pagaron 750 mil pesos, no toma en cuenta para la protección áreas naturales, como zonas de humedales y manglares así como la laguna de Las Salinas.
Inesperadamente, el ayuntamiento cambió de empresa, pues antes la compañía Adferis era quien llevaba el proyecto que se basó en una investigación a fondo, donde se preveían todo tipo de protección de zonas ecológicas.
De acuerdo con el proyecto de Juan Felipe Ordoñez y Asociados, que consiste en 47 diapositivas, para 2030 se prevén reducciones importantes en bosques y selvas, donde de 17 mil 562 hectáreas que había de bosques en 2004, se reducirán a 8 mil 781 para 2020 y a 4 mil 390 en 2030.
Mientras que en selvas habrá una disminución de 52 mil 688 hectáreas que había hace tres años, se reducirán a 35 mil 125 hectáreas para 2020 y en 2030 se perderán casi 7 mil hectáreas, quedando sólo 28 mil 100.
Según la presidenta de la Red Internacional de Manglar, Hercilia Castro, dicho POET es sólo una generalización de la situación actual del municipio de Zihuatanejo, pero no menciona las áreas que deben ser protegidas, como la zona de manglares, humedales, lagunas entre otras.
Contrario al proyecto de Adferis, que en dos tomos de más de 200 páginas cada uno, explica el problema del municipio además ofrece alternativas para que no se invadan zonas protegidas o ecológicamente en peligro.
Hercilia Castro consideró que el POET que elabora la empresa Juan Felipe Ordoñez y Asociados es “muy ambiguo”, pues deja en indefensión zonas álgidas, “deja la puerta abierta para que se puedan hacer otros proyectos, negocios o empresas que afectarían al territorio ecológico”.
Entre las observaciones que organizaciones ambientales hicieron del POET de Juan Felipe Ordoñez, es que se plantea la disgregación de las zonas rurales; refiere que la contaminación que tiene la bahía de Zihuatanejo así como la laguna de las Salinas es causada por la mala cultura ambiental de turistas y ciudadanos, “cuando se sabe que es por la ineficiencia de las autoridades mucho más que por la falta de conciencia de turistas”.
En la parte de la sierra alta, el proyecto de Ordoñez en la Unidad de Gestión Ambiental y Manejo (UGAM) es ambiguo y deja abierto para que se hagan deforestaciones y tala de maderas y se dañen las cuencas que ahí hay.
Además no especifica la construcción de obras de infraestructura hidráulica, “no es POET inductivo y las líneas estratégicas no señalan las acciones a seguir; no muestra Áreas Naturales Protegidas (ANP) ni Zonas de Protección Ecológica (ZPE), la Unidad de Gestión Ambiental lo marca como turismo habitacional y parque ecológico dando pauta a que se venda y legitime la acción que ya está, porque la mayor parte de la zona está vendida”.
Criticó que no se protege a la laguna de Las Salinas, como un área de conservación por ser único vaso receptor de aguas pluviales ni se muestra las hectáreas de reserva ecológica de la zona de Puerto Mío, que ya fueron devastadas y que están registradas en el plan director de desarrollo urbano.
Lamentó que el ayuntamiento imponga este proyecto “a modo”, con la finalidad de que se siga con la devastación de áreas naturales y ecológicas, dando prioridad al sector empresarial y turístico y menos al entorno ecológico.
http://www.lajornadaguerrero.com.mx/2009/12/30/index.php?section=regiones&article=007n1reg
Mi detención, un antecedente muy negativo para la libertad de expresión: Juan Angulo
Jesús Saavedra / Chilpancingo
El director del periódico El Sur, Juan Angulo Osorio, dijo que su detención por agentes de la Policía Ministerial es un mensaje extremadamente “negativo” para la libertad de expresión en Guerrero, y consideró que se trata de una “fijación personal” del gobernador Zeferino Torreblanca Galindo para obligarlo a declarar en torno al asesinato de Armando Chavarría Barrera haciendo un uso faccioso de las instituciones públicas.
Angulo Osorio ofreció unas declaraciones ayer al concluir la diligencia a la que fue llevado por la fuerza por seis agentes de la Policía Ministerial a las instalaciones de la Procuraduría de Justicia, en las oficinas de la Fiscalía Especial para Delitos Graves, donde estuvo presente el procurador de facto, Albertico Guinto Sierra.
El director de El Sur reveló que no había contestado ninguna de las preguntas que le habían formulado y que puntualizó que la relación que sostuvo con el diputado local del PRD, Armando Chavarría, “fue la de un periodista con una fuente de información, estuve aquí contra mi voluntad y violaron mis derechos constitucionales, el haberme traído por la fuerza a declarar es una coacción, no tenía porqué haber ocurrido esto”.
Informó que el abogado del periódico Juan Martín Altamirano Pineda promovió una solicitud de amparo ante un juzgado de distrito, y ante una petición de información del juez el subprocurador Albertico Guinto, el fiscal para Delitos Graves, Fernando Monreal, el fiscal regional, Jesús Miranda, y el director de la Policía Investigadora Ministerial (PIM), Valentín Díaz, “contestaron que no había ninguna orden de presentación, como una maniobra legaloide para que el juez negara la suspensión provisional”, denunció.
“Ya que el juez decidió no conceder la suspensión, por no tener materia, las autoridades ministeriales emitieron una orden de presentación con fecha 18 de diciembre, y que está firmada por el fiscal regional, Jesús Miranda; fue una maniobra legaloide que confirma que el interés era traerme a declarar a como diera lugar, incluso engañando al propio juez”, sostuvo.
Juan Angulo afirmó que su detención y presentación ante la fiscalía es “un precedente muy negativo, muy negativo para la libertad de expresión en Guerrero, el hecho que se me haya presentado a declarar por la fuerza ante la fiscalía y ante el propio Albertico Guinto” por la publicación de un artículo periodístico.
Adelantó que con sus abogados va “a seguir el asunto con el juez, no tenemos mucha confianza en la justicia inmediata, si falla en contra ésta, seguiríamos en algún tribunal colegiado, y si es necesario, iremos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que analiza los asuntos de constitucionalidad, que creo es el caso”.
Precisó que en su declaración dijo que la Procuraduría General de Justicia en Guerrero “no está obligada a acatar órdenes que violen la Constitución, aunque estas órdenes vengan del gobernador, quien ha sido el principal interesado en obligarme a declarar sobre el caso”.
Señaló que en la diligencia el propio procurador encargado, Albertico Guinto, le cuestionó “por qué decía que el gobernador era el principal interesado en el asunto, y le respondí que así lo ha hecho evidente en diversas declaraciones de prensa que han salido en nuestro periódico, que por razones obvias ha sido el principal interesado en este asunto”.
Recordó que hace unos días un reportero de El Sur le preguntó al gobernador si iban a ser citados a declarar todos los periodistas que han escrito sobre el asesinato de Armando Chavarría, “y el gobernador no respondió sí por esto o no por lo otro; sino que respondió que ‘el director de su periódico tiene que presentarse a declarar’, lo que indica que hay una fijación personal del gobernador sobre el tema”.
Luego hizo notar que Guinto Sierra está muy al tanto de su caso me preguntó si en el interrogatorio se me hizo una pregunta relacionada con mi labor periodística, y le dije que no, pero que tampoco me habían explicado porqué estaba aquí. Tampoco me han explicado porqué fui citado, la única explicación que tengo es que en el expediente hay un artículo que publiqué, y me dijo Guinto ‘cuándo’, y fue el 3 de septiembre”, relató el periodista.
Juan Angulo manifestó que dijo a Guinto que tenía una fotocopia, “y me preguntó cuándo y cómo la había conseguido, y le respondí que por la labor de nuestros reporteros, que no están obligados a dar a conocer sus fuentes”.
El mismo Albertico Guinto cuestionó a Juan Angulo quién le había entregado esa fotocopia, “y le dije que respondía lo mismo que acababa de responder, que no se lo podía decir porque los periodistas no estamos obligados a revelar nuestras fuentes”.
“Es decir que aparte del interrogatorio de más de 40 preguntas, la fase más larga de preguntas vino después de que hice referencia directa del gobernador como responsable de este hostigamiento, después que hice la declaración contra el gobernador se tornó más ríspido y más agresivo el interrogatorio, lo que confirma quién está detrás de este hostigamiento, de esta intimidación”, agregó.
Abundó que no está “en una actitud de no querer colaborar con la investigación, ni de una resistencia a la autoridad, sino de la defensa de un principio constitucional en el que se basa toda la labor periodística”.
Dijo que su detención es “una manera de la Procuraduría de cumplir los caprichos del gobernador, de utilizar a las instituciones públicas que deben estar al servicio de la sociedad, y utilizarlas al servicio de una persona, en este caso del gobernador”.
Finalmente dijo desconocer “de dónde saca Guinto Sierra que mi declaración serviría para esclarecer el asesinato de Armando Chavarría, pues la única relación que tuve en estos 16 años del periódico con Armando Chavarría fue de periodista con una fuente de información”.
A las oficinas de la Procuraduría de Justicia acudieron en solidaridad dirigentes de organizaciones sociales, como de la CETEG, Jorge García; del movimiento de Andrés Manuel López Obrador, Iván Hernández Díaz; el doctor Pablo Sandoval Cruz; Teresa de la Cruz del Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan; el vicecoordinador de los diputados locales del PRD, Sebastián de la Rosa Peláez; el dirigente de los empresarios de la capital y ex diputado federal del PRD, Pioquinto Damián Huato, así como el director del Taller de Desarrollo Comunitario (Tadeco), Javier Monroy.
Estuvieron también los dirigentes perredistas Guillermo Sánchez Nava, José Francisco García González, Urbano Lucas Santamaría, Perfecto Rosas Martínez, José Pérez Victoriano y Aurora Muñoz.
Estaban además presentes reporteros de esta capital y dirigentes de la delegación XVII del Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa, Salomón Cruz, Pedro Arzeta, Juan Cervantes. Y reporteros como Margena de la O, Lenin Ocampo, Guillermo Casani, José Luis González Cuevas y varios colegas más que estuvieron para cubrir la nota y que también se solidarizaron con Angulo.
http://www.suracapulco.com.mx/nota1e.php?id_nota=72421
FELIZ 2010
____________________* Paz *
___________________* Unión *
__________________* Alegrías *
_________________* Esperanza *
________________* Bendiciones **
_______________** Amor _ sucesos *
______________* Respeto .. Armonía **
_____________* Salud__solidaridad ***
____________* Felicidad___Humildad ***
___________* Confraternización_.Pureza **
__________** Amistad__Sabiduría _ perdón *
_________* Igualdad_Libertad_BuenaSuerte *
________** Sinceridad _ estima__Fraternidad **
_______* Equilibrio__Dignidad__Benevolencia *
______* Fé_Bondad_Paciência_Ventura _Fuerza *
____* Tenacidad-Prosperidad - _Reconocimiento
Llevan por la fuerza al director de El Sur a la Procuraduría
Redacción
El director de El Sur, Juan Angulo Osorio, fue llevado por seis policías ministeriales a la Procuraduría General de Justicia del Estado, y detenido ahí cerca de cuatro horas, para que declarara sobre el asesinato del coordinador del Congreso del Estado, el diputado perredista Armando Chavarría Barrera.
Los fiscales que le hicieron unas 50 preguntas, el regional de la zona Centro, Jesús Miranda y el especial de delitos graves, Fernando Monreal Leyva, no le informaron el porqué del citatorio a un periodista en la investigación de un crimen del que no es testigo, pero sí reconocieron que en el expediente está incluido un artículo escrito por Angulo Osorio, publicado en El Sur el 3 de septiembre, titulado “Las líneas de investigación. La contrainsugencia”.
Al final, el procurador en funciones, Albertico Guinto Sierra, intervino en el cuestionario y preguntó sobre señalamientos de Angulo Osorio acerca de la fijación del gobernador, Zeferino Torreblanca Galindo, para obligarlo a presentarse a declarar a la Procuraduría. Y de nada qué ver con la materia del expediente del crimen de Chavarría.
El funcionario fue particularmente incisivo y hostil cuando el periodista hizo referencia al artículo que escribió como el evidente motivo del citatorio, lo que –dijo– es una violación a la libertad de expresión. Guinto preguntó cómo sabe que ese artículo está en el expediente, cómo obtuvo la copia del mismo, el nombre de la persona que se lo dio. Las preguntas del procurador de facto hicieron ver el interés particular de éste en el artículo priodístico mencionado.
La medida de fuerza contra el director de El Sur se ejecutó a las 6 y media de la tarde aproximadamente, en la entrada al edificio donde se ubica la redacción del periódico en Chilpancingo, en el centro de la ciudad, junto a la librería Macondo de la calle Teófilo Olea y Leyva.
Ahí Angulo Osorio fue rodeado por los seis policías, que le mostraron una orden de presentación para llevarlo a hacer una declaración ministerial sobre el homicidio de Chavarría Barrera. Lo inmovilizaron, y por la fuerza lo subieron a una camioneta cerrada, como las que usan para el traslado de presuntos delincuentes que son detenidos, y lo sentaron en un mismo asiento con otro agente ministerial. Alcanzó a llamar por teléfono desde su celular y pudo avisar a El Sur, pero cuando ya estaba a bordo de la camioneta y se lo estaban llevando camino a la Procuraduría algo bloqueó la señal y no pudo hacer ni recibir ninguna llamada más.
Ya en la oficina de la fiscalía, donde estuvo acompañado por la defensora de derechos humanos Aurora Muñoz y la reportera María Isabel Gutiérrez, Angulo Osorio ratificó el contenido de dos escritos que en respuesta a dos citatorios había enviado a la Procuraduría, en los que señaló: “fui citado a declarar como periodista, por lo que escribí y por lo que se publica en el priódico El Sur, y con esto se están violando mis derechos constitucionales. Los periodistas escribimos y publicamos sobre los asuntos de interés público, pero no somos testigos de los hechos para que nos citen a comparecer en una investigación, los citatorios que me hicieron y mi traslado aquí a la fuerza violan mis derechos constitucionales, porque nadie puede ser molestado por lo que escribe”.
Dijo que en 16 años que tiene El Sur, la única relación que tuvo con Armando Chavarría Barrera fue la de un periodista con una fuente de información. “Lo que estoy diciendo es que si estoy aquí es en mi condición de periodista, y amparado en los artículos sexto y séptimo de la Constitución no puedo ser molestado por ninguna autoridad en razón de mis escritos o de lo que se publica en el periódico del que soy director general”.
A la tercera pregunta, si conoce a la familia del diputado Armando Chavarría Barrera, el “presentado”, como se le identificó durante toda la diligencia, dijo: “No puedo seguir contestando porque se están violando mis derechos constitucionales. No es una actitud de falta de colaboración con la investigación, ni de resistencia a la autoridad, sino de defensa de un principio, la libertad de expresión, en que se basa el oficio periodístico”.
Siguieron cerca de 50 preguntas, que según los mismos fiscales son las que ellos han hecho a 80 testigos que han declarado, algunas sobre la familia de Chavarría, la esposa y otras mujeres, es decir, lo que han llamado el entorno personal de la víctima. En otro bloque preguntaron sobre el entorno político: si sabe si Chavarría tuvo diferencias o desencuentos con el gobernador Zeferino Torreblanca Galindo, con el contralor del estado, con algún diputado de la 59 legislatura, con algún diputado federal o senador, si cree que el asesinato de Chavarría tuvo motivos políticos y hasta si cree que tenía posibilidades de ganar la gubernatura.
Otro bloque de preguntas es acerca de la guerrilla. Le preguntaron si conoció personalmente a los dirigentes mixtecos asesinados en Ayutla en febrero de este año, Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas y si conoció a Omar Guerrero Solís, el comandante Ramiro del Ejército Revolucionario del Pueblo Insuergente (ERPI). La respuesta de Angulo Osorio siempre fue la misma, y el mismo texto se copió abajo de cada pregunta.
Como se hace en cualquier interrogatorio, al final los fiscales dieron oportunidad “al presentado” de manifestar lo que quisiera, y Angulo dijo que “considero que la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero no está obligada a cumplir órdenes que violan la Constitución General de la República, aunque estas órdenes vengan del gobernador del estado, quien ha sido el principal interesado en que se me obligue a rendir declaración ministerial, en un caso del cual yo sólo tengo conocimiento por mi labor periodística”.
Guinto aprovechó entonces para cuestionar al director de El Sur por esos señalamientos contra el gobernador Torreblanca Galindo. Le preguntó por qué considera que el gobernador del estado dio la orden de que fuera presentado. Respondió que Torreblanca Galindo dijo en actos públicos que todos debían declarar en la Procuraduría en torno al caso y que no sólo publicaran en los medios de comunicación, “en referencia directa al periódico del que soy director, que ha seguido puntualmnte todas las manifestaciones de protesta posteriores al asesinato del diputado Armando Chavarría”.
Guinto preguntó también, que diga el presentado por qué manifiesta que el gobernador es el principal interesado en que se le obligue a declarar. Y el periodista respondió que el mismo gobernador lo ha dicho, y agregó: “Creo que el gobenador se vio obligado por la opinión pública a rendir una declaración sobre el caso, misma que hizo por escrito y más de dos meses después de los acontecimintos cuando ya habían declarado antes diputados, senadores y dirigentes políticos. El gobernador dijo que ya había puesto el ejemplo yendo a declarar, aunque no fue el primer actor político en hacerlo, y comenzó a hacer declaraciones periodísticas diciendo que si ya había declarado el gobernador porqué no iba a declarar un periodista, confirmando de paso que se me estaba citando por mi labor periodística.
“Y reitero que Torreblanca Galindo es el principal interesado porque a pregunta de un reportero de El Sur de que si todos los periodistas que han escrito sobre el asesinato de Armando Chavarría serían llamados a declarar, respondió: ‘el director de su periódico tiene que presentarse a declarar’, lo que indica una fijación personal en este asunto”.
Más adelante Guinto volvió al tema, cuando preguntó al periodista si tiene pruebas del interés del gobrnador en que dclarara, y Angulo respondió: “Las pruebas son lo que se ha publicado, sobre todo en El Sur, que ha seguido el caso de los citatorios que se me han hecho”.
Guinto cuestionó si en el interrogatorio se le preguntó algo relacionado con su labor periodística. Juan Angulo dijo que no, “pero ni en los citatorios ni en la diligencia me han explicado los motivos por los que fui presentado a declarar en contra de mi voluntad y en violación de mis derechos constitucionales”.
Insistió el funcionario con la pregunta de si en el interrogatorio se le inquirió en relación con su artículo publicado sobre el homicidio de Armando Chavarría. Y la respuesta fue: “Contesto lo que he contestado, yo no tengo porqué estar aquí, la única relación que tuve con la víctima fue de periodista con una fuente de información. Además, en el expediente del caso se incluye una copia del artículo que yo escribí en El Sur...”.
–Qué diga cuándo –interrumpió Guinto.
–El 3 de septiembre –dijo el periodista
Entonces Guinto, ya lejos de la búsqueda de algún dato para esclarecer el asesinato de Chavarría, le preguntó si ha tenido a la vista el expediente. Angulo Osorio dijo que tiene una fotocopia de su artículo sacada del expediente, con las características de los documentos incluidos en éste.
Y el procurador de facto siguió con preguntas acerca de cómo obtuvo esa copia, quién le proporcionó ese documento, que diga el nombre de la persona que se lo dio. Angulo dijo que son fuentes periodísticas que no está obligado a revelar.
La preguntó, casi al final, si recibió un mal trato de los policías que lo llevaron a declarar o en la diligencia, y dijo que esta diligencia es en sí un mal trato, porque se origina en una violación de los derechos constitucionales.
Maniobra legaloide para detener a un periodista
La detención del director de El Sur de este martes fue la culminación de días de persecución y acoso de agentes de la Procuraduría, y del uso de declaraciones falsas ante un juez federal y de maniobras de apariencia legal.
Juan Angulo demandó amparo de la justicia federal contra la orden de presentación el 14 de diciembre, cuando supo que el martes 8 se había girado la orden y que se había intentado ejecutar el miércoles 9 y el viernes 11, cuando policías ministeriales estuvieron al acecho frente a la redacción de El Sur. Pero ante el juez primero de distrito, el procurador, el fiscal y el director de la Policía Investigadora Ministerial negaron que existiera esa orden. Después a la orden girada le pusieron la fecha 18 de diciembre, para eludir sus responsabilidades ante el juez que lleva la demanda de amparo.
Eso no importó a los fiscales, y antes del interrogatorio, cuando el director de El Sur les hizo ver que estaban violando además un procedimiento ante el juzgado, Miranda sólo dijo que eso sólo podría determinarlo el juez. Mientras, el director de El Sur ya había sido llevado a la fuerza a la Procuraduría.
Antes, el procurador de facto y el gobernador rechazaron las medidas cautelares que promovió la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos de Guerrero para queJuan Angulo no fuera llevado por la fuerza a la Procuraduría y para que se respetara la libertad de expresión. Dichos funcionarios tampoco admitieron las mismas medidas cautelares que pidió después la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
http://www.suracapulco.com.mx/nota1e.php?id_nota=72420
Detienen agentes de la PIM al titular de El Sur
Detienen agentes de la PIM al titular de El Sur
MARLÉN CASTRO ( )
Chilpancingo, 29 de diciembre. Agentes de la Policía Investigadora Ministerial detuvieron esta tarde al director del periódico El Sur, Juan Angulo Osorio, y se lo llevaron en calidad de presentado a las instalaciones de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) para declarar sobre el crimen del diputado perredista Armando Chavarría Barrera. Tras rendir su declaración, que duró unas tres horas, Angulo fue liberado.
El periodista fue interceptado cuando iba llegando a las oficinas del rotativo ubicadas en la calle Teófilo Olea y Leyva, cerca del centro de esta capital.
Al salir, Angulo señaló que sólo contestó una de las 49 preguntas que le formuló el fiscal especial para delitos graves, Jesús Miranda Rodríguez, y ésta era si conocía a Armando Chavarría y cuál era su relación con él, pero el cuestionario tuvo una segunda fase en la que quien leyó el interrogatorio, fue directamente el encargado de la procuraduría, Albertico Guinto y en esta parte las preguntas fueron en torno a la acusación del comunicador de que el gobernador Zeferino Torreblanca fue el principal interesado en obligarlo a declarar.
Tras la detención, periodistas de diferentes medios de comunicación, integrantes de la sociedad civil, defensores de derechos humanos y dirigentes partidistas, se concentraron en la procuraduría en solidaridad con Angulo.
http://www.lajornadaguerrero.com.mx/2009/12/30/index.php?section=politica&article=003n3pol
Organizaciones se solidarizan por las amenazas de muerte contra el Tadeco
Organizaciones se solidarizan por las amenazas de muerte contra el Tadeco
Urge que se brinden medidas cautelares contra los integrantes, demandan en documento
M. CASTRO, C. GILES, M. DE LA O Y F. MEZA (Reporteras y corresponsal)
Los integrantes del Taller de Desarrollo Comunitario (Tadeco) que han sido amenazados de que estarán en la lista de desaparecidos, por el movimiento que emprendieron desde hace aproximadamente tres años exigiendo la presentación con vida de personas desaparecidas, solicitaron a la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) el otorgamiento inmediato de medidas cautelares para la protección de su integridad física.
Asimismo, solicitaron a las organizaciones sociales de la entidad respaldarlos y a la ciudadanía en general a que esté pendiente del desarrollo de los acontecimientos, a raíz de las amenazas de muerte recibidas en sus teléfonos celulares.
Las amenazas contra los integrantes del Tadeco, organización civil que fundó el Comité de Familiares y Amigos de Desaparecidos, Secuestrados y Asesinados, reiniciaron el pasado 19 de diciembre a raíz del robo de un celular a Miriam Altamirano, responsable del módulo de información, cultura y denuncia que el Tadeco tiene instalado en el zócalo.
El primer mensaje proveniente de un número privado lo recibió Isabel Rosales Juárez y de ahí sucedieron otros seis a tres de los integrantes más visibles del Tadeco.
En estos les advierten que ellos también van a estar en la lista de desaparecidos, que sus fotos estarán en el mural emblemático del Comité de Familiares, en el que están los rostros de las víctimas acumuladas desde hace cerca de tres años.
Javier Monroy Hernández, coordinador del Tadeco, señaló que tras estas amenazas saben que sus vidas corren peligro y por esa razón, aparte de interponer su denuncia penal por amenazas, solicitaron a la PGJE el otorgamiento inmediato de medidas cautelares para los miembros y colaboradores de la organización.
Quienes principalmente han sido amenazadas son la socióloga Isabel Rosales Juárez y la encargada del módulo de información, instalado en el zócalo de Chilpancingo.
A Monroy Hernández le han mandado mensajes diciéndole que le van a dar en la persona que más le duele, en la del centro; es decir, a quien cuida el módulo.
Los integrantes del Tadeco tienen la certeza de que son vigilados permanentemente, por lo que también solicitaron al ayuntamiento capitalino que los agentes de Gobernación que luego los están cuidando para ver qué hacen, que ahora los vigilen para proteger su integridad.
Llamado urgente
Por su parte, las organizaciones sociales lanzaron una acción urgente por las diversas amenazas que están recibiendo los integrantes del Tadeco, pues recalcaron que es una muestra más de que en Guerrero se siguen violentando las garantías a los defensores de derechos humanos.
Organizaciones como la Red de Organizaciones y Grupos Ambientalistas de Zihuatanejo (ROGAZ), la Red de Manglar Internacional (RMI), el Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Parota (Cecop), el Frente Opositor al Muelle de Icacos (FOMI), la organización de vecinas en defensa del cerro del Huamilule; la CETEG y el Movimiento Popular Vicente Guerrero, de Tixtla, reprocharon las diversas agresiones contra el Tadeco, que forma parte de la Coordinadora de Organizaciones y Movimientos Sociales de Guerrero (COMSG).
“El clima de violencia ya de por sí es hostil, se ejerce diario en la entidad, sumado a la flagrante violación a los derechos humanos y a quienes diario estamos en la protesta ciudadana hace que el día de hoy protestemos enérgicamente contra las amenazas sufridas de los compañeros del Tadeco”, indicó Hercilia Castro, de la RMI.
Criticaron que ante la defensa y promoción de los derechos humanos, económicos, sociales, culturales y ambientales, las respuestas sean agresiones e intimidaciones diarias, “que sólo remarcan la ineptitud del gobierno estatal”, y que a pesar de que organismos internacionales han constatado la vulnerabilidad de los derechos en la entidad, las autoridades estatales hacen alarde de que sí se respetan.
“Las amenazas que sufren los compañeros Javier Monroy e Isabel Rosales quienes han sido los que más se han ocupado de darle seguimiento a la situación del ecologista Javier Torres y la incursión Ejército en las comunidades Puerto las Ollas y Las Palancas en la región de Tierra Caliente, la defensoría a los pobladores del (cerro) Huamilule, en Petatlán, son una muestra de que sí se violan los derechos humanos y que no hay garantías para los que se encargan de defender y promover estos derechos”, destacó.
Por tal motivo exigieron que cesen todo tipo de hostigamiento contra los integrantes del Tadeco; que se investigue quiénes son los causante de dichas amenazas además de que responsabilizaron al gobernador Zeferino Torreblanca Galindo de cualquier daño a la integridad física.
Los integrantes del COMSG protestaron de manera enérgica por las amenazas sufridas por sus compañeros de la capital del estado, pues “no es posible que en la defensa y promotoría por la defensa de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales se cierna una agresión e intimidación diaria contra quienes sólo remarcan la ineptitud del gobierno estatal.
“Exigimos se investigue quiénes son los causantes de esta situación, que pone en vilo a los compañeros y a todos los que luchamos por la defensa de los derechos humanos; Guerrero está resaltando no por sus logros y avances en derechos humanos, sino por la burla a ellos en manos de quienes nos gobiernan”, finalizaron.
Los firmantes están firmes en continuar con la lucha por los derechos, la cual enfrentarán de manera unida, y aseveraron que situaciones como la que actualmente sufre el Tadeco no los amedrentará.
Protección especial
Mientras tanto, el alcalde Héctor Astudillo Flores aseguró que brindará la protección que piden los integrantes del Tadeco.
A propósito de las medidas preventivas que le pidió el coordinador del Tadeco, Javier Monroy, el presidente municipal respondió que siempre que han solicitado su ayuda en casos como éste, ha respondido, porque una de sus funciones, precisamente, es brindar seguridad a la ciudadanía.
Aseguró que si la organización social está pidiendo ayuda especial del gobierno municipal, no tendría ningún inconveniente en dársela, “y si puedo hacer algo más, con mucho gusto lo haremos”.
En la entrevista de hoy, uno de los cuestionamientos fue si el ayuntamiento estaría en condiciones de asignarles elementos para la seguridad personal de los integrantes de Tadeco, que recibieron una serie de mensajes en sus teléfonos celulares con amenazas de muerte, pero el alcalde no afirmó ni desechó esa posibilidad, sólo aclaró que “nunca se ha hecho, pero yo vería cómo hacerle”.
Astudillo dijo que una posibilidad podría ser el reforzamiento de la seguridad en el zócalo, donde la organización tiene su módulo de información, cultura y denuncia, para mantenerlos resguardados.
El lunes los integrantes de Tadeco interpusieron su denuncia ante el Ministerio Público y la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos (Coddehum).
http://www.lajornadaguerrero.com.mx/2009/12/30/index.php?section=sociedad&article=005n1soc
lunes, 28 de diciembre de 2009
COMUNICADO URGENTE POR AMENAZAS A LOS COMPAÑEROS DEL TADECO, EN CHILPANCINGO,GRO
COMUNICADO URGENTE SOBRE INTIMIDACIONES Y AMENAZAS A MIEMBROS DE NUESTRA ASOCIACION
A LA OPINIÓN PÚBLICA
A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
A LAS ORGANIZACIONES SOCIALES
A NUESTROS HERMANOS ADHERENTES A LA OTRA CAMPAÑA
A LOS ORGANISMOS DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS
A LAS AUTORIDADES GUBERNAMENTALES
Por este medio denunciamos e informamos a ustedes que desde el día 25 hasta el día de hoy domingo 27 de diciembre del 2009, hemos recibido 7 mensajes de teléfono celular con nuevas intimidaciones y amenazas a miembros de nuestra asociación.
El pasado sábado 19 de este mismo mes, le fue sustraído el teléfono celular número
El día viernes
Este domingo
Mientras escribíamos este comunicado, a las 8:35 de la noche, Javier Monroy recibió un mensaje más del celular 7471400640, ¡que es el celular que porta Isabel Rosales!. Nuevamente “Te vamos a dar en la persona que más te podría doler y nos referimos a la dl centro” y a las 9:25 otro mas del celular robado: “Q grande es la ciencia d ahora. Poder mandar mensajs d un tel q noes tuyo y sin usar su chip tal y como te mand l mnsaje anterior”, en una clara alusión al hecho de haber utilizado el número del celular de Isabel Rosales para enviar este mensaje.
Esto no es nuevo, ya antes hemos recibido mensajes intimidatorios relacionados con nuestro trabajo en el Comité de familiares y Amigos de Secuestrados, desaparecidos y Asesinados en Guerrero. Como hicimos del conocimiento público en el mes de junio de este mismo año, nuestro compañero Javier Monroy recibió amenazas de muerte a través de una llamada telefónica, que en principio parecía una extorsión mas de las muchas que padecemos los ciudadanos, pero que resultó ir acompañada de advertencias relacionadas con nuestro trabajo en defensa de los derechos humanos y de una detallada relación de sus actividades durante esos días que denotaba una minuciosa vigilancia. En diversos espacios también hemos denunciado la permanente vigilancia de que es objeto nuestro módulo en la plaza cívica y nuestras oficinas por gente extraña y agentes gubernamentales. Nuestra línea telefónica se encuentra intervenida desde por lo menos hace año y medio, entre otras cuestiones que por el momento nos reservamos para no involucrar a compañeros con quienes trabajamos en algunas comunidades de la entidad.
Es de conocimiento público que desde la desaparición de nuestro compañero Jorge Gabriel Cerón Silva el 14 de marzo del 2007, nuestra asociación se ha involucrado en la defensa de los derechos humanos de una manera más directa y comprometida y aunque no es nuestra única línea de trabajo, pues como promotores sociales continuamos trabajando por los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, nos hemos visto en la necesidad de hacer causa común con compañeros de diversas comunidades de la entidad, especialmente con la familia del campesino ecologista Javier Torres Cruz, los habitantes de las comunidades de El Puerto de las Ollas y las Palancas, en la sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán, con los mineros de Taxco, los comuneros de Tlamazapa también del municipio de Taxco y los presos políticos Máximo Mojica, María de los Angeles Hernández Flores y Santiago Nazario Lezma.
Como Adherentes a La Otra Campaña, estamos comprometidos en la lucha civil y pacífica y tratamos de ser consecuentes con nuestros principios de servir al pueblo, construyendo un Plan Nacional de Lucha, una nueva organización de izquierda anticapitalista y antineoliberal, una nueva forma de hacer política desde abajo y a la izquierda, para alcanzar una vida digna y una patria nueva, con pan, justicia, trabajo y libertad. Y por lo que vemos, esto es precisamente lo que molesta y coloca en la mira de los malos gobiernos, los caciques y ricos capitalistas, que ven en nuestro modesto trabajo, una amenaza para sus intereses y seguros estamos, que están atrás y alientan estas amenazas.
Como miembros del Comité de Familiares y Amigos de Secuestrados, Desaparecidos y Asesinados en Guerrero y como resultado de nuestro trabajo de denuncia, sensibilización y solidaridad, hemos venido exigiendo al Gobernador del Estado, Zeferino Torreblanca Galindo, una audiencia pública con carácter resolutivo para que en su calidad de Jefe del Poder Ejecutivo, asuma su responsabilidad y resuelva los asuntos que le hemos venido planteando, que fueron acordados por las organizaciones y ciudadanos participantes en los tres Foros “Por la vida, la libertad, la justicia y los derechos ciudadanos”, realizados durante este año que termina. Ahora agregamos a esta demanda, nuestra exigencia de que sea garantizada nuestra seguridad y nuestros derechos humanos, como personas y como asociación, a nosotros mismos, a nuestras familias y a nuestros amigos y colaboradores. La solicitud referida fue entregada con fecha 10 de diciembre, estamos en el plazo legal del cumplimiento de los 15 días hábiles para recibir respuesta. Nuestras demandas y nuestras vidas no esperan.
En la Otra Campaña hemos dicho que si nos tocan a uno, nos tocan a todos. Así lo hemos asumido en el caso de nuestro compañero Jorge Gabriel Cerón Silva de quien exigimos su presentación con vida y lo haremos con toda nuestra digna rabia si como resultado de las recientes amenazas algo le pasa a algunos de nuestras compañeras y compañeros. No sabemos quienes nos estan atacando, pero por lo visto son profesionales, tienen acceso a la tecnología y pueden hacer efectivas sus amenazas. Pero aun así, nos defenderemos dignamente con todo lo que legal y humanamente esté a nuestro alcance. Nos sentimos seguros porque tenemos razón en lo que hacemos, porque luchamos por la vida y por los derechos humanos, porque sabemos que a pesar de todo, el futuro será nuestro y de nuestros hijos y porque seguramente no quedaremos solos ante esta agresión. Por ahora nos hemos puesto en alerta roja y estamos tomando las medidas de seguridad y protección necesarias, por lo que pedimos la comprensión y el apoyo de las comunidades, organizaciones y compañeros con los que tenemos compromisos de trabajo.
A quienes nos amenazan les decimos que si nos quieren extorsionar, no tenemos dinero; que si nos quieren amedrentar y obligar a renunciar a nuestra lucha, no claudicaremos y si nos quieren desaparecer o asesinar para acallar nuestra voz y desalentar a quienes apoyamos en sus justas luchas, regresaremos y seremos millones.
Exigimos a las autoridades gubernamentales el cese inmediato de estas amenazas y las hacemos responsables de nuestra integridad física y moral, solicitamos el otorgamiento inmediato de medidas cautelares para los miembros y colaboradores de nuestra asociación y que se realice los necesario para presentar y castigar a los responsables de esta agresión. Reiteramos al gobernador nuestra urgente petición de la audiencia solicitada y que se resuelvan los casos que están detrás de estas amenazas a nuestra asociación.
Llamamos a las organizaciones sociales y organismos civiles a respaldar nuestras demandas y solicitamos su apoyo y solidaridad fraterna. A los ciudadanos en general, como en la gesta del 60, que nos apoye y respalde.
¡Por la vida, la libertad, la justicia y los derechos ciudadanos!
¡Por un desarrollo comunitario autogestivo y democrático en Guerrero!
Porque Guerrero tiene historia: ¡Por los caminos del Sur, la Otra campaña Va!
Atentamente:
El equipo del Taller de Desarrollo Comunitario A.C.
Chilpancingo, Guerrero, a 28 de diciembre del 2009
Comunicado Urgente de TADECO AC
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