mercoledì 7 settembre 2011
martedì 6 settembre 2011
El caso de una empresa cementera en Ecuador
El caso de una empresa cementera en Ecuador
Carlos Zorrilla
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El año pasado, la empresa multinacional francesa Lafarge[1], con su planta de procesamiento de cemento en Otavalo, elaboró y vendió aproximadamente 20 millones de sacos de cemento (cerca de un millón de toneladas). Eso le generó millones de dólares ingresos en ventas y, por cierto, cuantiosas utilidades. El costo ambiental para generar dicha riqueza, sin embargo, ha sido -y sigue siendo- inaceptablemente alto, según reportes oficiales y testimonios de los pobladores lugareños. Tema que no interesa en la práctica a dicha empresa. Esto contrasta con las declaraciones del gerente general de Lafarge, Charles Law, quien afirma que la seguridad social y ambiental son prioridades para la empresa.[2] Y por supuesto es evidente la poca o ninguna preocupación gubernamental sobre estos problemas.
Los datos de la auditoría ambiental llevada a cabo a fines del 2010 de las operaciones de la mina de caliza de Lafarge ubicada en la Zona de Intag, provincia de Imbabura hablan por sí solos. Explota más de 900.000 toneladas de caliza anualmente.
La auditoría señaló la existencia de varios pasivos ambientales que afectan a la biodiversidad, al agua y al paisaje. Recordemos que la caliza es la principal materia prima para producir cemento. El trasiego de la piedra caliza (botadura de la caliza por la ladera hacia el río El Quinde), la ubicación de su escombrera de estériles, la cual se ubica demasiado cerca a una quebrada, representan un alto riesgo de deslave.
El pasivo ambiental más nocivo es la destrozada ladera que se ha utilizado durante décadas para lanzar las piedras cuesta abajo con la finalidad de ahorrarse dinero. Esto presenta un alto riesgo para la seguridad personal, según la auditoría, pero se sigue realizando. La acción para corregir la situación sugerida por los autores de la auditoría ambiental le costará cerca de 10 millones de dólares a la empresa, y consiste en construir un túnel vertical, o chimenea, para dejar de utilizar la ladera. La construcción de la chimenea debió iniciarse el primer trimestre del 2011.
El tercer pasivo ambiental detectado fue la presencia de maquinaria abandonada al lado del río Quinde, que ha sido, y sigue siendo, una fuente de contaminación. Igualmente se encontró preocupantes niveles de contaminación de fenol río aguas abajo de las operaciones provenientes de combustibles y/o grasas y aceites. El fenol proviene de hidrocarburos y aceites, y es un tóxico muy peligroso para la salud. Además de la gravísima contaminación, los auditores encontraron que la empresa incumple varias leyes al no contar con una bitácora conteniendo la generación de sustancias peligrosas, ni que ha cumplido con la declaratoria anual de sus residuos tóxicos peligrosos.[3]
Aparte de esta preocupante contaminación, la auditoría encontró contaminación del río derivados de la presencia de bloques de caliza, problema agudizado en épocas de lluvia por la escorrentía de este material hacia los ríos y quebradas. La auditoría dispone que la empresa sustraiga los bloques de caliza del río lo antes posible.
El constante tráfico del acarreo del material de la mina en Selva Alegre hacia la planta de producción en Perugachi por las 90 volquetas que la transporta, contamina el aire que respiran los niños de las escuelas de Quinde-Km 12, y los habitantes de la comunidad. La inhalación permanente de polvo, puede producir silicosis y otras enfermedades de las vías respiratorias, de modo especial en la población juvenil.
Los auditores ambientales recomendaron que la empresa reemplace las puertas y ventanas de la escuelita para evitar el ingreso del polvo a la escuela y los impactos a la salud de los estudiantes y docentes que dicha contaminación conlleva. Igualmente debió pavimentar los tramos en frente de la comunidad y escuela. Según los auditores, se debió completar estas acciones hasta junio del 2011.
Una nota curiosa al respecto: la empresa tomó muestras de contaminación del aire en noviembre, época de lluvias cuando sabía que existiría menos posibilidad de detectar contaminación de polvo. La empresa debió hacerlo en agosto, según la auditoría, cuando el polvo sí es un problema.
La auditoría también encontró inadmisible contaminación sonora en la escuela Quinde-Km 12 por el transporte del material a la planta de cemento, por lo que por ese motivo también sugirió cambiar las ventanas de la escuela para disminuir la contaminación, y construir barreras vivas en frente de éstos sitios expuestos a un ruido casi permanente.
La auditoría ambiental también detectó que la Lafarge utiliza libremente el recurso agua para sus operaciones en Intag sin contar con el permiso de la Secretaría Nacional del Agua. Lo que implica irrespeto a las leyes nacionales, y que no ha pagado al Estado ecuatoriano durante más de tres décadas de operaciones por el recurso.
La empresa dice contar con un ambicioso programa de reforestación. La realidad es un poco diferente: Los auditores encontraron el vivero de la empresa abandonado, que no existía lombrices en la cama de lombrices, y que ni siquiera se podía constatar cuantos árboles se habían sembrados, ya que no existía récord de ello.
Uno de los impactos más severo ha sido la devastación de parte del patrimonio arqueológico del país por las operaciones mineras. El arqueólogo encargado de este estudio, por parte del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, reporta que la destrucción en la mina de Intag ha sido total. Ya no se puede encontrar vestigio arqueológico alguno. En una zona en donde con seguridad debió existir un importante patrimonio arqueológico. En los escombros de la mina de arcilla, ubicada en el sector de Pastaví (cerca de Otavalo), para ratificar lo anterior, el arqueólogo encontró vestigios de lo que se presume fue una cultura pre hispana, pero que debido a la destrucción del sitio, no se puede establecer características culturales del sitio. Recomienda que se respete la ley que protege a la riqueza cultural del país. Citamos de la obra: “Por el caso de la concesión de arcilla de Pastaví, se determinó la presencia de un sitio arqueológico que fue destruido en el proceso de explotación minera…”En resumen, la mina de caliza de Lafarge ha significado: Existencia de pasivos ambientales, deforestación, contaminación de ríos con sustancias peligrosas, afectaciones a la biodiversidad, contaminación del aire, impactos severos paisajísticos, riesgo a la salud personal, destrucción de sitios arqueológicos, riesgos de deslaves, utilización del recurso agua durante décadas sin autorización, etc.
La principal organización que ha denunciado la contaminación e impactos ambientales ha sido la Junta de Propietarios de Perugachi, la cual durante años ha denunciado incansablemente a las autoridades todo tipo de irregularidades, impactos a la salud de propietarios que moran cerca de la planta, e impactos ambientales. La organización de propietarios ha protagonizado varias acciones para hacerse escuchar, incluyendo la toma de instalaciones de la empresa.[4]
Es clave señalar que la irresponsabilidad estatal no termina con Lafarge. Similares impactos e irregularidades se han detectado- y oficialmente comprobados- en la mina de mármol denominada CECAL, ubicada en la comunidad de Barcelona, Parroquia Selva Alegre, donde por décadas se ha extraído mármol de una forma ilegal e irresponsable. Los comuneros de Barcelona han sido los más afectados y los que más le han llamado la atención a las autoridades gubernamentales desde hace más de un año. Paradójicamente, las denuncias han tenido el efecto de que el estado proteja a la ilegal operación minera, en vez de proteger a los derechos violados de los seres humanos de la comunidad, y los derechos de la naturaleza.
Lo quizá increíble de este caso en particular- por lo menos para los novatos al mundo de estafas mineras a gran escala- es que la empresa solo ha pagado, en regalías, verdaderas migajas. Por ejemplo, en el 2009, basado en la venta de 1,1 millones de toneladas de cemento[5] y utilidades de un poco más de 37 millones de dólares, la empresa solo pagó el equivalente al 0,6% de regalías al Estado, o sea $ 242,315[6]. En ese lapso, utilizó aproximadamente 1,6 millones de toneladas de piedra caliza[7] minada de la zona de Intag, queriendo decir que la empresa y el gobierno valoran la tonelada de caliza en $ 0,15 de dólar. ¡Qué ganga!
Por último, sorprende que la WWF[8] quiera ayudar a Lafarge para lavar su imagen, creando una falsa imagen de empresa social y ambientalmente responsable. Para eso sirve el convenio suscrito por WWF con Lafarge, una empresa que contamina el agua y aire, y destruye la naturaleza, no respeta leyes ni normas nacionales y peor, internacionales, a la vez que afecta la salud de moradores en Intag y Perugachi.
Hasta el momento, sin embargo, no se ha podido obtener copia de la Auditoría Ambiental de la planta de cemento en las afueras de Otavalo, donde se presume se han detectado iguales o peores impactos. La caliza es el principal material utilizado en la elaboración del cemento.
Otras fuentes consultadas:
- Ing. William Clavijo. AUDITORIA AMBIENTAL. PLAN DE ACCIÓN. WCR Consultoría Ambiental. Septiembre 2010.
- Ing. William Clavijo. Plan de Manejo Ambiental Actualizado. Concesión Minera Selva Alegre, Código 122 Fase Exploración de Calizas. Septiembre 2010.
- Fernando Tamayo. Informe Final. PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA DE LAS CONCESIONES MINERAS PASTAVÍ Y SELVA ALEGRE, PROVINCIA DE IMBABURA. Lafarge Cementos. Instituto Nacional de Patrimonio Cultural. 20/12/2010de ingresos brutos a nivel mundial.
[1] La empresa Lafarge (francesa) adquirió la empresa Selva Alegre en diciembre del 2004. Es la empresa de cementos más grande del mundo. 70% de sus ingresos provienen del exterior. En el 2010 Lafarge generó $21.000.000.000 [2] http://wn.com/LAFARGE_CEMENTOS
[3] Está involucrada en contaminación de mercurio en otra planta de cementos en los EE.UU. http://en.wikipedia.org/wiki/Lafarge
[4]http://www.elnorte.ec/otavalo/cronica-urbana/1052-el-tema-ambiental-es-innegociable.html
[5] http://www.mrnnr.gob.ec/upload/doc_mineria/plan-nacional-de-desarrollo-minero.pdf
[6] En el 2009 la empresa produjo 780 mil toneladas métricas de cemento; en 2009, vendió 1,1 millón de toneladas, y para el 2010, 1,6 millones de toneladas métricas.http://www.americaeconomia.com/negocios-industrias/exito-en-concreto-conozca-el-pujante-presente-que-experimentan-las-cementeras-ec
[7] Para la producción de una tonelada de cemento se requiere aproximadamente 1,5 toneladas de piedra caliza.http://www.tecnologiaslimpias.org/html/central/369201/369201_ECA.htm
[8] Lafarge mantiene un convenio con la WWF en cinco áreas: cambio climático, agua, biodiversidad, contaminantes constantes, y construcción sostenible. La WWF es una de las organizaciones conservacionistas más importante del mundo. http://wn.com/LAFARGE_CEMENTOS
- Para mayor información visite nuestra página web: www.decoin.org y
www.lafargeotavalo.com (página en construcción)
Nota sobre el autor:
Carlos Zorrilla.
Activista. Co-fundador de la DECOIN, de la Asociación de Caficultores de Intag y de la Red Nacional de Bosques Privados. Residente de la zona de Intag desde 1978. Autodidacta en impactos de la minería a gran escala.
Coordinación de la serie Los perversos versos de la minería: Carlos Zorrilla, William Sacher, Alberto Acosta.
Responsabilidad de los textos: cada autor o autora.
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DESDE LAS CUMBRES LUMINOSAS DE RÍO GRANDE ESCRIBEN LAS MONTUBIAS
Asunto: RESOLUCIÓN DE LA JUEZ
DESDE LAS CUMBRES LUMINOSAS DE RÍO GRANDE ESCRIBEN LAS MONTUBIAS
Hoy, tal como lo esperábamos, la juez le quitó a don Alfredo Zambrano, uno de los más bravos campesinos de río Grande, la medida cautelar que impidía que la senagua se meta a su finca a medirla para continuar con la obra perversa de la represa. La juez II de tránsito de Chone María Auxiliador Bravo ha tenido un pasado de corrupción pero queríamos pensar que iba actuar con algo de bonda no con don Alfredo sino con nosotras las mujeres y nuestros hijos que seremos desplazados si esto continua pero no fue así demostró una vez más que solo quiere seguir en su cargo con la corrupción que todo el mundo conoce en Chone.
La Policía nos acordonó frente a la cámara de comercio, lugar de la audiencia pero permitieron que la gente que trajeron de las parroquias y de otros cantones pudiese gritar libremente hasta una tarima con música y cantantes pusieron los de senagua gastando más plata de nosotras, del pueblo. Nos dio pena ver como autorideades de otros cantones vinieron a hacerces borregos del gobierno porque temen decir frente a la gente que no están de acuerdo con el proyecto porque el gobierno no les daría plata para obras, es decir, que le tienen miedo a Correa que se cree dueño de este país porque nosotros no protestamos ya que nos quieren votar de nuestras comunas para cogerse el agua, el suelo y hasta el aire.
Sabemos que la verdadera intención de la represa es tener agua para la refinería del pacífico y no para que Chone se desarrolle. Nos comieron al cuento con eso del desarrollo y conque se van a acabar las inundaciones o que tendremos agua potable. Todo eso es cuento y caímos como bobos hasta el alcalde y los concejales el prefecto no cayó porque es empresario y sabe que detrás de la refinería hay muchos negocios que puede hacer para que se haga más rico a costilla de nosotros los pobres como siempre ha sucedido en este país y porque quiere sepultar el robo de la carretera de río Grande que nunca se hizo.
Pero nosotras no nos damos por vencidas ya que tenemos muchos juicios puestos en las cortes y alguien no ha de dar la justicia porque Dios está con la gente humilde y acabará con los prepotentes de este gobierno que se creen más poderosos que Dios mismo pero que no saben que cuando la hacen la pagan sino con ellos con sus hijos pero que la pagan la pagan. Pronto se irán para morir en la miseria como todos los ladrones pillos como pasa siempre.
Seguimos luchando y estamos dispuestas hasta el sacrificio pòrque no vamos a permitir que estos sinverguenzas ayudados por malos choneros se sigan aprovechando del agua y del suelo llevándonos a la miseria como hacen siempre ya que ellos solo quieren hacerse más ricos y no les interesa más que el dinero.
Nos da pena con los choneros que han entrado en una suerte de estupidismo colectivo porque casi nadie habla casi nadie protesta ni siquiera porque Chone no avanza con obras y cada día vemos como los excrementos se salen a la calle y hay polvo y destroza la ciudad el alcalde que nunca acaba nada o casi nada alcalde de las naranjas que le gusta vivir del polvo o en el polvo.
Que pena pero Río Grande seguirá luchanco a un a costa de nuestra propia sangre porque estamos indignadas ante tanta mentira de este gobierno que desprecia a los pobres.
Hoy, tal como lo esperábamos, la juez le quitó a don Alfredo Zambrano, uno de los más bravos campesinos de río Grande, la medida cautelar que impidía que la senagua se meta a su finca a medirla para continuar con la obra perversa de la represa. La juez II de tránsito de Chone María Auxiliador Bravo ha tenido un pasado de corrupción pero queríamos pensar que iba actuar con algo de bonda no con don Alfredo sino con nosotras las mujeres y nuestros hijos que seremos desplazados si esto continua pero no fue así demostró una vez más que solo quiere seguir en su cargo con la corrupción que todo el mundo conoce en Chone.
La Policía nos acordonó frente a la cámara de comercio, lugar de la audiencia pero permitieron que la gente que trajeron de las parroquias y de otros cantones pudiese gritar libremente hasta una tarima con música y cantantes pusieron los de senagua gastando más plata de nosotras, del pueblo. Nos dio pena ver como autorideades de otros cantones vinieron a hacerces borregos del gobierno porque temen decir frente a la gente que no están de acuerdo con el proyecto porque el gobierno no les daría plata para obras, es decir, que le tienen miedo a Correa que se cree dueño de este país porque nosotros no protestamos ya que nos quieren votar de nuestras comunas para cogerse el agua, el suelo y hasta el aire.
Sabemos que la verdadera intención de la represa es tener agua para la refinería del pacífico y no para que Chone se desarrolle. Nos comieron al cuento con eso del desarrollo y conque se van a acabar las inundaciones o que tendremos agua potable. Todo eso es cuento y caímos como bobos hasta el alcalde y los concejales el prefecto no cayó porque es empresario y sabe que detrás de la refinería hay muchos negocios que puede hacer para que se haga más rico a costilla de nosotros los pobres como siempre ha sucedido en este país y porque quiere sepultar el robo de la carretera de río Grande que nunca se hizo.
Pero nosotras no nos damos por vencidas ya que tenemos muchos juicios puestos en las cortes y alguien no ha de dar la justicia porque Dios está con la gente humilde y acabará con los prepotentes de este gobierno que se creen más poderosos que Dios mismo pero que no saben que cuando la hacen la pagan sino con ellos con sus hijos pero que la pagan la pagan. Pronto se irán para morir en la miseria como todos los ladrones pillos como pasa siempre.
Seguimos luchando y estamos dispuestas hasta el sacrificio pòrque no vamos a permitir que estos sinverguenzas ayudados por malos choneros se sigan aprovechando del agua y del suelo llevándonos a la miseria como hacen siempre ya que ellos solo quieren hacerse más ricos y no les interesa más que el dinero.
Nos da pena con los choneros que han entrado en una suerte de estupidismo colectivo porque casi nadie habla casi nadie protesta ni siquiera porque Chone no avanza con obras y cada día vemos como los excrementos se salen a la calle y hay polvo y destroza la ciudad el alcalde que nunca acaba nada o casi nada alcalde de las naranjas que le gusta vivir del polvo o en el polvo.
Que pena pero Río Grande seguirá luchanco a un a costa de nuestra propia sangre porque estamos indignadas ante tanta mentira de este gobierno que desprecia a los pobres.
Luto en Contralinea
Contralínea
· Luto en Contralínea
· Asesinan periodistas
· Silencio de Calderón
Con todo mi cariño para Fer y Chuchín
Miguel Badillo
Estamos de luto en Contralínea. Marcela Yarce y Rocío González Trápaga, dos mujeres, dos periodistas, una de ellas madre, queridas amigas y compañeras de trabajo, perdieron la vida la madrugada del 1 de septiembre –día del informe presidencial–, a manos de cobardes asesinos. En la redacción de la revista hay dolor, indignación, frustración, ira, impotencia. De un escritorio a otro se respira el miedo, con justa razón. Las desgracias no han cesado, una a otra nos persiguen en los escasos 10 años de vida de nuestra publicación. Todo por neciar en mantener una línea editorial independiente y crítica hacia los hombres y mujeres del poder político y económico en México, quienes se niegan a entender que el periodismo es dé y para la sociedad.
¿Qué sentido tendría llamarnos reporteros si no investigamos ni denunciamos lo que está mal en este país y le ponemos nombre y apellido a los responables? Hemos decidido continuar, no detenernos, no parar a pesar de las desgracias y los malos augurios. La sociedad nos necesita y a ella nos debemos.
Es sólo el trabajo periodístico que hacemos lo que nos ha convertido en indeseables, en blanco fácil para quien controla y maneja a su antojo este país. Apenas el año pasado, el 27 de abril de 2010, dos de nuestros reporteros, Érika Ramírez y David Cilia, que investigaban los asesinatos de indígenas triquis en las apartadas montañas de Oaxaca, fueron agredidos con armas de grueso calibre cuando viajaban con una caravana de paz rumbo al pueblo de San Juan Copala. Hubo muertos y heridos, entre estos últimos nuestro fotógrafo David Cilia.
Desde que inició el gobierno de Felipe Calderón, han sido varias las acciones de hostigamiento emprendidas en contra del equipo de trabajadores que hacemos el semanario de investigación. Una que nos mantiene ocupados hasta ahora, es el cúmulo de demandas por supuestos daño moral y daño al honor de empresarios y compañías que mantienen negocios con Petróleos Mexicanos, tales como Grupo Zeta Gas, Oceanografía y Blue Marine. Empresas que, en complicidad con el gobierno de Calderón, buscan presionar y asfixiar económicamente a la revista para que deje de denunciar los contratos irregulares que se hacen con la paraestatal Petróleos Mexicanos.
Han habido en contra nuestra detenciones arbitrarias ordenadas por jueces corruptos y manipuladas por empresarios impunes, procesos judiciales amañados pagados por personas sin escrúpulos, amenazas de muerte para amedrentar, allanamientos ilegales a nuestras oficinas encabezados por secretarios de juzgados, robos de computadoras y sustracción de expedientes de reporteros. A éstos nos enfrentamos en Contralínea, sin descartar intervenciones telefónicas y seguimientos de personas extrañas a nuestros periodistas que investigan corrupción pública y privada, fraudes financieros, lavado de dinero, seguridad nacional, pobreza y marginación. Estamos acostumbrados a trabajar en este clima de persecución.
También desde que Calderón asumió el gobierno, la revista dejó de recibir publicidad del dinero público que maneja su administración. Fue una orden, nos dijeron de adentro del régimen, por la línea editorial que critica al gobierno. Nada qué hacer en contra de eso. No importa que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) haya documentado puntualmente la discriminación que hace el régimen de Calderón en contra de Contralínea y que por ello emitió una recomendación a favor nuestra. Con cinismo, el gobierno rechazó el dictamen de la CNDH.
La última demanda por daño moral llegó hace apenas unos días a la redacción de Contralínea. Esta vez es contra la reportera Ana Lilia Pérez por su libro Camisas azules, manos negras, en el que hace un recuento de la corrupción que envuelve a los hombres del Partido Acción Nacional que se benefician con dinero público. El acusador es un senador de la República, Juan Bueno Torio, destacado integrante del partido en el poder y quien recibe un salario del dinero público. Además, como legislador, cuenta con fuero para que ninguna autoridad judicial lo pueda tocar o molestar por lo que hace, no importa que muchas cosas se relacionen con negocios en Pemex. Este caso, como muchos otros, ya se atiende en tribunales, en donde jueces, magistrados y ministros tendrán que resolver si siguen protegiendo la impunidad, la corrupción y la desvergüenza de políticos y empresarios o, como es su obligación, se inclinan por defender la libertad de pensar, de expresar, de informar, de criticar, de investigar y de denunciar que tenemos los periodistas y toda la sociedad sobre los hombres y mujeres del poder.
Respecto del asesinato de las dos periodistas Calderón no se ha pronunciado, quizá porque este crimen no representa un triunfo de su administración. No es una victoria deportiva por la cual invita a los ganadores a Los Pinos para tomarse la foto y decir que no todo está mal en México. Es mejor para él alejarse lo más posible de estos crímenes sucios y cobardes en contra de periodistas que empañan más su régimen arbitrario y corrupto. En este gobierno, miles de mexicanos son masacrados por todo el país. Es mejor así, Calderón: de lejos, porque esta casa editorial no es tu casa, como la mía –y la de millones de mexicanos– tampoco es Los Pinos.
Los hechos
Dos cuerpos desnudos de mujeres amordazadas, atadas de pies y manos, con una soga al cuello y dos tiros de bala cada una, fueron levantados la mañana 1 de septiembre por la policía y el Ministerio Público del parque El Mirador, en la delegación Iztapalapa, al Oriente de la ciudad de México. En la delegación policial aparecían en calidad de “desconocidas”.
De la sala de juntas de la redacción de Contralínea, Marcela Yarce se retiró poco antes de las nueve de la noche del miércoles 31 de agosto. Comentó que iba a su casa, en donde la esperaban, como todos los días, sus dos hijos adolescentes, Fernanda y Jesús. Antes de ir a su hogar, Marcela se encontró en algún punto desconocido con su amiga y colega Rocío González Trápaga.
La siguiente noticia que tuvimos de ambas fue 12 horas después: no habían llegado a sus hogares. Desde las ocho de la mañana del jueves se movilizó la redacción de Contralínea en centros de salud, delegaciones policiales, centros de atención a víctimas y desaparecidos. Los que conocemos a Marcela sabemos que por nada del mundo faltaba a su casa, siempre preocupada por sus pequeños hijos.
Así, hasta que llegamos a la Procuraduría capitalina, en donde nos reportaron a las 12 del día haber encontrado dos cuerpos de mujeres sin vida que habían sido botadas en un parque público, con huellas de tortura y apenas cubiertas por unas lonas de plástico.
Acudimos a identificar los cuerpos y nos encontramos con la terrible noticia que se trataba de nuestras colegas Marcela y Rocío. La información empezó a circular por las redacciones de los medios y de inmediato la indignación y el reclamo se hicieron públicos. Los asesinos de las periodistas Marcela Yarce y Rocío González Trápaga ejercieron sobre ellas, las víctimas, violencia extrema.
Las autoridades del Distrito Federal se han comprometido a agotar todas las líneas de investigación y señalan –sin descartar otros móviles– que por las circunstancias del crimen se trata de un feminicidio con posible motivación de robo.
Al momento de escribir estas líneas han pasado 72 horas de este lamentable hecho violento. Desde el primer día el jefe de gobierno, Marcelo Ebrard, llamó consternado por los crímenes para dar el pésame y comprometerse a seguir personalmente el caso y saber quiénes son los responsables. El procurador Miguel Mancera ha mantenido el contacto estos tres días para informar el avance de las indagaciones.
Hasta ahora lo que sabemos es que Rocío González Trápaga habría recogido la noche del miércoles 31 una cantidad de dinero de la casa de cambio de la cual es socia y se ubica en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Por eso una de las líneas de investigación más sólidas hasta el momento es el robo. Pero Mancera ha aclarado una y otra vez que todas las líneas siguen abiertas, incluída la de alguna represalía por la línea editorial de la revista. Aunque se cuenta con más información, por la secrecía del proceso judicial y para no entorpecer las investigaciones, es necesario esperar hasta que se descubra quiénes son los autores materiales e intelectuales del crimen.
Minuto de silencio en la Cámara
Mientras el Ejecutivo guarda un cínico silencio ante este crimen de dos periodistas, en la inauguración del periodo ordinario de sesiones de la Cámara de Diputados el pasado 1 de septiembre, el legislador Gerardo Fernández Noroña convocó al pleno a guardar un minuto de silencio, luego de que informara del asesinato de las comunicadoras. El diputado Agustín Guerrero, secretario de la Comisión Especial para Atender las Agresiones a Periodistas, propuso que se emitiera un pronunciamiento al respecto. El presidente de la Mesa Directiva, el priísta Emilio Chuayfet, dijo que en la próxima sesión la asamblea analizará las propuestas por escrito.
La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal emitió un comunicado en el que “condena enérgicamente este asesinato que atenta directamente contra la libertad de expresión y la convivencia social en el Distrito Federal”, además de enviar personal para proponer medidas cautelares a la revista y sus trabajadores. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos también envió a un representante para salvaguardar los derechos de los periodistas y vigilar el proceso judicial.
A través del boletín exigió a las autoridades competentes una investigación inmediata, exhaustiva, hasta agotar todas las líneas del caso, para dar con los responsables materiales e intelectuales de este artero crimen que enlutece al periodismo mexicano”. Expresó además “sus más sinceras condolencias y su solidaridad a las y los familiares de las periodistas Ana María Marcela Yarce Viveros y Rocío González Trápaga, quienes fueron asesinadas”.
Al respecto, el titular de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera Espinosa, se comprometió con los familiares de las periodistas a esclarecer las circunstancias del crimen y detener lo antes posible a los responsables del doble asesinato. La Fiscalía de Feminicidios de la Procuraduría capitalina atrajo las investigaciones.
Reporteros, periodistas y amigos de todo el país han dado muestras de solidaridad y apoyo. También exigen el esclarecimiento de estos crímenes y que se frene la ola de violencia en contra del gremio.
Hasta ahora he sido fuerte ante cámaras, micrófonos, libretas y plumas de mis compañeros reporteros que hacen su trabajo de indagar, preguntar e informar. Pero en esta soledad de escribir, un nudo en la garganta me impide respirar y mis ojos me traicionan. Es hora de terminar esta columna, cerrar la computadora y seguir viviendo. Algo que Marcela y Rocío ya no podrán hacer. Descansen en paz.
oficiodepapel@yahoo.com.mx
Sitia el Ejército a todo un poblado en Sinaloa
- 4 de septiembre de 2011
- Sitia el Ejército a todo un poblado en Sinaloa
MÉXICO, D.F. (apro).- Elementos del Ejército y de la Policía Estatal Preventiva mantienen sitiada a toda una comunidad en Sinaloa, ya que de acuerdo con el sitio de internet del periódico El Debate, mantienen a la totalidad de sus habitantes concentrados en una escuela primaria.
Según el portal noticioso, las autoridades empezaron a confirmar datos del fuerte operativo que se realiza en San Pablo Mochobampo, comunidad que se ubica en el municipio de Sinaloa.
El general Moisés Melo García, comandante de la Novena Zona Militar, informó que se han asegurado cuatro camionetas como parte del operativo, nueve armas largas, 69 cargadores, mil 700 cartuchos, 69 cargadores y 60 kilogramos de sustancias que se utilizan para fabricar drogas sintéticas.
De acuerdo con datos preliminares que se generaron en la misma comunidad -a la que también se le conoce como San Ignacio- a los pobladores se les concentró en la escuela primaria Emiliano Zapata.
Sin embargo, se desconoce si están siendo sometidos a algún tipo de interrogatorio pues las autoridades mantienen hermetismo en torno a los hechos.
Según El Debate, los militares y policías obligaron a los reporteros a salir del poblado.
Trascendió que hoy por la tarde los soldados sostuvieron un enfrentamiento con presuntos delincuentes en esa comunidad.
En estos momentos, en el entronque de la calle Cero con la carretera México 15, el Ejército y los policías estatales también instalaron un filtro de seguridad y están revisando todos los vehículos que ingresan a dicha vía en busca de personas armadas.
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Ejecutan el sábado a familiar de refugiado en Puerto las Ollas
Ejecutan el sábado a familiar de refugiado en Puerto las Ollas
La tarde del sábado un grupo de personas armadas ejecutó a Enrique Rodríguez Santana, primo hermano de Rubén Santana, refugiado en Puerto las Ollas, en Coyuca de Catalán. Enrique Rodríguez Santana recibió una llamada de unas personas que le dijeron que saliera para hablar con ellos, según informó una de las personas que está refugiada en Puerto las Ollas, pero por temor se negó a dar su nombre. La fuente informó que una vez que Rodríguez salió de su casa, las personas se lo llevaron a unos metros de su domicilio y fue ahí donde lo mataron, dándole varios disparos. Las personas que asesinaron a Enrique Rodríguez, según la fuente, pertenecen a una banda de personas armadas que toda la población de El Pescado ya conoce. Comentó que el asesinato podría ser porque es familia de los Santana que están refugiados en Puerto las Ollas. Desde abril de este año, al menos unas 150 personas, en su mayoría mujeres y niños huyeron de su comunidad de La Laguna hacia Puerto las Ollas debido a la ola de violencia que se vive en la zona, y que ya ha cobrado varios muertos.
Importantes, pero insuficientes, logros sobre la guerra sucia: Afadem
Destaca Mata sentencia de la Coidh contra el Estado por la desaparición de Radilla
Importantes, pero insuficientes, logros sobre la guerra sucia: Afadem
Celebra el secretario ejecutivo de la organización que militares sean juzgados en tribunales civiles
Atoyac, 4 de septiembre. El secretario ejecutivo de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos en México (Afadem), Julio Mata Montiel, dijo que a pesar de los logros que han obtenido los miembros de esa organización, como la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coidh) contra del Estado mexicano por el caso de la desaparición forzada de Rosendo Radilla o la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para que los militares sean juzgados por civiles, “éstos aún no son suficientes”.
Manifestó que son varios y muy importantes los logros obtenidos hasta hoy, entre los que se cuenta que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coidh) el 23 de noviembre de 2009 emitiera una sentencia contra el Estado mexicano en la que lo obliga a encontrar los restos de Radilla Pacheco, así como otorgar la reparación de los daños a los miembros de la familia.
Otro de ellos, abundó, fue la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para que los militares sean juzgados por tribunales civiles cuando algún miembro del Ejército viole los derechos humanos de algún ciudadano.
Asimismo, dijo que otros logros de gran importancia son el informe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y la recomendación 26/2001 que reconoce la desaparición forzada de personas como una política de Estado contra los opositores, así como la creación de la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp) que en su informe reconoce también esta política criminal.
En cuanto a la lucha que han sostenido los miembros de Afadem, agregó, podemos contar como logros que el propio gobierno federal publicara el libro biográfico del desaparecido Rosendo Radilla, así como un video donde se expone la afectación sicosocial que quedó en Atoyac por la política de terror implementada por el Estado.
“En fechas más recientes las excavaciones efectuadas por la Procuraduría General de la República (PGR) en los terrenos del ex cuartel militar, para buscar los restos de Rosendo Radilla, aunque aún sin resultados”, puntualizó.
En entrevista, expuso que “se han revolucionado las leyes por dichas resoluciones, pero eso no ha sido lo principal, porque la prioridad de los familiares de los detenidos desaparecidos es encontrar los restos de quienes fueron detenidos por los miembros del ejército, por eso es que decimos que los resultados obtenidos no son los que hemos querido”.
El luchador social culpó a las autoridades del gobierno federal de no hacer lo necesario para cumplir con la sentencia emitida por la Coidh, “porque siempre, dentro de ese proceso, ellos hacen como que cumplen sin que haya resultados positivos”.
Celebran pescadores y ONG exhorto del Congreso contra la concesión a la Fonatur
El acuerdo muestra la sensibilidad de las autoridades: Rogaz
Celebran pescadores y ONG exhorto del Congreso contra la concesión a la Fonatur
Zihuatanejo, 3 de septiembre. Pescadores opositores y ambientalistas celebraron el exhorto dirigido por el Congreso local al presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa, para revocar la concesión otorgada por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) a la empresa Fonatur Operadora Portuaria SA de CV, y lo consideraron un avance.
La ambientalista de la Red de Organizaciones y Grupos Ambientalistas de Zihuatanejo, Obdulia Balderas Sánchez, celebró el exhorto emitido después de casi ocho meses de manifestaciones y protestas por la concesión otorgada a la empresa Fonatur.
“Hemos realizado marchas, protestas, mitines, y tuvimos que llegar a un plantón para que las autoridades nos voltearan a ver”, dijo.
Balderas Sánchez externó que el acuerdo de la propuesta para la revocación en el Congreso local y que fue aprobada por unanimidad, constituye un logro social loable, ya que se observa que las autoridades cuando tienen sensibilidad y disposición pueden ponerse la camiseta del pueblo.
Expresó que esto es un triunfo de la unión del sector pesquero que es el más afectado con dicha concesión a una empresa que, en realidad, los despojará, de concretarse el proyecto.
También agregó que otro de los factores que ayudó a avanzar para llegar al acuerdo de revocación presentado en el Congreso local, fue el apoyo que el Frente de Masas Populares de Guerrero le dio a los opositores a la operadora portuaria de Fonatur y que el mismo subsecretario de Asuntos Políticos Víctor Aguirre Alcaide señaló en la reunión que tuvo con los pescadores y ambientalistas el pasado lunes.
“El subsecretario también lo mencionó, recordó que fue por el frente de masas que se le expuso el problema, y por ellos pudimos entrevistarnos con el gobernador”, aseveró.
Sin embargo, mencionó que aún falta un tramo que recorrer para que se de totalmente la revocación de la concesión otorgada a Fonatur.
lunedì 5 settembre 2011
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